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Palabras clave: 'Derecho a la información'.
31 coincidencia(s) encontradas.

Capítulo de libro

Confidencialidad de la información médica: análisis jurídico de la situación en Chile

Lidia Casas Becerra, Pablo Isla
| CORSAPS

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Libro

Confidencialidad de la información y consentimiento informado en salud sexual y reproductiva

Lidia Casas Becerra, Claudia Dides, Pablo Isla
| CORSAPS

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Video

[Entrevista a Regina Tamés luego de recibir el premio Franco-Alemán de Derechos Humanos "Gilberto Bosques" 2017]

Regina Tamés

Regina Tamés Noriega, directora de GIRE - Grupo de Información en Reproducción Elegida explica la labor de la organización que lucha desde hace 25 años contra las violaciones a los derechos de las mujeres en México, en entrevista tras recibir el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos "Gilberto Bosques" 2017 entregado por nuestra embajada y Embajada Alemana Ciudad de México. Duración: 1:09 minutos.

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Libro

Guía de habilidades para el Consentimiento Informado y Confidencialidad de la Información en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenesncialidad

Lidia Casas Becerra, Claudia Dides, Alejandro Guajardo, Soledad Pérez
| Fondo de Población de Naciones Unidas

La Guía de Habilidades que presentamos a continuación es el resultado de un proceso, cuyo propósito es entregar herramientas para la resolución de conflictos, la aplicación del consentimiento informado y la confidencialidad de la información para los Programas de Salud Sexual y Reproductiva de la Atención Primaria del país, a través de orientaciones básicas para el apoyo de los profesionales y los equipos de salud. Esta guía es producto del trabajo mancomunado entre los profesionales de la salud que participaron en los Talleres y el equipo de profesionales de CORSAPS.
El concepto que hemos utilizado en estos talleres sobre salud sexual y reproductiva es el que ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud OMS) “como la condición en la cual se logra el proceso reproductivo en un estado de completo bienestar físico, mental y social para la madre, el padre y los hijos/as y no solamente en ausencia de enfermedad o trastornos de dicho proceso. Según la OMS, la salud sexual se refiere al completo bienestar físico y psicológico en el plano sexual y supone la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales de la sexualidad, de manera que se enriquezcan y estimulen la personalidad, la comunicación y el amor”.

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Libro

Informe sobre Género y Derechos Humanos en Argentina. Vigencia y respeto de los Derechos de las Mujeres (2005-2008)

Natalia Gherardi
2009 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

El Informe sobre Género y Derechos Humanos en la Argentina (2005-2008), es la segunda edición del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Argentina que realiza ela desde 2004. La publicación presenta información actualizada sobre la situación de las mujeres en la Argentina, la legislación vigente y las políticas públicas implementadas en el país durante el período 2005-2008, y analiza el grado de cumplimentación de los derechos humanos de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social, económica y política. El informe considera la participación de las mujeres en cargos públicos; el derecho al trabajo y la ocupación de las mujeres; la salud y sus derechos sexuales y reproductivos; la violencia contra las mujeres; el derecho a la educación; la autonomía de las mujeres y su situación dentro de las familias; y las migrantes y pueblos originarios de Argentina. El objetivo principal de este trabajo es aportar un nuevo elemento de diagnóstico que, junto con la sistematización de los datos presentados, permita dar cuenta de los avances alcanzados, así como de las omisiones y/o retrocesos del Estado frente a los compromisos asumidos en los distintos temas que afectan de manera particular a las mujeres y sus condiciones de vida, con el fin de orientar acciones para la promoción de sus derechos.

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Libro

Los límites de la Ley: la salud reproductiva en la Argentina

Natalia Gherardi, Sandra Cesilini
2003 | Banco Mundial

El objetivo de este estudio es analizar las reglamentaciones existentes referidas a la salud reproductiva a nivel federal y provincial. El análisis abarca los aspectos políticos, culturales, demográficos, geopolíticos y religiosos de la salud reproductiva en Argentina. Más allá del análisis legislativo de las normas existentes a nivel nacional y provincial, el estudio abarca objetivos más específicos: a) identificar los obstáculos para implementar las normas existentes sobre salud reproductiva; b) identificar los efectos de la aplicación de la legislación sobre salud reproductiva en las vidas de las personas; c) identificar los obstáculos que impiden la aplicación efectiva de los derechos reproductivos definidos en la Constitución Nacional; y d) brindar información y formular recomendaciones que faciliten el debate y la implementación de la legislación pública para promover los derechos de salud reproductiva de los hombres y mujeres en Argentina. Este estudio se realizó en el marco de los esfuerzos del Banco Mundial para la reducción de la pobreza y una mejor salud reproductiva para las mujeres en Argentina.

