Justicia, género y trabajo

Natalia Gherardi
2012 | Red ALAS

El siglo XX fue testigo de cambios fundamentales que tuvieron a las mujeres como sus grandes artífices. Partiendo de la subordinación legal en todos los ámbitos de la vida pública y privada, el siglo fue fructífero en la conquista de derechos políticos, con avances significativos puestos de manifiesto en la ampliación de la ciudadanía, en el reconocimiento de la igualdad de varones y mujeres en la organización de la vida familiar, en el acceso a la educación, al ejercicio de las profesiones y al empleo.

Justicia, género y trabajo aborda un conjunto de temas que atraviesan la problemática del empleo y del trabajo, aportando diversas miradas sobre el quehacer cotidiano de las mujeres en su contribución al desarrollo de la sociedad. Desde distintas perspectivas, los artículos incluidos en el volumen proponen una reflexión sobre las políticas y las regulaciones posibles para promover la participación plena de mujeres y varones en el empleo y en la responsabilidad social de las tareas de cuidado, en condiciones de igualdad.

La aspiración es que estas reflexiones puedan nutrir más y mejores políticas públicas, que finalmente logren empujar las fronteras de las regulaciones laborales para abarcar el trabajo en todas sus dimensiones, más allá del mercado.

La justicia en construcción: derechos y género ante los tribunales y los medios de comunicación de América Latina

Natalia Gherardi
2012 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

Esta publicación presenta una selección de artículos que ilustran los desafíos que enfrenta una región que pretende avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, superando el discurso dogmático que sólo invoca los derechos para entrar de lleno en la preocupación por sus condiciones de vigencia efectiva.

Informe sobre Género y Derechos Humanos en Argentina. Vigencia y respeto de los Derechos de las Mujeres (2005-2008)

Natalia Gherardi
2009 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

El Informe sobre Género y Derechos Humanos en la Argentina (2005-2008), es la segunda edición del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Argentina que realiza ela desde 2004. La publicación presenta información actualizada sobre la situación de las mujeres en la Argentina, la legislación vigente y las políticas públicas implementadas en el país durante el período 2005-2008, y analiza el grado de cumplimentación de los derechos humanos de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social, económica y política. El informe considera la participación de las mujeres en cargos públicos; el derecho al trabajo y la ocupación de las mujeres; la salud y sus derechos sexuales y reproductivos; la violencia contra las mujeres; el derecho a la educación; la autonomía de las mujeres y su situación dentro de las familias; y las migrantes y pueblos originarios de Argentina. El objetivo principal de este trabajo es aportar un nuevo elemento de diagnóstico que, junto con la sistematización de los datos presentados, permita dar cuenta de los avances alcanzados, así como de las omisiones y/o retrocesos del Estado frente a los compromisos asumidos en los distintos temas que afectan de manera particular a las mujeres y sus condiciones de vida, con el fin de orientar acciones para la promoción de sus derechos.

La violencia no es negocio. Guía para prevenir y erradicar la violencia doméstica desde los lugares de empleo

Natalia Gherardi, Maia Krichevsky
2017

La presente publicación, una guía para prevenir y erradicar la violencia doméstica desde los lugares de empleo, constituye una herramienta para empresas y empleadores.
En los últimos años, la sensibilidad social que creció al amparo del reclamo movilizado bajo el lema Ni Una Menos, aludiendo a la necesidad de detener la cantidad apabullante de femicidios, permitió comenzar a tratar el tema de la violencia contra las mujeres en su verdadera dimensión: como un problema social urgente que involucra a todas las personas y todos los sectores.
Por eso, es imprescindible comprometer a nuevos actores en el trabajo por la prevención y superación de la violencia contra las mujeres. Se trata de llamar a la participación de la comunidad en el sentido más amplio, para que todas las personas estén en mejores condiciones para responder a situaciones de violencia con la escucha adecuada, la información precisa sobre cómo actuar y el conocimiento de las instituciones a las que se puede recurrir.
Las empresas y espacios laborales deben aprovechar el potencial de su lugar en la comunidad para contribuir en el trabajo hacia la erradicación de la violencia de género, desarrollando acciones de sensibilización, capacitación y medidas concretas para la mejor protección tanto de las mujeres que se desempeñan entre su ámbito laboral, como de las mujeres y varones que integran la comunidad sobre la cual pueden influir.
La violencia contra las mujeres es una problemática social compleja que atraviesa clases sociales y los distintos niveles socioeducativos, aunque solo se haga visible en determinados contextos. Existen diversas alertas que se van dando a lo largo de las relaciones violentas que, cuando pueden ser escuchadas y encausadas adecuadamente, es posible que contribuyan a prevenir situaciones más graves. Por eso, en esta Guía se proponen acciones para contribuir a una mejor sensibilización y capacidad de respuesta frente a las situaciones que se identifiquen.

