Academia, Género,
Derecho y Sexualidad.
Profesora Titular y Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
En el marco de la Red, fue Co-Fundadora de la institución. Ha conversado sobre la sentencia conocida como "Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica sobre violaciones a los derechos humanos de personas con infertilidad", documento que sentó un precedente importante al aclarar que el sujeto de protección de la vida desde la concepción es la mujer embarazada. Ha impartido clase con la temática de derechos sexuales y reproductivos en el sur global. Ha participado en capítulos publicados por la Red ALAS, tales como "Capítulo 4. Salud", en La Mirada de los Jueces: Género y Sexualidad en la Jurisprudencia latinoamericana, o "La Objeción de conciencia en salud sexual y reproductiva. Una ilustración a partir del caso chileno", en Más allá del Derecho. Justicia y género en América Latina.
Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Bachelor of Arts (Advanced) en Desarrollo Regional y Urbano por la University of Saskatchewan. Máster (LL.M.) por la Faculty of Law de la University of Toronto. Doctorado (Ph.D.) por la Faculty of Law de la University of Ottawa.
Es Profesora Titular y Miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Es Directora del Centro de Derechos Humanos de la misma Casa de Estudios. Es Presidenta del Directorio de la Asociación de Protección a la Familia.
Es experta en violencias contra las mujeres, acceso a la justicia y género, género y derecho, discriminación, derechos sexuales y reproductivos.
Brinda los cursos de Seminario (guía de tesis), Género y Justicia, Discriminación, Sexismo y Prejuicio.
Su trayectoria cuenta con los siguientes reconocimientos:
- Distinción Sindical “Fresia Arcos” Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales. En reconocimiento a su contribución en la defensa y promoción de
los derechos de las mujeres trabajadoras (2018).
- Distinción Mujer Destacada 2017 de ComunidadMujer por su
trayectoria y el avance de la igualdad de género de las mujeres en Chile (2017).
- Distinción por el aporte académico al Instituto de Estudios Judiciales (2015).
- Medalla de Honor por Destacada contribución Individual a la Planificación Familiar. Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental (2001).
Ha participado del lanzamiento de un documento con el objetivo de contribuir al debate y presentar nuevas posibilidades para pensar en una constitución con perspectiva de género en Chile. Ha propuesto que el proceso de cambio que vive Chile favorezca una transformación en el lenguaje social y jurídico, que por siglos ha invisibilizado a mujeres y a las personas de la diversidad sexual bajo el paradigma de una supuesta neutralidad y objetividad. Colaboró en la creación del Diploma de Honor de Género para los y las estudiantes de la Universidad Diego Portales.
Fuera de dedicar buena parte de su vida a la docencia y la investigación, participar de la Mesa por el Aborto Legal en Chile, intenta pasar su tiempo libre al aire libre, trabajando en su compostera con sus lombrices, cultivando plantas en el jardín, cuidando las que ya tiene, podando árboles y asegurando que los colibríes que visitan el jardín tengan néctar y pueda verlos a lo lejos junto a las abejas y los abejorros. Cuando no está en el jardín, cocina y le encanta invitar a cenar y charlar con sus amigos y amigas.
En representación de la ANEF y de la ANFUSEM SERNAMEG, la abogada Lidia Casas defendió ante el Tribunal Constitucional el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
AccederEste libro es una compilación de trabajos que fueron seleccionados luego de su presentación en el primer encuentro académico sobre Justicia, Género y Sexualidad, realizado en Santiago de Chile el 13 y 14 de julio de 2009. El encuentro que da paso a esta publicación fue organizado conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la Red Latinoamericana de Académicos/as de
En Chile, el aborto no es legal, ni tan siquiera para salvar la vida o salud de la mujer. Esta situación crea graves dilemas y vulnerabilidades tanto para las mujeres como para los profesionales médicos. La incidencia del aborto probablemente ha disminuido desde 1990, último año en que se estudiaron los datos, debido al aumento en el uso de anticonceptivos y al descenso en fertilidad; además, las tasas de muertes y complicaciones también han disminuido. Misoprostol está disponible, pero en los hospitales chilenos aún se utiliza el legrado uterino instrumental (LUI) para el aborto incompleto. Aunque la ley exige que los profesionales médicos chilenos denuncien abortos ilegales a las autoridades, menos del 1% de las mujeres en hospitales con complicaciones son reportadas. Existen dos lagunas: una jurídica y una clínica. La ‘‘interrupción del embarazo’’ después de 22 semanas de gestación es legal para indicaciones médicas, lo cual puede salvar la vida de las mujeres pero también forzar la prolongación de embarazos que ponen en riesgo su salud. Las directrices clínicas católicas definen las intervenciones cuyo objetivo exclusivo es salvar la vida de la mujer, aun si el feto muere, no como aborto sino como ‘‘aborto indirecto’’ y permisible. Desde 1989, los tres proyectos de ley para liberalizar la ley por motivos terapéuticos fueron infructuosos. El clima político no es favorable para cambiar la ley. Los conservadores tampoco han logrado hacer la ley más punitiva, mientras que la coalición gobernante de centro–izquierda esta ́ dividida y existen considerables riesgos políticos en abogar por leyes menos restrictivas.
