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Academia, Género,
Derecho y Sexualidad.
Marcela Huaita Alegre
Perú
Profesora Asociada en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En el marco de la Red, fue Co-Fundadora de la institución. Ha participado activamente de los Seminarios Permanentes de la Red ALAS comentando los trabajos "¿Un romance moderno? El Derecho Internacional Público y el Derecho Constitucional en el trabajo de la Corte Constitucional ecuatoriana" y "Familia y Constitución: reflexiones a partir de la constitucionalización del derecho".
Abogada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Estudios Legales Internacionales por la American University Washington College of Law. Diplomatura en Estudios de Género y Especialización en Docencia Universitaria del Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Es Profesora en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú e Investigadora asociada del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). Ha sido Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú y ha ocupado el cargo de Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, así como el cargo de Vicepresidenta del Comité de expertas del MESECVI/OEA. Ha trabajado para instituciones como Pro Ética, Defensoría del Pueblo, y Constella Futures.
Es experta en derechos humanos de la mujer, derechos de la niñez, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y barreras legales para la autonomía física, económica y política de la mujer en la Región de Latinoamérica. Transversalización del enfoque de género en las polítcas y gestión pública.
Es Profesora en los siguientes cursos: Familia, Metodología de la Investigación Jurídica, Derechos Fundamentales e Igualdad de Género, Diseño de políticas públicas en derechos humanos, Seminario de Tesis, Género Desarrollo y Políticas, Seminario de Investigación en Relaciones de Género.
En su trayectoria pueden identificarse los siguientes reconocimientos: Recibió el reconocimiento a la investigación PUCP 2019 por sus destacadas publicaciones y por su trayectoria como investigadora en la Universidad. Obtuvo una Beca para Pasantía del Convenio Center for Reproductive Law and Policy (CRLP) y Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 2002. En el 2001 recibió el Peter Ciccino Award for Outstanding Advocacy in the Public Interest. Otorgado por el Public Interest and Pro Bono Committee of the American University’s Washington College of Law.
Durante su gestión como Viceministra primero y luego como Ministra de la Mujer tuvo a su cargo ala incorporación como mandato legal de la transversalización del enfoque de género en el Estado Peruano, a través de la reorganización de su sector y la creación de una dirección ad hoc en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así mismo, contribuyó en obtener importantes avances legales para proteger a las víctimas de violencia: la ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; la aprobación del Plan contra la Violencia de Género y la ampliación del número de Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, incluyendo una ruta de atención para mujeres del sector rural.
PUBLICACIONES DISPONIBLES EN EL REPOSITORIO
Las mujeres como socias en la política pública de contención frente al coronavirus
Marcela Huaita Alegre
2020
AccederDía de la madre 2020: “Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora”
Marcela Huaita Alegre
2020
AccederCOVID 19, políticas públicas y su impacto en las mujeres
Marcela Huaita Alegre
2020
AccederLas mujeres como socias en la política pública de contención frente al coronavirus
Marcela Huaita Alegre
2020
AccederPeru: From Exclusionary Constitutionalism to a Transformative One, Progress and Remaining Challenges
Marcela Huaita Alegre
2021
This article covers the evolution of key gender relations issues in Peruvian constitutions for almost a century, from 1931 to 2021. It analyses the path travelled from the exclusion of women as citizens to the achievement of parity in political participation; the transformation of the equality clause into one that has the possibility to incorporate discrimination based on sexual orientation as a prohibited category; as well as changes in the conception of maternity protection by the State, until one arrives at a provision that recognizes the right of people to decide individually about their reproductive choices.
The article also reports on the participation of women in the struggle for these gains, their initiatives both in formal and
informal spaces, as well as the demands of first and second wave feminist movements. All these points are organised
through categories coined by Ruth Rubio Marín, to understand constitutionalism from a gender perspective: exclusionary, inclusive, participatory, and transformative constitutionalism.
Entrevista a Marcela Huaita. Decreto de Urgencia N° 023-2020
Marcela Huaita Alegre
2020 | Enfoque Derecho
En la presente entrevista, Marcela Huaita, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y docente de Derecho de Familia en la PUCP, nos brinda sus apreciaciones sobre el Decreto de Urgencia N° 023-2020, el cual permite que las personas puedan solicitar los antecedentes policiales de sus parejas.
