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Derechos humanos de las mujeres y las niñas
Lidia Casas Becerra
| CDH Centro de Derechos Humanos
Durante 2011, Chile presentó el informe de medio tiempo al Examen Periódico Universal (EPU) y deberá hacerlo al Comité para la Elimi-nación de la Discriminación contra de la Mujer en 2012. Este capítulo realiza una evaluación crítica de las políticas, acciones y programas en los distintos ejes del Plan de Igualdad de Oportunidades del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y de sus omisiones en los ámbitos po-lítico, económico y socio cultural, a la luz los estándares internaciones sobre protección de los derechos humanos de las mujeres. El énfasis de este capítulo estará en revisar aquellas materias relacionadas con la igualdad en los ámbitos de la participación política, en el trabajo y la familia; además, se centrará en los derechos sexuales y reproductivos, y en la violencia en contra de las mujeres. Entre las conclusiones más importantes, se obtiene que, sin ciudadanía plena, las mujeres no pue-den gozar ni ejercer sus derechos.
AccederLa función social de la propiedad: Entre los fines progresistas del derecho y la ineficacia
Helena Alviar García
2011 | Temis
La dogmática jurídica tradicional propuso un modelo pedagógico en derecho basado en ejemplos abstractos y descontextualizados, construidos como tautologías que demostraban la doctrina neutral sostenida por el profesor. Llama la atención que [con] el método propuesto en el libro evaluado, los autores le dan la mayor centralidad a los casos reales, altamente complejos, ubicados en el tiempo y el espacio. Tales casos desafían las competencias de los estudiantes y por otra parte permiten ubicar las ideologías y tendencias de los autores con la mayor transparencia. Muy acertados en el modelo
AccederAmicus Curiae Agosto 9 2017 Centro de Derechos Humanos AUWCL
Macarena Sáez
| American University Washington College of Law
AccederClaroscuros en las políticas contra la violencia. Estudio sobre la implementación de la ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia
Natalia Gherardi
2014 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
A cinco años de la sanción de la Ley 26.485 para protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres en sus relaciones interpersonales (en adelante, la “Ley Integral de Violencia” o “Ley 26.485”) es momento de realizar una evaluación inicial de su grado de implementación y efectividad de las acciones tomadas bajo su amparo. Es tiempo de impulsar acciones de monitoreo y rendición de cuentas.
La sanción de esta ley significó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia de género en Argentina: una ley integral, ambiciosa y abarcadora de distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, que colocó a nuestro país entre aquellos que dieron el paso hacia legislaciones de segunda generación, luego de una primera década concentrada a la violencia familiar o doméstica, de la que las mujeres eran de todas maneras las principales víctimas.
El objetivo de este documento es contar con un análisis inicial que permita tener una mirada general del tema, dejando sentadas las bases de lo que podría ser una indagación complementaria a realizarse durante el año 2015 en un proceso con mayor grado de participación de organizaciones de la sociedad civil, universidades y gobiernos locales, con un mejor alcance federal.