AccederAbstract Chile allows abortion under no circumstances. Whether it’s fetal anomaly incompatible with life or congenital malformation resulting in little or no life expectancy, all Chilean women are expected to carry their pregnancies to term. In this context, in January 2015 the Chilean Congress began debating a bill to legalize abortion on three grounds, including fatal congenital malformation. The medical community, including midwives, has presented its views for and against, especially on how the law may affect clinical practices; in addition, women, many of whom have experienced a fatal congenital malformation diagnosis, have weighed in. This qualitative study draws on 22 semi-structured interviews with nine certified nurse-midwives, one neonatologist, nine obstetrician-gynecologists, one psychiatrist, one psychologist, and one sociologist who provide care during gestation, pregnancy, delivery, and postdelivery in the public and private sectors, plus three interviews with two women and the former partner of a woman who underwent the experience. These interviews starkly illustrate the plight facing women carrying nonviable fetuses, including women’s shock upon receiving the diagnosis, their feelings of bereavement and loss, and the clinical practices used in an attempt to ease their suffering under the weight of exceedingly difficult legal restrictions. These interviews confirmed that compelling women to carry nonviable fetuses to term violates their human rights. They also show that the chances of legislative change are real and that such change will present new challenges to the Chilean health care system.
AccederObjective
To assess Chilean medical and midwifery students’ attitudes and willingness to become trained to provide abortion care, shortly after abortion was decriminalised in 2017.
Design
We fielded a cross-sectional, web-based survey of medical and midwifery students. We used generalised estimating equations to assess differences by type of university and degree sought.
Setting
We recruited students from a combination of seven secular, religiously-affiliated, public and private universities that offer midwifery or medical degrees with a specialisation in obstetrics and gynaecology, located in Santiago, Chile.
Participants
Students seeking medical or midwifery degrees at one of seven universities were eligible to participate. We distributed the survey link to medical and midwifery students at these seven universities; 459 eligible students opened the survey link and 377 students completed the survey.Primary and secondary outcomesIntentions to become trained to provide abortion services was our primary outcome of interest. Secondary outcomes included moral views and concerns about abortion provision.resultsMost students intend to become trained to provide abortion services (69%), 20% reported that they will not provide an abortion under any circumstance, half (50%) had one or more concern about abortion provision and 16% agreed/strongly agreed that providing abortions is morally wrong. Most believed that their university should train medical and midwifery students to provide abortion services (70%–79%). Secular university students reported higher intentions to provide abortion services (beta 0.47, 95% CI: 0.31 to 0.63), more favourable views (beta 0.52, CI: 0.32 to 0.72) and were less likley to report concerns about abortion provision (adjusted OR 0.47, CI: 0.23 to 0.95) than students from religious universities.
Conclusion
Medical and midwifery students are interested in becoming trained to provide abortion services and believe their university should provide this training. Integrating high-quality training in abortion care into medical and midwifery programmes will be critical to ensuring that women receive timely, non-judgemental and quality abortion care.
Las normas de protección a la maternidad han sido un vehículo para salvaguardar la infancia, la familia, la sociedad toda (el bien común), pero escasamente para proteger a la mujer en cuanto ciudadana. Instar por estas normas ha sido resistida a lo largo del siglo con argumentos que cruzan distintas épocas, como por ejemplo, que proteger a las mujeres tendría un impacto perjudicial en su empleabilidad, aludiendo a factores como el encarecimiento de la mano de obra, la limitación en la gestión de recursos humanos en la empresa o que el trabajo remunerado femenino es un mal menor, pues abandona las tareas de cuidado y crianza. A este discurso se suma el biomédico que busca la protección de la infancia a través de la lactancia y la salud de los infantes. Solo en los últimos años se recoge en el discurso la equidad de género.