AccederEntrevista a Marcela Huaita sobre el libro "Género y Corrupción" en IDL Radio
Marcela Huaita Alegre
2020 | IDEHPUCP
Marcela Huaita, investigadora asociada del IDEHPUCP, fue entrevistada en el programa No Hay Derecho de IDL Radio. Durante el diálogo, abordaron, apropósito de la reciente publicación del libro "Género y Corrupción", el impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres.
AccederAdolescentes: Derecho al aseguramiento y atención en salud sexual, reproductiva y mental en el Perú. Balance normativo
Marcela Huaita Alegre, Julissa Chávez Granda, Connie Vila Córdova
2020 | UNICEF Perú
El presente estudio se realiza en el marco del Programa de Cooperación Perú – UNICEF 2017-2021 que busca promover los derechos de las y los adolescentes, las niñas y los niños, y la creación de oportunidades equitativas para que cada uno de ellos, sin distinción de género, etnia, lugar de residencia, condición de vida o de cualquier otra índole, desarrollen su potencial. Tiene como uno de sus componentes contribuir a que las y los adolescentes cuenten con mayores oportunidades para disfrutar de una vida saludable, aprender a lo largo de ella y ejercer plenamente su ciudadanía.Los objetivos de este informe son:• Identificar y analizar las barreras y vacíos nor-mativos de diferentes niveles que limitan el acceso de la población adolescente a los servicios de salud para prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia en las Ipress (Instituciones Prestadoras de Servi-cios de Salud) administradas por las diferen-tes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS, teniendo como referencia el nivel de cumplimiento de los compromisos vinculantes y no vinculantes del Estado peruano y las observaciones es-tablecidas por el Comité de los Derechos del Niño.• Identificar y analizar el nivel de consistencia y coherencia entre las diferentes normativas emitidas por el Estado peruano para la prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia en adolescentes.• Identificar y analizar las barreras y vacíos normativos para el acceso de adolescentes a un seguro de salud desde las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS.• Identificar y analizar el nivel de consistencia y coherencia entre la normatividad emitida por el ente rector en salud (Ministerio de Salud), y los documentos o protocolos emitidos por las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS en relación con la prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia en adolescentes. En ese sentido, en el informe, luego de abordar algunas problemáticas que se dan en torno a la categoría adolescente y el reconocimiento de sus capacidades, revisa las obligaciones del Estado frente al derecho a la salud que este grupo de nuestra población debe gozar. Uno de estos ámbitos es el de aseguramiento en salud, tema poco abordado desde la perspectiva de las y los adolescentes. Por ello el estudio busca identificar y analizar las barreras y vacíos normativos para el acceso de adolescentes a un seguro de salud desde las diferentes IAFAS, teniendo en cuenta, especialmente, aquellas barreras y vacíos normativos que limitan el acceso de la población adolescente a los servicios de salud para prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia.La principal conclusión, a nivel del sistema de salud, es la necesidad de conciliar las diferentes visiones de los y las adolescentes que se encuentran en la normatividad peruana para garantizar su derecho a la salud. Se identifica que aún persisten normas restrictivas que limitan los criterios de elegibilidad para esta población, como por ejemplo la remisión de la Ley General de Salud a la norma del Código Civil que define a la población adolescente como incapaces absolutos (doce a dieciséis años) o relativos (dieciséis a dieciocho años) y por tanto no pueden dar consentimiento sin la presencia de padres o tutores, lo mismo que se contrapone al estándar de confidencialidad y privacidad (aceptabilidad) recomendado por la Convención sobre los Derechos del Niño.De otro lado, establecer los catorce años como una edad determinada para dar consentimiento válido para el inicio de relaciones sexuales no violatorias de su integridad sexual es problemático, especialmente por el factor cultural. Dado que si bien puede proteger a determinadas adolescentes porque determina una violación presunta, también puede oponerse a la accesibilidad a los servicios sin discriminación por razón de la edad. En materia de aseguramiento, el sistema de salud peruano está fragmentado