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Capítulo de libro

Del reconocimiento a la vigencia: los derechos humanos de las mujeres en Argentina

Natalia Gherardi, Carla Zibecchi, Laura Pautassi
2010 | Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

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Artículo

El problema del procesamiento de información en la selección de tutelas por la Corte Constitucional, con especial atención al papel de las insistencias

Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Antonio Barreto Rozo
2010

Este artículo propone un marco de estudio para aproximarse al comportamiento judicial que tiene en consideración el problema del procesamiento de información en la toma de decisiones, por oposición a la postura dominante de los estudios en este tema en Estados Unidos y América Latina. Desde este enfoque, se hace una aproximación a la selección de tutelas por parte de la Corte Constitucional colombiana, con especial atención al mecanismo de la insistencia. Se concluye que el procesamiento de información sobre tutelas en la Corte Constitucional impide el aprendizaje al asignar las mayores responsabilidades a personas recién llegadas y muy jóvenes, al no estudiar sistemáticamente los resultados de diversas aproximaciones al asunto y al ocultar a los auxiliares judiciales y a los magistrados información sobre las opiniones de otros magistrados y otros funcionarios, así como la información sobre quién decidirá el caso después de ser seleccionado. El mecanismo de insistencia corrige parcialmente estos defectos.

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Documento

Cartografía de derechos trans en Costa Rica

Mulabi Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y OutRight Action International en relación con el marco legislativo y de políticas públicas que protege los derechos de las personas transgénero en Costa Rica. El informe proporciona información actualizada sobre el marco que se está desarrollando en torno a los derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud que tienen las personas trans, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades de Costa Rica que tienen como fin garantizar un mayor respeto por estos derechos en la legislación, las políticas y la práctica. El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convencio-nes internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. A pesar de que ha habido algunos avances positivos en cuanto a los documentos de iden-tidad, gracias a un “reglamento de fotografía” que permite a las personas trans conciliar la imagen que aparece en su documento de iden-tidad con la imagen que tienen de sí mismas, todavía parece haber confusión a nivel oficial con respecto a la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil exigen nada menos que una ley que garantice el pleno reconocimiento legal de género. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), han elaborado algunas directrices que buscan evitar la discriminación en el sistema educativo, incluyendo la discriminación basada en identidad de género. Esta orientación –junto con las nuevas políticas adoptadas por varias instituciones educativas costarricenses– debería ayudar a facilitar el goce del derecho a la educación por parte de las personas trans, pero el desafío será garantizar que estas directrices funcionen en la práctica. Con respecto al derecho al trabajo, y si bien el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la discriminación, la identidad de género no es un motivo de discriminación que se mencio-ne específicamente, y no hay políticas para promover el empleo de las personas trans. A pesar del amplio marco legislativo y de políticas que defiende el derecho de las personas trans a la salud, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta problemas culturales y estructurales en el sistema médico, en especial con respecto a la transición. Aún es necesario realizar mucho más trabajo para garantizar que las personas trans reciban el apoyo adecuado cuando se trata de las necesidades generales de salud y los procesos físicos y mentales involucrados en la transición. Esto al tiempo que las orga-nizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se realice una distinción entre los cuidados generales por VIH, por un lado, y políticas integrales de asistencia médica para las personas trans por el otro.

