Hace catorce años, al finalizar mi doctorado, me entrevisté con la directora para temas de género en América Latina del Banco Mundial. Al término de nuestra conversación me dijo: ‘Yo creo que en cuanto reformas legales, en América Latina ya hemos logrado lo suficiente, no hay mucho más que debamos hacer.” Esa frase me impactó y, a mi regreso a Bogotá, pensé mucho en su alcance. Por una parte, parecía tener razón; cada vez las mujeres tenemos más derechos. Hemos pasado de ser protegidas casi exclusivamente como madres, a tener el derecho a la igualdad consagrado constitucionalmente; somos titulares de una ley de cuotas que reglamenta la efectiva participación de la mujer en los cargos de dirección y manejo en el sector público; nuestros derechos laborales son protegidos de una manera reforzada; y hemos sido testigos de la criminalización del acoso , los aumentos en la penalización de la violencia doméstica y de la contabilización del trabajo de cuidado en las cuentas nacionales así como la obligación de los partidos y movimientos políticos de incluir un porcentaje de mujeres en sus listas para cargos de elección popular. Estos son solo algunos ejemplos del amplio conjunto de normas encaminadas a promover la igualdad de género o, por lo menos, corregir las dificultades que enfrentan las mujeres por el hecho de ser mujeres