AccederThis article examines, from a human rights perspective, the experience of women, and the practicesof health care providers regarding abortion in Chile. Most abortions, as high as 100,000 a year, are obtainedsurreptitiously and clandestinely, and income and connections play a key role. The illegality of abortioncorrelates strongly with vulnerability, feelings of guilt and loneliness, fear of prosecution, physical andpsychological harm, and social ostracism. Moreover, the absolute legal ban on abortion has a chilling effect onhealth care providers and endangers women’s lives and health. Although misoprostol use has significantlyhelped to prevent greater harm and enhance women’s agency, a ban on sales created a black market.Against this backdrop, feminists have taken action in aid of women. For instance, a feminist collectiveopened a telephone hotline,Linea Aborto Libre(Free Abortion Line), which has been crucial in informingwomen of the correct and safe use of misoprostol. Chile is at a crossroads. For the first time in 24 years,abortion law reform seems plausible, at least when the woman’s life or health is at risk and in cases of rapeand fetal anomalies incompatible with life. The political scenario is unfolding as we write. Congressionalapproval does not mean automatic enactment of a new law; a constitutional challenge is highly likely andwill have to be overcome.
AccederWhile Chile sees itself as a country that has fully restored human rights since its return todemocratic rule in 1990, the rights of teenagers to comprehensive sexuality education are still notbeing met. This paper reviews the recent history of sexuality education in Chile and relatedlegislation, policies and programmes. It also reports a 2008 review of the bylaws of 189 randomlyselected Chilean schools, which found that although such bylaws are mandatory, the absence ofbylaws to prevent discrimination on grounds of pregnancy, HIV and sexuality was common. Inrelation to how sexual behaviour and discipline were addressed, bylaws that were non-compliantwith the law were very common. Opposition to sexuality education in schools in Chile is predicatedon the denial of teenage sexuality, and many schools punish sexual behaviour where transgression isperceived to have taken place. While the wider Chilean society has been moving towards greaterrecognition of individual autonomy and sexual diversity, this cultural shift has yet to be reflectedin the government’s political agenda, in spite of good intentions. Given this state of affairs, theChilean polity needs to recognise its youth as having human rights, or will continue to fail in itscommitment to them.
AccederEn Chile el tratamiento y respuesta al fenómeno de la violencia intrafamiliar ha cambiado sustancialmente desde la primera ley dictada en 1994 hasta la fecha. Se ha transitado desde un enfoque terapéutico hacia uno de respuestas más represivas, entregando con ello competencia para conocer de estos actos al sistema de justicia penal. Indagar, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, acerca del impacto de las modificaciones legales de los últimos años es el objeto del presente trabajo.
AccederChile is one of the last countries in the world where abortion is absolutely illegal. This paper reports on a study of 80 women who were prosecuted in Santiago for having had an abortion, mostly young women, eight of whom became pregnant followingrape; 40 women who were prosecuted forperforming aborh’ons, almost all older women; and 12 mainly friends and relatives who wereprosecuted as accomplices. Most of the women who had abortions were single mothers; many were domestic workers who had migrated to the city from the countryside. The great majority were reported to the police by the public hospital where they sought treatment for complications. Many spent time in prison, and most had no legal representation or were defended by inexperienced law students from Legal Aid. This paper highlights the gender and poverty-related discrimination thatpoor women having abortions face in Chile, and how the law is used to undermine medical confidentiality Although the number of court cases for abortion has been decreasing in Chile since the mid-1980s, the threat ofprosecution will persist as long as abortion remains illegal.