El derecho al trabajo y la ocupación de las mujeres: una visión regional para América Latina

Natalia Gherardi, Carla Zibecchi
2010 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

Cartografía de derechos trans en Costa Rica

Mulabi Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y OutRight Action International en relación con el marco legislativo y de políticas públicas que protege los derechos de las personas transgénero en Costa Rica. El informe proporciona información actualizada sobre el marco que se está desarrollando en torno a los derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud que tienen las personas trans, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades de Costa Rica que tienen como fin garantizar un mayor respeto por estos derechos en la legislación, las políticas y la práctica. El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convencio-nes internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. A pesar de que ha habido algunos avances positivos en cuanto a los documentos de iden-tidad, gracias a un “reglamento de fotografía” que permite a las personas trans conciliar la imagen que aparece en su documento de iden-tidad con la imagen que tienen de sí mismas, todavía parece haber confusión a nivel oficial con respecto a la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil exigen nada menos que una ley que garantice el pleno reconocimiento legal de género. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), han elaborado algunas directrices que buscan evitar la discriminación en el sistema educativo, incluyendo la discriminación basada en identidad de género. Esta orientación –junto con las nuevas políticas adoptadas por varias instituciones educativas costarricenses– debería ayudar a facilitar el goce del derecho a la educación por parte de las personas trans, pero el desafío será garantizar que estas directrices funcionen en la práctica. Con respecto al derecho al trabajo, y si bien el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la discriminación, la identidad de género no es un motivo de discriminación que se mencio-ne específicamente, y no hay políticas para promover el empleo de las personas trans. A pesar del amplio marco legislativo y de políticas que defiende el derecho de las personas trans a la salud, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta problemas culturales y estructurales en el sistema médico, en especial con respecto a la transición. Aún es necesario realizar mucho más trabajo para garantizar que las personas trans reciban el apoyo adecuado cuando se trata de las necesidades generales de salud y los procesos físicos y mentales involucrados en la transición. Esto al tiempo que las orga-nizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se realice una distinción entre los cuidados generales por VIH, por un lado, y políticas integrales de asistencia médica para las personas trans por el otro.

La superación de las desventajas de género. Análisis de políticas sociales de las mujeres de la clase media urbana en Colombia

