En el Perú, la ratificación de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), dada a inicios de los 80, se enmarca en un proceso de transición no sólo política sino entre dos generaciones de mujeres activistas. Una de ellas es el grupo de mujeres profesionales, que luego de la conquista del voto han sido llamadas a participar en la vida política, como Matilde Pérez Palacio, primera abogada PUCP y luego diputada por Acción Popular, y otras que han fundado organizaciones no gubernamentales de protección a la infancia y a la madre abandonada como María Vita de Álvarez. Destacadas profesionales vinculadas siempre al Consejo Nacional de Mujeres, creado en 1923, como Sara Pérez Palacio,
Olga Paredes Lañas de De Olarte y muchas más. Esta generación de mujeres, entre las cuales encontramos un importante contingente de abogadas PUCP, es a la que les toca dar opinión positiva para la ratificación de la CEDAW, lo cual hacen desde sus instituciones, pero sin acallar la crítica que les merece la situación de postergación que vivían las mujeres. Por otro lado, una siguiente generación de mujeres activistas de la segunda ola del movimiento feminista peruano es quien reivindicará la CEDAW años después, y a las que les tocará en su momento asumir la responsabilidad pública y política, como les tocó a la generación que las antecedió.