AccederAbortion is not legal in Chile even to save the woman’s life or health. This situationcreates serious dilemmas and vulnerabilities for both women and medical practitioners. Abortionincidence has probably decreased since 1990, when data were last studied, due to increased useof contraception and lower fertility, and deaths and complication rates have fallen as well.Misoprostol is available, but Chilean hospitals are still using D&C for incomplete abortions. AlthoughChilean medical professionals should by law report illegal abortions to the authorities, less than 1%of women in hospital with abortion complications are reported. There are two loopholes, one legal,one clinical. ‘‘Interruption of pregnancy’’ after 22 weeks of pregnancy is legal for medicalreasons; this may save some women’s lives but can also force prolongation of health-threateningpregnancies. Catholic clinical guidelines define interventions solely aimed at saving the woman’slife, even if the fetus dies, not as abortion but ‘‘indirect abortion’’ and permissible. Since 1989, threebills to liberalise the law on therapeutic grounds have been unsuccessful. The political climate isnot favourable to changing the law. Conservatives have also not succeeded in making the law morepunitive, while the governing centre–left coalition is divided and the associated political risksare considerable.
AccederLos adolescentes enfrentan obstáculos culturales e institucionales al momento de concurrir a los servicios de salud en busca de atención en salud sexual y reproductiva. Los jóvenes que se autoperciben de riesgo en VIH/SIDA experimentan discriminación por consideraciones socioeconómicas, y se vulnera su derecho a acceder a servicios de salud bajo un marco de confidencialidad, desconociendo el principio de autonomía progresiva y la evolución de sus facultades. La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), ratificada por Chile, provee un marco jurídico que propicia un diálogo y una nueva relación de los adolescentes con la familia, el Estado y la sociedad, e instala un nuevo paradigma a partir del cual la infancia y la adolescencia son consideradas sujetos de derechos.
AccederLa Guía de Habilidades que presentamos a continuación es el resultado de un proceso, cuyo propósito es entregar herramientas para la resolución de conflictos, la aplicación del consentimiento informado y la confidencialidad de la información para los Programas de Salud Sexual y Reproductiva de la Atención Primaria del país, a través de orientaciones básicas para el apoyo de los profesionales y los equipos de salud. Esta guía es producto del trabajo mancomunado entre los profesionales de la salud que participaron en los Talleres y el equipo de profesionales de CORSAPS.
El concepto que hemos utilizado en estos talleres sobre salud sexual y reproductiva es el que ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud OMS) “como la condición en la cual se logra el proceso reproductivo en un estado de completo bienestar físico, mental y social para la madre, el padre y los hijos/as y no solamente en ausencia de enfermedad o trastornos de dicho proceso. Según la OMS, la salud sexual se refiere al completo bienestar físico y psicológico en el plano sexual y supone la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales de la sexualidad, de manera que se enriquezcan y estimulen la personalidad, la comunicación y el amor”.
Durante 2011, Chile presentó el informe de medio tiempo al Examen Periódico Universal (EPU) y deberá hacerlo al Comité para la Elimi-nación de la Discriminación contra de la Mujer en 2012. Este capítulo realiza una evaluación crítica de las políticas, acciones y programas en los distintos ejes del Plan de Igualdad de Oportunidades del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y de sus omisiones en los ámbitos po-lítico, económico y socio cultural, a la luz los estándares internaciones sobre protección de los derechos humanos de las mujeres. El énfasis de este capítulo estará en revisar aquellas materias relacionadas con la igualdad en los ámbitos de la participación política, en el trabajo y la familia; además, se centrará en los derechos sexuales y reproductivos, y en la violencia en contra de las mujeres. Entre las conclusiones más importantes, se obtiene que, sin ciudadanía plena, las mujeres no pue-den gozar ni ejercer sus derechos.
AccederBackground and objectives
While Chile recently decriminalized abortion in cases of rape, lethal fetal anomaly, and to save a woman's life, most abortions are still criminalized. We assessed medical and midwifery school faculty and students' views on punishing and reporting people involved in unlawful abortion, and their understanding of their obligation to protect patient confidentiality and to report unlawful abortions.
Methods
We interviewed 30 medical and midwifery school clinician faculty from seven public, private, secular and Catholic-affiliated universities, all located in the metropolitan region of Santiago, Chile. Medical (n = 239) and midwifery (n = 79) students at these same seven universities completed an online survey. We coded faculty interview transcripts, and analyzed codes related to maintaining patient confidentiality and reporting unlawful abortion. We summarized student views related to reporting and imprisoning people involved in unlawful abortion, and used general estimating equation (GEE) models to identify the factors associated with support for criminalization.