y segmentado lo cual ocasiona que no se sepa exactamente cuántos seguros tiene una persona. Si bien ello no se restringe al grupo adolescente, resulta importante mencionarlo porque afecta el goce del derecho a la salud para este grupo poblacional.La cobertura del aseguramiento en salud está alcanzando a la población adolescente en mayor medida que a la población en general. A pesar de ello existe 20% de la población adolescente sin seguro (Censo 2017), es decir, poco más de medio millón de peruanos y peruanas. Sin embargo, el número de adolescentes que no tienen algún seguro aumenta con la edad: se pasa de 93,334 adolescentes que a los doce años sin con seguro, a 112,706 que a los diecisiete años no cuentan con uno, aumentando de 17% a 23% los que carecen de él, según datos del Censo 2017. Las y los adolescentes de algunas regiones del país, especialmente las del sur, podrían estar en-frentando mayor dificultad para gozar de algún tipo de seguro (Puno, Tacna, Arequipa, Madre de Dios, Ica, Lima provincias, La Libertad, Piura).El SIS es el gran asegurador para la población adolescente, seguido de EsSalud. Sin embargo, del total de adolescentes que gozan de algún tipo de seguro de salud, aproximadamente el 3% tiene una cobertura en planes por debajo del PEAS.En las IAFAS públicas no se oferta el PEAS en todos los casos, existiendo por ejemplo más de un 10% de adolescentes de EsSalud que no reciben PEAS completo. De acuerdo a SuSalud solo las IAFAS de las Fuerzas Armadas y Policiales estarían ofertando el PEAS a toda la población adolescente que está bajo su régimen. En el sistema privado los autoseguros son los que estarían ofreciendo en mayor medida PEAS completos para este grupo poblacional.La cobertura en torno a la violencia intrafamiliar está prevista en el PEAS en relación únicamen-te con manifestaciones de violencia física. Otras relativas a salud mental, como la depresión, no están asociadas a la violencia intrafamiliar, pe-ro sí están previstas de manera autónoma, de manera tal que si se le identifica debería tener la cobertura correspondiente. Los períodos de carencia o espera varían entre IAFAS (SIS, Es-Salud; Seguros privados), sin que ello esté, en apariencia, debidamente justificado con estu-dios actuariales. En el SIS la ficha de focalización de hogares puede constituirse en una barrera de ingreso, cuando la o el adolescente proveniente de una familia no pobre recurre al sistema de manera independiente, dado que por sí mismo no constituye un hogar y es persona dependiente de su familia de origen1. Además, existe riesgo de pérdida de seguro al cambiar de situación labo-ral personalmente o sus padres, especialmente cuando tiene que pasar de EsSalud al SIS, por-que EsSalud no les da de baja pero tampoco les atienden luego del período que la ley prevé y en el SIS aparecen como con cobertura.Uno de los temas de mayor alarma por su incons-titucionalidad es que algunas IAFAS públicas no cubren los gastos por maternidad a las hijas ado-lescentes embarazadas, porque no se extiende el concepto de “beneficiario” del sistema al producto de su embarazo. Al respecto, hay norma-tividad interna expresa tanto en EsSalud como en Saludpol e IAFAS de las FFAA. No así en los seguros privados que sí le dan cobertura.Además, en algunas IAFAS de las Fuerzas Arma-das y Policía se excluye de cobertura a las hijas
hijos que se casan, sin especificar edad, y en el caso de la Policía también hay exclusión expre-sa en los casos de las adolescentes que deciden convivir con su pareja.La eficiencia técnica de la provisión de servicios de atención de salud a las y los adolescentes se ve comprometida por las barreras antes reseñadas y por algunas propias de la oferta del servicio; por ejemplo, que para gozar del derecho no es suficiente la partida de nacimiento que evi-dencie la vinculación parental, sino que deben estar inscritos en una ficha familiar en las IAFAS de las FFAA.Asimismo, desde el sector público se identifica una ausencia de indicadores relativos a la etapa de vida adolescente en el documento que regula precisamente la medición de avances de los programas presupuestales. Barrera en el nivel instrumental pero que va a tener un fuerte impacto en el nivel programático y organizativo, dado que se opone a la disponibilidad de data de programas estratégicos. Esperamos que el presente estudio contribuya a reflexionar sobre la importancia de garantizar la salud de la población adolescente pues ello sin duda contribuirá a asegurar sus derechos, mejorar su futuro y el de nuestro país.