Lina Fernanda Buchely Ibarra
2013

El Informe del Banco Mundial 2012 comienza con esta afirmación: "las cuestiones de igualdad de género en sí mismas son importantes para el desarrollo ya que, en mundos globalizados de hoy, los países que utilizan las habilidades y talentos de sus mujeres tendrían una ventaja sobre aquellos que no lo utilizan." Con el marco que sugieren que las cuestiones de igualdad de género, en este documento se describen algunas de las alternativas de políticas orientadas a superar las desventajas de género en la incorporación al mercado formal de trabajo de las mujeres de la clase media urbana en Colombia. A fin de cuentas, la recomendación final sugiere que es conveniente adoptar políticas alternativas como centros comunitarios, los cuales son los programas orientados a la redistribución social del trabajo doméstico como una forma de fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral formal con el apoyo social de los miembros de su propia comunidad. El problema de que la política social debe abordar es la segregación de las mujeres en el mercado laboral formal de trabajo en Colombia. Aunque la evidencia muestra que las mujeres han superado con éxito la brecha educativa, mostrando un mejor desempeño en la educación que sus pares masculinos, las mujeres siguen siendo segregadas en el mercado laboral. La persistencia de altas tasas de desempleo en la población femenina, la prevalencia de la informalidad laboral como espacio de trabajo para las mujeres, y la presencia de la diferencia de pago respecto a sus colegas masculinos con capacitaciones profesionales similares son circunstancias que sustentan la existencia de la segregación. El argumento que se defiende en el texto es que estas circunstancias son ineficientes para la sociedad. Un análisis económico muestra que el costo de mantener el statu quo de desigualdad de la mujeres en el ámbito laboral se externaliza en el sistema de seguridad social que incluye salud, pensiones y regímenes de licencia de maternidad. Por lo tanto, la segregación de las mujeres implica una falla del mercado. En este trabajo se evalúa cinco alternativas de políticas dirigidas a la inclusión efectiva de las mujeres al mercado laboral formal: (i) las cuotas en el mercado privado, (ii) las horas de trabajo flexibles, (iii) sustituir la licencia de maternidad con una licencia familiar, (iv) aumentar los Centros Comunitarios para la redistribución del trabajo de cuidado y (v) el cumplimiento del principio de trabajo igual a salario igual. La primera alternativa busca aumentar la participación femenina en el mercado laboral formal. La segunda, tercera y cuarta alternativas constituyen un paquete dirigido a redistribuir el trabajo de cuidados mediante la reducción de la responsabilidad de las mujeres por el trabajo reproductivo en el hogar con la ayuda de los maridos y el gobierno local. La quinta alternativa interviene para resolver el problema de la igualdad de pago. Después de una evaluación de cuatro criterios que miden la robustez, los problemas de implementación de la política pública, la eficacia y la aceptabilidad de la medida, la alternativa más acertada para atacar el fenómeno es el fomento de Centros Comunitarios que promuevan una redistribución del trabajo de cuidado. Esta política se desempeña bien en el proceso de evaluación, ya que combina el enfoque de género con importantes efectos indirectos: ayuda a la primera infancia y promoción las capacidades humanas. La política también muestra un proceso de implementación de abajo hacia arriba que supera las principales dificultades de implementación en los programas de enfoque de género, con una fuerte evidencia de éxito en el contexto colombiano, documentada tanto por actores transnacionales como el Banco Mundial como por actores locales como el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Los concursos "solo para mujeres"

Estefanía Vela Barba
2017

Este artículo analiza y explica en qué sentido se incorporó la perspectiva de género
en la argumentación de la sentencia SUP-JDC.1080/2013 y sus acumulados, mediante la cual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara el "concurso solo para mujeres" como una medida constitucionalmente válida.
Para la autora, las acciones afirmativas tienen que responder a un problema de desigualdad real, para lo cual brinda datos sobre el fenómeno de la discriminación en el empleo en México, debate que, concluye, faltó en la sustentación de dicha sentencia.

Reflexiones sobre la formalización del empleo como herramienta contra la pobreza

Laura Cecilia Porras Santanilla
2016 | Universidad de los Andes

Cuesta arriba para los afroperuanos: Evidencia de la discriminación en el acceso al mercado laboral de Lima Metropolitana

Carlos Zelada, Francisco Galarza, Gustavo Yamada Fukusaki
2015 | Universidad del Pacífico

Usando un método experimental que consiste en enviar CV ficticios pero creíbles para candidatos de origen blanco y afroperuanos en Lima Metropolitana, encontramos evidencia de una menor preferencia para contactar y contratar a profesionales afrodescendientes, a pesar de ostentar un nivel de capital humano similar al de sus contrapartes de origen blanco. En estos empleos, los afroperuanos reciben 38% menos llamadas que los peruanos de origen blanco, a pesar de poseer ambos similares niveles de capital humano. Esta conducta discriminatoria, sin embargo, no resulta estadísticamente significativa en el caso de las ocupaciones técnicas ni de aquellas que requieren baja calificación. Observamos, además, que la apariencia física tiene un efecto significativo en las tasas de respuesta de las tres categorías ocupacionales: los candidatos no agraciados son preferidos en los empleos profesionales y técnicos; y los candidatos atractivos, lo son en los empleos no calificados. Finalmente, no se aprecia un trato diferenciado basado en el sexo y la raza para empleos técnicos y no calificados.