Results
Faculty and students generally did not support reporting or imprisoning anyone involved in an unlawful abortion and believed that protecting patient information takes precedence over reporting. Yet, faculty described pressures to report in the public sector and several cases where they or their colleagues were involved in reports. Most students somewhat/strongly agreed (78%) that patient information concerning an unlawful abortion should be kept confidential; 35% strongly/somewhat agreed that a clinician involved in an unlawful surgical abortion should be imprisoned, and 18% agreed that the woman involved should be imprisoned, with students from secular universities being significantly less likely to support reporting and punishing people involved in unlawful abortion, than students from Catholic universities.
Discussion
There is a need to clarify clinicians' ethical obligations in abortion care, in particular in Catholic universities, so that they can ensure that their patients have access to high quality confidential health care services.
Este trabajo examina los alcances de la decisión Artavia Murillo vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Examina sus implicancias no solo en lo relativo a la interpretación que la Corte realiza del artículo 4.1 de la Convención Americana, que ha servido de fundamento en Chile y otros paí-ses de la región para prohibir la anticoncepción de emergencia, sino también en cuanto alienta el desarrollo normativo de la ciudadanía reproductiva. La de-cisión va más allá de reconocer a las personas que pueden utilizar técnicas de reproducción asistida, anclando los derechos sexuales y reproductivos como conceptos en el derecho internacional de los derechos humanos.
AccederEste artículo mostrará los caminos que se han seguido, con variadas perspectivas, para
reformar la regulación del aborto en Chile. Al cierre de la edición de este artículo, se están tramitando propuestas de ley en el Congreso para regular el aborto por causales y un proyecto de Código Penal que tuvo entre sus antecedentes el aborto por plazo, que está recogido en la reciente iniciativa de un grupo de senadores. En este escenario, hasta el momento el Ejecutivo no ha dado luces sobre si avanzará con un proyecto propio o adherirá a algunos de los existentes. Cada una de estas posibilidades presenta interrogantes y múltiples desafíos para obtener su aprobación. Pero la principal pregunta es si tendrán como encuadre los derechos de las mujeres y la autonomía reproductiva.
This study examines the theoretical framework underlying Chilean legislation on sexual harassment in the workplace, notably to determine if the legislation has succeeded in uncovering and addressing the gender injustice and inequality involved in sexual harassment.This study further reviews whether the legislation adopted in 2005 is meeting its intended goal of protecting targets from harm by providing effective relief, penalizing perpetrators, and promoting adequate labour relations and climate.A combination of research methods were employed, notably a review of the legal scholarship, of Chile’s regulatory framework for sexual harassment, and of administrative and court system jurisprudence involvingtargets and perpetrators fromthe periodprior to theenactment of the legislation in March 2005 through to October 2014. Quantitative sexual harassment data were drawn from a nationwide household survey conducted in 2011 by Proyecto Araucaria (“Research, Policy and Practice With Regard to Work-Related Mental Health Problems in Chile: A Gender Perspective”)The study also includedinterviews with key informantsand focus groups with female workers.This study concludes that the debate between the equality versus protection of personal dignity paradigms is an abstract discussion not reflected in the practices of justice system actors, and that for the law to be effective, a sociopolitical and legal context facilitating recourse to it is required. Rather than considering onlythe formal resort to the relief provided in the law, it is crucialto examinethe actual practices of individuals seeking to advance the protection of their rights.
