While women in Mexico City can access free, safe and legal abortion during the first trimester, women in other Mexican states face many barriers. To complicate matters, between 2008 and 2009, 16 state constitutions were amended to protect life from conception. While these reforms do not annul existing legal abortion indications, they have created additional obstacles for women. Health providers increasingly report women who seek life-saving care for complications such as haemorrhage to the police, and some cases eventually end up in court. The Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) has successfully litigated such cases in state courts, with positive outcomes. However, state courts have mainly focused on procedural issues. The Mexican Supreme Court ruling supporting Mexico City’s law has had a positive effect, but a stronger stance is needed. This paper discusses the constitutional framework and jurisprudence regarding abortion in Mexico, and the recent Costa Rica decision of the Inter-American Court of Human Rights. We assert that Mexican states must guarantee women’s access to abortion on the legal grounds established in law. We continue to support litigation at the state level to oblige courts to exonerate women prosecuted for illegal abortion. Advocacy should, of course, also address the legislative and executive branches, while working simultaneously to set legal precedents on abortion.

Aunque las mujeres en el Distrito Federal de México tienen acceso a servicios gratuitos de aborto seguro y legal durante el primer trimestre, en otros estados mexicanos las mujeres enfrentan muchas barreras. Para complicar la situación, entre los años 2008 y 2009, 16 constituciones estatales fueron enmendadas para proteger la vida desde la concepción. Aunque estas reformas no anulan las causales existentes para el aborto legal, han creado otros obstáculos para las mujeres. Cada vez más los profesionales de la salud denuncian a la policía las mujeres que buscan tratamiento por complicaciones como hemorragia para salvar su vida, y en algunos casos van a parar a la corte. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha tenido éxito litigando tales casos en los tribunales estatales, con resultados positivos. Sin embargo, los tribunales estatales se han enfocado principalmente en asuntos procesales. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de México a favor de la ley del Distrito Federal ha tenido un efecto positivo, pero se necesita una postura más fuerte. En este artículo se discute el marco constitucional y la jurisprudencia con relación al aborto en México, así como las implicaciones de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al acceso a la fertilización in vitro en Costa Rica. Argumentamos que los estados mexicanos deben garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de aborto según las causales establecidas en la ley. Continuamos apoyando el litigio a nivel estatal para obligar a las cortes a exonerar a las mujeres procesadas por aborto ilegal. Por supuesto que las actividades de promoción y defensa también deben dirigirse a los poderes legislativo y ejecutivo, a la vez que procuran establecer precedentes jurídicos en cuanto al aborto.