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Artículo

El problema del procesamiento de información en la selección de tutelas por la Corte Constitucional, con especial atención al papel de las insistencias

Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Antonio Barreto Rozo
2010

Este artículo propone un marco de estudio para aproximarse al comportamiento judicial
que tiene en consideración el problema del procesamiento de información en la toma de
decisiones, por oposición a la postura dominante de los estudios en este tema en Estados
Unidos y América Latina. Desde este enfoque, se hace una aproximación a la selección de
tutelas por parte de la Corte Constitucional colombiana, con especial atención al mecanismo de la insistencia. Se concluye que el procesamiento de información sobre tutelas en
la Corte Constitucional impide el aprendizaje al asignar las mayores responsabilidades a
personas recién llegadas y muy jóvenes, al no estudiar sistemáticamente los resultados de
diversas aproximaciones al asunto y al ocultar a los auxiliares judiciales y a los magistrados información sobre las opiniones de otros magistrados y otros funcionarios, así como
la información sobre quién decidirá el caso después de ser seleccionado. El mecanismo de
insistencia corrige parcialmente estos defectos.

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Documento

Asegurando el acceso a la educación inclusiva a través del acceso a la información pública

Mercedes Cavallo, Sofía Minieri
2013 | Asociación por los derechos civiles

Este documento presenta los resultados de una investigación llevada a cabo por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entre mayo de 2011 y mayo de 2012, en el marco del proyecto “Asegurando el Acceso a la Educación Inclusiva a través del Acceso a la Información Pública”. A la hora de desarrollar este proyecto, ADC se propuso: a) Analizar el contenido y alcance de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), entre otros instrumentos internacionales vinculados a las personas con discapacidad. b) Monitorear la implementación de la CDPD en materia de educación de las personas con discapacidad por parte de las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, a través del análisis del marco normativo que rige el sistema educativo nacional y provincial y las políticas educativas desarrolladas por las autoridades de ambas jurisdicciones. c) Investigar e identificar posibles falencias en materia de producción y acceso a información pública relevante sobre la materia, y realizar recomendaciones para eliminar estos problemas. d) Sugerir estrategias para eliminar las barreras que impiden quelas personas con discapacidad puedan acceder a una educación inclusiva.
Para alcanzar estas metas, ADC implementó un plan de trabajo en tres etapas. En un primer momento, se relevó la bibliografía existente en relación a la forma en que las sociedades y los Estados han percibido y valorado a la discapacidad a lo largo de los años. Este relevamiento nos permitió identificar cuatro modelos de discapacidad: el modelo tradicional, el modelo rehabilitador, el modelo social y el modelo de derechos humanos. Asimismo, analizamos el marco normativo inter-nacional (tratados, normas de derecho consuetudinario, etc.) vinculado a las personas con discapacidad y las resoluciones y recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de los Derechos del Niño, entre otros órganos de derechos humanos. Con el objetivo de comprender mejor tanto los modelos de discapacidad como el marco normativo internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, también entrevistamos a personas con discapacidad y a miembros de organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover los derechos de este grupo. Al incorporar la visión de las personas con discapacidad sobre la temática no sólo buscamos comprender mejor sus necesidades e intereses sino que, además, aspiramos a honrar el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros”
2 No obstante, “debe señalarse que el propio colectivo de personas con discapacidad es internamente heterogéneo. Esta característica impone lógicas de acción, prioridades y particularidades que permean no sólo el accionar de la sociedad civil sino también el de los organismos del estado que se vinculan con mayor nivel de inmediatez con esos sectores del colectivo general y que, en consecuencia, generan una sumatoria de respuestas de políticas también parciales y heterogéneas”
3 .En una segunda etapa, nos abocamos a monitorear el cumplimiento del artículo 24 de la CDPD, entre otras normas de la misma convención, por parte del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires. Con ese fin, identificamos y analizamos el marco normativo que regula el sistema educativo en ambas jurisdicciones (i.e. la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, leyes, decretos y resoluciones) y las políticas educativas implementadas a nivel nacional y provincial con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Además, entrevistamos a las autoridades gubernamentales encargadas del diseño y la implementación de estas políticas, maestros, académicos, representantes de organizaciones de padres y autoridades de organizaciones no gubernamentales que promueven el derecho a la educación de las personas con discapacidad. En esta segunda etapa también identificamos y analizamos las herramientas utilizadas por las autoridades educativas nacionales y provinciales para producir información relevante sobre la educación de las personas con discapacidad, y entrevistamos alas autoridades gubernamentales encargadas de su diseño e implementación. Con el objetivo de identificar la información pública disponible en materia de educación de las personas con discapacidad, también relevamos y estudiamos materiales de divulgación y reportes elaborados por las autoridades nacionales y provinciales. A través de este relevamiento, pudimos comprobar que muchos datos que considerábamos relevantes para la elaboración de este informe no estaban disponibles en los documentos consultados. En consecuencia, realizamos más de 20 pedidos de acceso a información pública, a través de los cuales planteamos más de 60 preguntas a distintos organismos públicos nacionales y provinciales. Dada la falta de respuesta a muchos de estos pedidos, iniciamos acciones de amparo contra diversos organismos provinciales. El objetivo de estas acciones es tener acceso a aquella información que consideramos crucial para que la sociedad civil pueda tener algún tipo de control y monitoreo sobre el accionar del Estado provincial en materia de educación inclusiva. La tercera y última parte de la investigación consistió en evaluar los resultados obtenidos a la luz de los principios es-tablecidos en la CDPD y su Protocolo Facultativo, para así proceder a la redacción del presente informe. Este análisis nos permitió determinar que, pese a que tanto la Ley de Educación Nacional 26.206 como la Ley de Educación Provincial 13.688receptan el principio de inclusión educativa, muchos de los 79.000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad que viven en la provincia de Buenos Aires encuentran una gran cantidad de barreras que les impiden ejercer su derecho a una educación inclusiva. Es nuestro interés que el presente trabajo constituya un aporte a los esfuerzos que han realizado y realizan tanto las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de las personas con discapacidad como las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires para promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad

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Artículo

La excepción al cumplimiento de los deberes de información y colaboración de los Abogados: ¿Atipicidad o justificación del blanqueo de capitales? Análisis de la Directiva 91/308/CE en su versión modificada por la directiva 2001/97/CE

María Camila Correa Flórez
2011

Partiendo del siguiente interrogante ¿Está el abogado “blanqueando” el dinero –a título de autor– al recibir sus honorarios, dentro del marco de un proceso de defensa penal, si el dinero con el que se le pagan es producto de un delito de narcotráfico, o de cualquier otra conducta delictiva?, se dice que la conducta está cubierta por la causa de justificación “ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. Pero no se considera que ésta no sea una causa de ausencia de antijuridicidad, sino una causa de atipicidad, por
tanto, se concluye que los abogados no incurren en el delito de blanqueo de capitales en el marco de un proceso de defensa. Luego se exponen las excepciones a los deberes de información de los abogados, cuando se encuentran frente
a un posible supuesto de blanqueo de capitales, consagradas en la Directiva 91/308/CE en su versión modificada por la Directiva 2001/97/CE y se establece que son causas de atipicidad de la conducta.

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Capítulo de libro

Protección de derechos y deliberación judicial interna: el caso “bandera” y los inicios de las teorías contemporáneas sobre libertad de expresión

Francisca Pou Giménez
2018 | Tirant lo Blanch

El homenaje que se rinde en estas páginas es el resultado de una profunda
reflexión sobre las condiciones en las que el cambio social y jurídico ha sido
posible a partir de la notable aportación del ministro José Ramón Cossío Díaz
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante los últimos años, se ha
advertido un dramático incremento de sentencias en materia de derechos
fundamentales en el país. Asuntos cuya discusión fue inimaginable en el pasado,
han sido activamente debatidos y resueltos por las y los ministros. Los autores
convocados se han dado a la tarea de narrar su propia percepción, desde el
espacio y la materia en que les tocó interactuar con el ministro Cossío, a fin de
presentar en este libro una imagen completa y ofrecer su perspectiva de cómo
diversas condiciones institucionales impulsadas bajo su liderazgo dieron lugar a
esa nueva actitud adoptada por la Suprema Corte.