Empleo y discriminación racial: afrodescendientes en Lima, Perú

Carlos Zelada, Francisco Galarza, Gustavo Yamada Fukusaki
2015 | Universidad del Pacífico

¿Existe evidencia objetiva y sistemática de una marcada discriminación en el acceso al mercado laboral en contra de los peruanos afrodescendientes, más allá de casos individuales denunciados y propalados, pero difícilmente probados, en los medios de comunicación local? La respuesta, hasta el momento, ha sido negativa. De hecho, las denuncias por discriminación en este campo, o las decisiones judiciales al respecto, son virtualmente inexistentes. ¿Esta ausencia se debe a una falta de interés en poner de relieve otro aspecto importante de la desigualdad de oportunidades en el Perú? ¿Es acaso consecuencia de la situación de desventaja inicial de los grupos afectados que les impide organizar una voz más influyente en los órganos de decisión política y jurídica en el país? ¿O tiene que ver más con las dificultades estadísticas para probar la discriminación en cualquier ámbito que llevan a poner en tela de juicio la escasa evidencia recopilada hasta el momento? Probablemente se trate de una mezcla de todos estos factores. Este trabajo pretende aportar en la dimensión estadística antes mencionada. Nuestro texto busca, así, remontar las dificultades estadísticas usuales, a través de un diseño experimental que documente una situación sistemática de menor oportunidad de acceso al mercado laboral por parte de los afroperuanos. Aspiramos a que nuestra evidencia aportada sirva para informar mejor un debate de políticas públicas en un contexto de creciente consenso sobre la necesidad de igualar las oportunidades de progreso y movilidad económica y social para todos los peruanos. Este trabajo puede ser, además, de gran utilidad para los operadores jurídicos, en especial para los jueces y encargados de administrar justicia, como un incentivo para el uso de herramientas no jurídicas en la medición y prueba de formas aparentemente invisibles de discriminación, como las que a continuación presentamos. El tema de la discriminación racial, y en particular de la discriminación en contra de los afrodescendientes, es recurrente en la discusión pública, aunque ha sido poco analizado de forma sistemática en el Perú y otras partes del mundo, donde hay una presencia relativamente importante de grupos de origen africano. La mayoría de estudios en el ámbito local consisten en valiosos análisis cualitativos cuyos resultados, sin embargo, tienen un limitado poder de inferencia a nivel de la población general; los estudios cuantitativos, por su lado, se aproximan imperfectamente a la raza, usando datos de autoidentificación étnica, y usan métodos que no permiten identificar cabalmente la discriminación existente.

Novas perspectivas para a tese da competência da Justiça Federal para o crime de trabalho escravo

Ela Wiecko Volkmer de Castilho
2005

Este artigo pretende abrir um debate sobre os efeitos da decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) no Caso José Pereira, bem como da recente alteração do art. 149 do Código Penal, no que diz respeito à competência jurisdicional para julgar o crime usualmente chamado de “trabalho escravo”

Comentarios a los artículos 4 (derecho a la vida) y 9 (principio de legalidad) de la Convención Americana de Derechos Humanos

María Luisa Piqué
2013

Impacto económico de la violencia de pareja: el caso de dos empresas colombianas

Alma Luz Beltrán y Puga Murai, Francoise Contreras, Claudia Margarita Cortes Garcia
2022 | Universidad Icesi

El objetivo de este estudio fue visibilizar los costos económicos que la violencia hacia las mujeres tiene para el sector empresarial desde la perspectiva de género. Como parte de una metodología ya diseñada, se aplicaron cuestionarios previamente validados a una muestra de 172 trabajadores de dos empresas colombianas. El cuestionario evaluó el impacto de la violencia en la productividad laboral desde la perspectiva del agresor y de la agredida, en términos de ausentismo, tardanzas y presentismo.

Se encontró que el costo de la violencia de pareja en las dos empresas ascendió a 28.692,68 dólares en el último año. Este monto en relación con el tamaño de la muestra permite comprender la magnitud del problema y el impacto que dicha violencia tendría sobre el producto interno bruto nacional. Se discuten estos hallazgos.