La tutela de la imagen de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual desde la legislación peruana. Comentario a sentencia de vista recaída en el Expediente N.° 00105-201
Marcela Huaita Alegre
2018
AccederLa obligación de todas las entidades del Estado (y de privados) de aplicar el enfoque de género
Marcela Huaita Alegre
2019
AccederLa Mujer Peruana en la Legislación del Siglo XX
Marcela Huaita Alegre, María Alejandra Saravia Pinazo, T. L. Quintanilla
1997 | Comisión de la Mujer del Congreso de la República
AccederIntegrating Gender into Legal Education: The Obstacles, Challenges, and Possibilities
Marcela Huaita Alegre
1999
AccederIntroducción
Marcela Huaita Alegre
1999 | La Morada Corporación de Desarrollo de la Mujer
AccederDesigualdades de género en las consecuencia económico-financieras del divorcio
Marcela Huaita Alegre
1999 | La Morada Corporación de Desarrollo de la Mujer
AccederDerecho de custodia, neutralidad de género, Derechos Humanos de la mujer e interés superior del niño o niña
Marcela Huaita Alegre
1999 | La Morada Corporación de Desarrollo de la Mujer
AccederIgualdad en el Matrimonio y en la Familia
Marcela Huaita Alegre
2001 | ILANUD
AccederBalance de las Responsabilidades del Estado: Convención Belem do Pará 5 años despúes. Una revisión de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Región Suramericana Perú
Marcela Huaita Alegre
2001 | ILANUD
AccederDerechos de las personas usuarias y resolución de conflictos en los servicios de Salud: Guía de capacitación
Marcela Huaita Alegre, G. H. Moreno, Iván Ormachea-Choque, M. Ríos
2005 | Asociación Peruana de Derecho Sanitario
AccederGuidelines for Establishing Centers to Implement Alternative Dispute Resolution to Increase Access to Healthcare
Marcela Huaita Alegre, Iván Ormachea-Choque, María Amalia Pesantes
2007 | USAID
This booklet presents guidelines on using alternative dispute resolution (ADR) mechanisms to increase access to healthcare, particularly for poor and vulnerable populations. The ADR approach uses techniques such as negotiation, mediation, conciliation, and multi-actor dialogue to enable clients and providers to work together to resolve concerns about health service access, quality, and other issues. While it is important to have such mechanisms in place for the general public, it is especially beneficial for the poor, who are more likely to face barriers to service access, lack of information, and mistreatment or discrimination from healthcare providers. To help operationalize the ADR approach, the USAID-funded POLICY Project provided technical and financial assistance to establish five Centers for the Resolution of Conflicts in Health (CEPRECS) in Peru from 2001–2004. The centers are managed by local NGOs and employ multidisciplinary teams of individuals with legal and health service backgrounds. The centers’ Boards of Directors include leaders from various sectors as a way of fostering widespread community support. The CEPRECS experience demonstrated that the centers provided a much-needed venue to receive and address complaints to protect the rights of users in health facilities. During the period 2002–2004, the five centers addressed about 750 cases dealing with issues such as mistreatment, lack of information, difficulties using the social insurance system, lack of informed consent, and violations of privacy. The outcomes of the individual cases show that conflicts in health facilities can be resolved through the involvement of civil society and collaboration with healthcare policymakers and providers. Moreover, by collating information from individual cases to respond to issues from a systemic perspective, the five centers were successful in promoting policy decisions to improve local public health systems and services. While there is still much work to be done to ensure access to healthcare, guarantee high-quality health services, and promote respect of the right to healthcare without discrimination, the CEPRECS model contributes to these goals by resolving conflict at the individual level, strengthening community consensus, and fostering policy change at the systems level. To further promote the use of ADR in health settings, Task Order 1 of the USAID | Health Policy Initiative has prepared guidelines based on the experiences and lessons learned from using ADR and operating a CEPRECS. This document reviews the implementation process of the five local-level centers in Peru and outlines the CEPRECS operational model. It also presents guidelines for replicating the model, focusing on five key principles and associated strategies that were critical to the success of the Peruvian centers: 1.Use a problem-solving approach consistently at all levels of implementation. 2.Citizens, authorities, and health personnel must work together to improve the health system. 3.Users must know their rights in health facilities and have appropriate channels in order to fully exercise those rights. 4.Be aware of the specific needs of vulnerable population groups and tailor ADR services accordingly. 5.Consider sustainability from the beginning. The guidelines presented in this booklet can be adapted for implementation in a variety of contexts, including rural or urban areas, public or private sector facilities, clinics, hospitals, and community or other health facilities. Readers should consider their own local context and characteristics of the health sector and draw on existing national laws and regulations when replicating the CEPRECS model.