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Capítulo de libro

Cambio constitucional y la arquitectura institucional de la Suprema Corte

Francisca Pou Giménez
2016 | Tirant lo Blanch

El rol de la Suprema Corte en la consolidación democrática de México es un libro inédito en la discusión académica del país. No sólo porque se trata de una obra que se integra a partir de las reflexiones de un conjunto de destacados académicos, nacionales y extranjeros, sobre un tema prácticamente inexplorado: el papel del tribunal constitucional mexicano en la consolidación democrática del país. ¿Cuáles son sus aportaciones en este sinuoso proceso?, ¿qué aspectos deben integrar la agenda futura de la Corte?, ¿en dónde residen los riesgos de la justicia constitucional en esta etapa política del país? Éstas y muchas otras preguntas justo se responden en este libro con información, inteligencia y lenguaje claro. Pero este libro también es original porque ofrece respuestas a este amplio abanico de interrogantes desde las trincheras de la ciencia política y el derecho, a partir de un novedoso conjunto de herramientas académicas. A lo largo de este texto es po-sible encontrar desde un análisis en clave histórica y política de ciertos precedentes, hasta estudios de comportamiento judicial, pasando por evaluaciones empíricas de diseño institucional, lo que le permite ofrecer una mirada fina de una de las instituciones clave del Estado mexicano. Una perspectiva capaz de destacar matices, asegunes y claroscuros. De tal manera que lo que el lector tiene entre sus manos, es un libro crítico, equilibrado y agudo sobre el desempeño de nuestra Suprema Corte en los pri-meros lustros de la democracia mexicana y los retos que tendrá que sortear en el futuro para asumir con responsabilidad el papel que le corresponde en la consolidación de esta nueva etapa política del país.

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Capítulo de libro

La construcción de la transparencia en la Corte: órganos, procedimientos y criterios jurisprudenciales

Francisca Pou Giménez
2010

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Capítulo de libro

Sin participación ni información: La libertad de expresión desde la perspectiva de los derechos de las mujeres

Carlos Zelada, Eduardo Bertoni
2009

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Artículo

Using litigation to defend women prosecuted for abortion in Mexico: challenging state laws and the implications of recent court judgments

Alma Luz Beltrán y Puga Murai, Regina Tamés
2014

While women in Mexico City can access free, safe and legal abortion during the first trimester, women in other Mexican states face many barriers. To complicate matters, between 2008 and 2009, 16 state constitutions were amended to protect life from conception. While these reforms do not annul existing legal abortion indications, they have created additional obstacles for women. Health providers increasingly report women who seek life-saving care for complications such as haemorrhage to the police, and some cases eventually end up in court. The Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) has successfully litigated such cases in state courts, with positive outcomes. However, state courts have mainly focused on procedural issues. The Mexican Supreme Court ruling supporting Mexico City’s law has had a positive effect, but a stronger stance is needed. This paper discusses the constitutional framework and jurisprudence regarding abortion in Mexico, and the recent Costa Rica decision of the Inter-American Court of Human Rights. We assert that Mexican states must guarantee women’s access to abortion on the legal grounds established in law. We continue to support litigation at the state level to oblige courts to exonerate women prosecuted for illegal abortion. Advocacy should, of course, also address the legislative and executive branches, while working simultaneously to set legal precedents on abortion.

Aunque las mujeres en el Distrito Federal de México tienen acceso a servicios gratuitos de aborto seguro y legal durante el primer trimestre, en otros estados mexicanos las mujeres enfrentan muchas barreras. Para complicar la situación, entre los años 2008 y 2009, 16 constituciones estatales fueron enmendadas para proteger la vida desde la concepción. Aunque estas reformas no anulan las causales existentes para el aborto legal, han creado otros obstáculos para las mujeres. Cada vez más los profesionales de la salud denuncian a la policía las mujeres que buscan tratamiento por complicaciones como hemorragia para salvar su vida, y en algunos casos van a parar a la corte. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha tenido éxito litigando tales casos en los tribunales estatales, con resultados positivos. Sin embargo, los tribunales estatales se han enfocado principalmente en asuntos procesales. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de México a favor de la ley del Distrito Federal ha tenido un efecto positivo, pero se necesita una postura más fuerte. En este artículo se discute el marco constitucional y la jurisprudencia con relación al aborto en México, así como las implicaciones de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al acceso a la fertilización in vitro en Costa Rica. Argumentamos que los estados mexicanos deben garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de aborto según las causales establecidas en la ley. Continuamos apoyando el litigio a nivel estatal para obligar a las cortes a exonerar a las mujeres procesadas por aborto ilegal. Por supuesto que las actividades de promoción y defensa también deben dirigirse a los poderes legislativo y ejecutivo, a la vez que procuran establecer precedentes jurídicos en cuanto al aborto.

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Artículo

De identidad e identidades. El derecho a la información y el derecho a conocer los orígenes de niños nacidos de reproducción humana asistida heteróloga

Eleonora Lamm, Marisa Herrera
2014

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