Este documento fue elaborado por Natalia Gherardi, con la colaboración de Paula Rey, Cecilia Gebruers, María Paula Krichevsky y Nadia Ferrari. Agradecemos el aporte de Claudio Navarrete Muñoz en la búsqueda de información. Este trabajo fue posible gracias al apoyo financiero de UNFPA en Argentina
Del reconocimiento a la vigencia: los derechos humanos de las mujeres en Argentina
Natalia Gherardi, Carla Zibecchi, Laura Pautassi
2010 | Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
AccederEl derecho al cuidado en los tribunales de justicia: tiempo para cuidar en condiciones de igualdad
Natalia Gherardi
2019 | IJ Editores
AccederLa Suprema Corte de Justicia Mexicana en la transformación social
Ana Micaela Alterio
2019 | ICON Capítulo Méxicano
AccederLa batalla por los alimentos: El papel del derecho civil en la construcción del género y la desigualdad
Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Sergio Iván Anzola Rodríguez
2018 | Universidad de los Andes
Las prácticas asociadas al régimen civil de alimentos han sido poco estudiadas en Colombia y habitualmente se ha puesto un énfasis injustificado en la relación entre la crisis del sistema y la congestión judicial. Dado que la mayoría de aproximaciones al tema de los alimentos ha sido de tipo dogmático y formalista, este libro busca constituirse en una invitación a ampliar el lente que observa este régimen para poder analizar cómo incide en la construcción del género y la desigualdad social y económica inscrita en él. Los capítulos de La batalla por los alimentos coinciden en que la manera en la que se estructuran las obligaciones civiles con respecto a los alimentos —quién está obligado, cuánto dinero está obligado a pagar, por cuán-to tiempo está obligado a pagar, en qué casos está obligado a pagar, etc.— y el grado de cumplimiento de estas construyen roles, estereotipos de género y desigualdad social
Acceder“Familia” como concepto jurídico
Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Helena Alviar García
2015
El concepto de familia desempeña un rol fundamental en la forma en que los regímenes
jurídicos distribuyen poder y recursos. No obstante, la definición de qué es una familia o que
debería serlo, no es uniforme en las distintas ramas del derecho. En este artículo buscamos
contribuir al pensamiento feminista con respecto al derecho y a la teoría jurídica en general, mostrando las contradicciones y lagunas que existen en la forma en la que el derecho
incorpora el concepto jurídico de familia, así como también su impacto distributivo. Para
este fin utilizamos el concepto de fragmentación conceptual, que permite abordar la forma
irregular en la cual la familia, como concepto jurídico, es incorporada en distintas ramas del
derecho, en distintos momentos y con distintos énfasis. Argumentamos que esta fragmentación conceptual hace que las conexiones a través del tiempo y materia sean invisibilizadas
y, por ende, hace que sea más difícil criticar el rol de la familia como concepto jurídico que
contribuye a la opresión de la mujer. Concluimos que la fragmentación conceptual no es irracional o incoherente, sino que está estructurada en formas que corresponden a las pérdidas
que sufren las mujeres en las sociedades contemporáneas. Usamos el caso colombiano para
ilustrar lo que está en juego en la definición de la familia y las operaciones que llamamos de
fragmentación conceptual. En particular, explicamos cómo se produjo el excepcionalismo
del derecho de familia, la importancia del concepto legal de familia dentro del derecho de
familia y las dificultades que existen para llegar a una definición apropiada dentro de este
campo; así como también la evolución de la idea de familia dentro de la política social.
Argumentamos que aunque pareciera que solamente las parejas del mismo sexo tienen
algo que perder en el debate sobre la familia, en cuanto la “familia” sigue tratándose de la
reproducción y la distribución de recursos, debemos vigilar cómo les va a las mujeres con
los giros conceptuales que buscan acercarnos a la familia natural.
Cartografía de derechos trans en Chile
OutRight Action International
2016 | OutRight Action International
El panorama actual de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en Chile es complejo. Existe un poder ejecutivo con voluntad política para promover la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, y que se encuentra en proceso de generar una conciencia política nacional que sustente una transformación institucional duradera. Varios legisladores conservadores, influenciados en gran medida por la iglesia católica, que se resisten a reconsiderar –desde la perspectiva de los derechos humanos– asuntos como el aborto y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Y algunos legisladores más progresistas que se apoyan en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para promover las iniciativas en pro de la población LGBTI. De forma paralela, se han formado y organizado organizaciones civiles LGBTI en Chile para generar cambios culturales, desmontar estereotipos y presionar por el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Estas organizaciones también han desempeñado un papel importante al hacer que su causa sea pública, identificar y exigir soluciones, y monitorear la consecución, garantía e implementación de los derechos LGBTI.Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de OutRight Action International, en colaboración con la Fundación TranSítar en relación con el respeto de los derechos de las per-sonas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas chilenas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y también considera la situación de las personas trans que se encuentran en prisión. El informe concluye con una serie de recomendaciones para las au-toridades chilenas que tienen como f in ga-rantizar un mayor respeto por estos derechos de las personas trans. El informe muestra que Chile goza de un marco de derechos humanos razonablemente robusto; el país ha ratificado los principales tratados y convenciones sobre derechos humanos, y la Constitución, que es imperfecta, junto con la Ley Antidiscriminación, que tiene falencias, contienen protecciones a los derechos humanos. A medida que el concepto del derecho humano al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– gana impulso a nivel internacional, el gobierno chileno está apoyando un proyecto de ley sobre identidad de género. Si este proyecto se convierte en ley, garantizará que la identi-dad de género se reconozca como un derecho humano3, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans y las protegerá de la discriminación. En la actualidad, un in-dividuo que desee cambiar su nombre registrado debe presentar una petición en un tribunal civil junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que demuestren tratamientos quirúrgicos o farmacológicos. Si bien la Constitución chilena garantiza el acceso libre e igualitario a los servicios de salud, y se han desarrollado las políticas nacionales de salud “Circular 21” y “Vía Clínica” con el fin de regular la atención médica para las personas trans, estas personas no han sido consultadas apropiada-mente y las políticas tienen serias falencias. Estas políticas fusionan las necesidades de salud de las personas transgénero con la atención por VIH/SIDA, y patologizan la identidad transgénero, al mismo tiempo que los recursos para suministrar acceso a procedimientos médicos de transición y de afirmación de género son insuficientes. La Constitución chilena garantiza el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, pero para las personas trans la discriminación en el sistema educativo es continua y comienza desde muy temprano. Sin embargo, los activistas trans han conseguido capacitar y generar conciencia entre profesores, estudiantes y administradores escolares sobre la identidad de género, y algunos colegios, como el Colegio El Trigal-Maipú, están liderando en camino para la inclusión de personas transgénero. Con respecto al derecho al trabajo, la situación de los derechos laborales de las personas trans está caracterizada por la ausencia de políticas públicas, una falta de compromiso por parte de los propietarios de empresas a ofrecer trabajo a personas trans, la carencia de una institución pública que capacite a personas trans y promueva la formación profesional, el abuso por parte de empleadores, y la inexistencia de regulaciones que garanticen seguridad laboral. Por último, las personas trans que se encuentran detenidas reciben un trato que infringe los principios internacionales sobre el trato a prisioneros, y que incluso puede constituir una violación de la prohibición al maltrato.
AccederCartografía de derechos trans en Costa Rica
Mulabi Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, OutRight Action International
2016 | OutRight Action International
Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y OutRight Action International en relación con el marco legislativo y de políticas públicas que protege los derechos de las personas transgénero en Costa Rica. El informe proporciona información actualizada sobre el marco que se está desarrollando en torno a los derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud que tienen las personas trans, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades de Costa Rica que tienen como fin garantizar un mayor respeto por estos derechos en la legislación, las políticas y la práctica. El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convencio-nes internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. A pesar de que ha habido algunos avances positivos en cuanto a los documentos de iden-tidad, gracias a un “reglamento de fotografía” que permite a las personas trans conciliar la imagen que aparece en su documento de iden-tidad con la imagen que tienen de sí mismas, todavía parece haber confusión a nivel oficial con respecto a la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil exigen nada menos que una ley que garantice el pleno reconocimiento legal de género. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), han elaborado algunas directrices que buscan evitar la discriminación en el sistema educativo, incluyendo la discriminación basada en identidad de género. Esta orientación –junto con las nuevas políticas adoptadas por varias instituciones educativas costarricenses– debería ayudar a facilitar el goce del derecho a la educación por parte de las personas trans, pero el desafío será garantizar que estas directrices funcionen en la práctica. Con respecto al derecho al trabajo, y si bien el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la discriminación, la identidad de género no es un motivo de discriminación que se mencio-ne específicamente, y no hay políticas para promover el empleo de las personas trans. A pesar del amplio marco legislativo y de políticas que defiende el derecho de las personas trans a la salud, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta problemas culturales y estructurales en el sistema médico, en especial con respecto a la transición. Aún es necesario realizar mucho más trabajo para garantizar que las personas trans reciban el apoyo adecuado cuando se trata de las necesidades generales de salud y los procesos físicos y mentales involucrados en la transición. Esto al tiempo que las orga-nizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se realice una distinción entre los cuidados generales por VIH, por un lado, y políticas integrales de asistencia médica para las personas trans por el otro.