AccederDerecho a la salud: Alcances, obligaciones estatales y balance de políticas públicas
V. Carrasco, O. Castillo, M. Codero, Marcela Huaita Alegre
2007 | Defensoría del Pueblo
AccederReformulación de la interpretación social, concepto de género y su aplicación
Marcela Huaita Alegre
2009 | IDEHPUCP
AccederPerspectiva de género, teorías y alcance del concepto
Marcela Huaita Alegre
2009 | IDEHPUCP
AccederBalance sobre normatividad y políticas públicas a favor del acceso de adolescentes a servicios de prevención y atención integral en SSR/ VIH/SIDA
Marcela Huaita Alegre, C. S. Vila, C. N., ed. Hidalgo, A. M., ed. Quintana
2009 | UNFPA
AccederSituación, barreras legales y alternativas frente a la penalización de las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes de 14 a 18 años de edad
Movimiento Manuela Ramos, PROMSEX, UNFPA, Marcela Huaita Alegre
2010 | Movimiento Manuela Ramos
AccederUN Convention against corruption. Civil society review: Peru 2011
Marcela Huaita Alegre
2011 | Proética
AccederLas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado peruano: Un balance de su cumplimiento
Carolina Garcés Peralta, Marcela Huaita Alegre, Ricardo Villanueva Valverde, Mayda, dir. Ramos Ballón
2011 | Defensoría del Pueblo
AccederAdolescencia: Por el respeto de los derechos sexuales y reproductivos
Marcela Huaita Alegre
2011 | Movimiento Manuela Ramos
AccederDiscurso de inauguración Sra. Viceministra de la Mujer
Marcela Huaita Alegre
2014 | AECID
AccederPresentación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Marcela Huaita Alegre
2016 | INEI
AccederContexto actual de la violencia contra la mujer en el Perú
Marcela Huaita Alegre
2016
Acceder"Luchar por las mujeres es fortalecer al Ministerio de la Mujer"
Marcela Huaita Alegre
2017
AccederLa CEDAW como marco de referencia de las sentencias del Tribunal Constitucional peruano
Marcela Huaita Alegre
2017
Acceder"Corrupción, acceso a la justicia y violencia contra la mujer"
Marcela Huaita Alegre
2018
AccederMatrimonio y mayoría de edad en el Perú: ¿a los 14 años?
Marcela Huaita Alegre, Julissa Chávez Granda
2019
AccederLa ratificación de la CEDAW como hito en la lucha por los derechos de las mujeres en el Perú
Marcela Huaita Alegre, Gissela Cornejo Castellano
2019
En el Perú, la ratificación de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), dada a inicios de los 80, se enmarca en un proceso de transición no sólo política sino entre dos generaciones de mujeres activistas. Una de ellas es el grupo de mujeres profesionales, que luego de la conquista del voto han sido llamadas a participar en la vida política, como Matilde Pérez Palacio, primera abogada PUCP y luego diputada por Acción Popular, y otras que han fundado organizaciones no gubernamentales de protección a la infancia y a la madre abandonada como María Vita de Álvarez. Destacadas profesionales vinculadas siempre al Consejo Nacional de Mujeres, creado en 1923, como Sara Pérez Palacio,
Olga Paredes Lañas de De Olarte y muchas más. Esta generación de mujeres, entre las cuales encontramos un importante contingente de abogadas PUCP, es a la que les toca dar opinión positiva para la ratificación de la CEDAW, lo cual hacen desde sus instituciones, pero sin acallar la crítica que les merece la situación de postergación que vivían las mujeres. Por otro lado, una siguiente generación de mujeres activistas de la segunda ola del movimiento feminista peruano es quien reivindicará la CEDAW años después, y a las que les tocará en su momento asumir la responsabilidad pública y política, como les tocó a la generación que las antecedió.