Revista IGAL
Red ALAS y Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
VerAcademia, Género,
Derecho y Sexualidad.
Compartimos producciones e intervenciones para enseñar, aprender, investigar y tomar decisiones de política pública con el aporte de integrantes de la Red.
La claridad, la coherencia y sobre todo la objetividad que con destacado acierto la autora le imprime a sus contenidos, permite comprender con profundidad los alcances de la reforma académica del Alma Mater Nariñense, propuesta ya hace más de 30 años y sometida a democrática y amplia discusión por la comunidad universitaria. Este recuento ofrece a las presentes y futuras generaciones y, en particular a la juventud estudiosa de Nariño, una acertada síntesis no solamente de la propuesta de reforma en sí, sino de las inquietudes y reacciones que generó en la ciudadanía.
AccederLa finalidad principal de este trabajo es poner de manifiesto cómo, haciendo una correcta interpretación de los requisitos de configuración de la legítima defensa, es posible aplicarla a algunos casos de mujeres maltratadas que, en el marco de una situación personal devastadora, matan a sus agresores en momentos donde no hay una confrontación.
La presente investigación busca ser una llamada que haga visible la situación de desesperación y desprotección en la que se hallan las mujeres maltratadas, que es el resultado de una desigualdad estructural en la que históricamente se encuentran las mujeres, con respecto a los hombres.
Si bien la regulación y el control de la sexualidad han sido una preocupación histórica de los estados, el ingreso de los DDSSRR permite marcar una temporalidad diferente en la cual se replantean algunos vínculos entre la sexualidad y la política. Considerando los procesos de debate y reforma legal en Argentina, este artículo presenta dos desafíos para el análisis de la política sexual contemporánea. En primer lugar, la religión como una dimensión política paradójica. Sin dudas, las religiones han sido (continúan siendo) una de las (sino la) principales fuerzas sosteniendo un orden sexual jerárquico, sin embargo, la movilización por los DDSSRR ha puesto en evidencia que las influencias religiosas son también (o pueden serlo) una fuerza en apoyo a las reformas legales. El segundo desafío que caracteriza esta nueva temporalidad en la política sexual es el riesgo de reinscribir nuevas fronteras desde la agenda favorable a los DDSSRR. La movilización por el cambio en el derecho implica el riesgo, inevitable, de reinscribir jerarquías que marginan ciertos cuerpos. La misma ventana de oportunidades que ofrece el derecho para subvertir relaciones desiguales, genera el riesgo de inscribir nuevas exclusiones y jerarquías.
AccederBackground
In August 2017, Chile lifted its complete ban on abortion by permitting abortion in three limited circumstances: 1) to save a woman’s life, 2) lethal fetal anomaly, and 3) rape. The new law allows regulated use of conscientious objection (CO) in abortion care, including allowing institutions to register as objectors. This study assesses medical and midwifery students’ support for CO, following legal reform.
Methods
From October 2017 to May 2018, we surveyed medical and midwifery students from seven universities located in Santiago, Chile. Universities included 4 secular (2 public and 2 private) and 3 private religiously-affiliated universities; all offering medical degrees with a specialization in obstetrics and gynecology (ob-gyn) and five offering midwifery degrees. We used generalized estimating equations (GEE) to identify characteristics associated with student support for CO, intentions to use CO to refuse to care for someone seeking abortion, and support for CO at the institutional level.
Results
333 of the 413 eligible students who opened the survey, completed the questions on conscientious objection; 26% were seeking medical degrees with an ob-gyn specialty, 25% were seeking midwifery degrees, and 49% were seeking medical degrees and had not yet decided their specialty. While nearly all endorse requirements for conscientious objecting clinicians to inform (92%) and refer (91%) abortion-seeking patients, a minority (18%) would personally use conscientious objection to avoid caring for a patient seeking abortion (12% secular and 39% religious university students). About half of religious-university students (52%) and one-fifth of secular-university (20%) students support objections at the institutional level.
Conclusions
Most students support the regulated use of CO which preserves patients’ access to abortion care. Religious-university student views on the use of conscientious objection in abortion care are discordant with those of their institutions which currently support institutional-level objections.