AccederEste capítulo tiene como propósito examinar, a través de un procedi-miento de trabajo de carácter mixto –incluyendo entrevistas a profe-sionales de la salud, revisión de datos empíricos y jurisprudencia na-cional e internacional– los problemas éticos, legales y administrativos vinculados a la práctica médica de esterilización quirúrgica en niñas y mujeres competentes y con discapacidad mental en Chile.En el caso de mujeres competentes, este capítulo muestra que en di-versas oportunidades son los profesionales de la salud quienes deciden acerca de la esterilización y no siempre la persona afectada participa de una toma de decisión que debe ser libre e informada. Las entrevistas muestran que los médicos, matronas y matrones niegan u obstaculi-zan el acceso al servicio, porque creen que las mujeres jóvenes pueden arrepentirse en el futuro. Pese al cambio en las normas que regulan la materia, algunos profesionales de la salud aún creen necesaria la parti-cipación del varón en la solicitud de esterilización o, peor aún, realizan el procedimiento sin el previo consentimiento del paciente, tal como lo demuestra la jurisprudencia nacional analizada en este estudio.En lo referido a la esterilización en niñas y mujeres con discapacidad intelectual, las entrevistas reflejan que es un tema conflictivo que atra-viesa las fronteras entre medicina, bioética y derechos humanos. Por un lado, están quienes se muestran a favor de la esterilización involuntaria de las personas con discapacidad intelectual (en adelante, también, discapacidad mental). Ellas lo hacen bajo el pretexto de la preocupación que plantea hacerse cargo del cuidado de esas personas y sus hijos ante un eventual embarazo, especialmente en Chile, donde todavía no hay sistema de apoyos para la crianza. Lo anterior es claramente contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, encontramos a quienes desestiman el procedimiento, porque consideran que someter a una persona a una esterilización no consenti-da constituye una vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos. Lo cierto es que, como muestran las entrevistas y los datos obtenidos, la esterilización involuntaria de personas con discapacidad mental no es una práctica masiva o rutinaria en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, este trabajo argumenta que siguiendo un enfoque consistente con los estándares internacionales de los derechos, los profesionales médicos no deben menospreciar la capacidad de decidir de las niñas, adolescen-tes y mujeres con discapacidad intelectual, y que no es legítimo evaluar de forma anticipada, en virtud del simple hecho de presentar la persona una discapacidad psíquica o intelectual, si está o no en condiciones para ejercer la maternidad con todo lo que ello implica.
AccederBackground
In August 2017, Chile lifted its complete ban on abortion by permitting abortion in three limited circumstances: 1) to save a woman’s life, 2) lethal fetal anomaly, and 3) rape. The new law allows regulated use of conscientious objection (CO) in abortion care, including allowing institutions to register as objectors. This study assesses medical and midwifery students’ support for CO, following legal reform.
Methods
From October 2017 to May 2018, we surveyed medical and midwifery students from seven universities located in Santiago, Chile. Universities included 4 secular (2 public and 2 private) and 3 private religiously-affiliated universities; all offering medical degrees with a specialization in obstetrics and gynecology (ob-gyn) and five offering midwifery degrees. We used generalized estimating equations (GEE) to identify characteristics associated with student support for CO, intentions to use CO to refuse to care for someone seeking abortion, and support for CO at the institutional level.
Results
333 of the 413 eligible students who opened the survey, completed the questions on conscientious objection; 26% were seeking medical degrees with an ob-gyn specialty, 25% were seeking midwifery degrees, and 49% were seeking medical degrees and had not yet decided their specialty. While nearly all endorse requirements for conscientious objecting clinicians to inform (92%) and refer (91%) abortion-seeking patients, a minority (18%) would personally use conscientious objection to avoid caring for a patient seeking abortion (12% secular and 39% religious university students). About half of religious-university students (52%) and one-fifth of secular-university (20%) students support objections at the institutional level.
Conclusions
Most students support the regulated use of CO which preserves patients’ access to abortion care. Religious-university student views on the use of conscientious objection in abortion care are discordant with those of their institutions which currently support institutional-level objections.
Este artículo reflexiona sobre objeción de conciencia y salud reproductiva en dos casos paradigmáticos: la anticoncepción de emergencia y la esterilización voluntaria. Se plantean varias preguntas respecto de la objeción de conciencia en el campo de la salud reproductiva y de los dilemas éticos (y políticos) de los cuales, como sociedad democrática, debemos hacernos cargo.
AccederUntil as recently as September 2017, Chile was one of the few countries in the world that did not permit abortion under any circumstances. Although the Health Code had permitted therapeutic abortion (i.e., on health grounds) from 1931, this was repealed in 1989 as one of General Pinochet’s last acts in office. It took more than 25 years to reverse the ban. Finally, a new act was approved allowing abortion on three grounds: when a woman’s life is in danger, when there are fetal anomalies incompatible with life, and in the case of rape. Since the law allows abortion only in limited cases, most women must continue to seek illegal abortions, as previously. In this paper, we explore the historical context in which Chile’s 2017 bill was finally passed. We then analyze the legislative debate leading up to the passage of the law. Lastly, we present the results of a community-based participatory research effort carried out by an alliance between feminist and human rights organizations. Chile’s law was passed almost two years ago, and this research shows the persistence of various obstacles that hinder women’s access to legal abortion, such as the use of conscientious objection, a lack of trained health care providers, and a lack information for women.
Acceder