Acceder¡Escucha! Experiencias alternativas de acceso a la justicia en Santiago de Cali.Tensiones justicia-Estado en casas de justicia, fundaciones y comedores comunitarios
Lina Fernanda Buchely Ibarra, Diana Marcela Solano Gómez, Gabriela Recalde
2017
En 1994, el Distrito de Aguablanca en Cali fue el escenario elegido por el gobierno y organismos multilaterales para incubar las casas de justicia, uno de los proyectos pioneros del segundo movimiento de Derecho y Desarrollo. Este integra dos objetivos en principio opuestos: disminuir el gasto de recursos y tiempo en la prestación de justicia; y aproximar la relación entre comunidad y Estado para prevenir los conflictos. En este artículo, ahon-damos en esta dicotomía entre eficiencia económica y proximidad social, resaltando la importancia del diálogo y, en especial, de la escucha, para construir una visión de justiciaque recoja los sentidos que circulan en los escenarios donde el Estado interviene. Para ello, realizaremos un análisis comparado entre las lógicas de medición desplegadas por el gobierno central en la Casa de Justicia, una fundación de rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley penal y un comedor comunitario, ubicados en los barrios Marroquín II y Potrero Grande, utilizando referentes como el silencio, el tiempo presente, la trans-formación y el ruido, desarrollados por el filósofo Jean-Luc Nancy.
AccederEl papel del Derecho en la producción de la desigualdad: El caso de los alimentos
Isabel Cristina Jaramillo Sierra
2018
La legislación colombiana desde el siglo XIX es clara en señalar que la obligación de proveer lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de las personas corresponde a los miembros de su familia Esto asunto es particularmente interesante cuando se trata del sostenimiento de niños y niñas, especialmente si sus padres no viven juntos. Dado este vínculo legal entre hijos y madres, las madres no pueden reclamar la imposibilidad de cuidar de sus hijos sin renunciar al mismo tiempo a la maternidad. Los padres tienen la facultad de vivir sin sus hijos y seguir reclamando los beneficios de la patria potestad y el parentesco. Finalmente, en razón de que la terminación de la convivencia generalmente implica una ruptura afectiva, la negociación y cobro de la cuota se vuelve una oportunidad para revisitar los sentimientos negativos que tienen los miembros de la pareja. Así, frente a la proposición de que “nadie está obligado a lo imposible”, la respuesta feminista es que de hecho las mujeres si están haciendo “lo imposible”, a través del rebusque y soportando altos niveles de violencia, perpetuándose con esto su pobreza y exclusión. De allí que acudan a reformas legales y estrategias litigiosas encaminadas a conseguir “cualquier cosa” con tal de aliviar la carga de las mujeres y reducir su desigualdad. Partiendo del análisis de 1690 casos de alimentos, este paper propone entender el problema tomando en consideración tanto la pobreza de los deudores alimentarios, como las necesidades inaplazables de los acreedores menores de edad.
AccederDerecho y deber de confidencialidad: Desafíos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina
Mercedes Cavallo
2009
En los últimos años, algunos países de Latinoamérica sancionaron leyes o normas técnicas para reforzar la protección de la confidencialidad en materia de derechos sexuales y reproductivos. Revista Argentina de Teoría Jurídica, Número 13, Junio de 2009 Sin embargo, el respeto por la confidencialidad en Latinoamérica es aún pobre, y constituye un factor que determina la exposición de las mujeres al aborto inseguro, a embarazos no deseados y a enfermedades de transmisión sexual. En las secciones siguientes analizaré tres nudos críticos que presenta el princ1p10 de confidencialidad médica en el plano de los derechos sexuales y reproductivos en el contexto latinoamericano. En la sección 1 reseñaré el dilema al que se enfrentan los profesionales de la salud en aquellos países donde las leyes les exigen que denuncien los delitos que conocen en ejercicio de su profesión, y al mismo tiempo les exigen respeto por la confidencialidad del paciente. En la sección 2 estudiaré los problemas que se derivan de no entender a la confidencialidad como un derecho, también, del profesional de la salud. En la sección 3 desarrollaré el problema de solicitar autorización o notificación parental a los adolescentes que requieren servicios de salud sexual y reproductiva.
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