En Chile, el aborto no es legal, ni tan siquiera para salvar la vida o salud de la mujer. Esta situación crea graves dilemas y vulnerabilidades tanto para las mujeres como para los profesionales médicos. La incidencia del aborto probablemente ha disminuido desde 1990, último año en que se estudiaron los datos, debido al aumento en el uso de anticonceptivos y al descenso en fertilidad; además, las tasas de muertes y complicaciones también han disminuido. Misoprostol está disponible, pero en los hospitales chilenos aún se utiliza el legrado uterino instrumental (LUI) para el aborto incompleto. Aunque la ley exige que los profesionales médicos chilenos denuncien abortos ilegales a las autoridades, menos del 1% de las mujeres en hospitales con complicaciones son reportadas. Existen dos lagunas: una jurídica y una clínica. La ‘‘interrupción del embarazo’’ después de 22 semanas de gestación es legal para indicaciones médicas, lo cual puede salvar la vida de las mujeres pero también forzar la prolongación de embarazos que ponen en riesgo su salud. Las directrices clínicas católicas definen las intervenciones cuyo objetivo exclusivo es salvar la vida de la mujer, aun si el feto muere, no como aborto sino como ‘‘aborto indirecto’’ y permisible. Desde 1989, los tres proyectos de ley para liberalizar la ley por motivos terapéuticos fueron infructuosos. El clima político no es favorable para cambiar la ley. Los conservadores tampoco han logrado hacer la ley más punitiva, mientras que la coalición gobernante de centro–izquierda esta ́ dividida y existen considerables riesgos políticos en abogar por leyes menos restrictivas.