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Justice and Experimentalism: The Judiciary’s Remedial Function in Public Interest Litigation in Argentina
Paola Bergallo
Since the 1994 constitutional reform, a group of lawyers, public defenders and societal organizations have turned to the courts in search of new spaces for participation in the pursuit of social change. To this end, they have increasingly promoted public interest litigation,[1]defined as a judicial claim in the form of an individual or collective lawsuit that seeks the structural transformation of state institutions to promote the respect of rights and democratic values established in the Constitution.
AccederVíctimas inocentes, falsos positivos y la normalización de la muerte violenta en México y Colombia
Julieta Lemaitre Ripoll
2015 | Libraria
AccederFetichismo Legal: Derecho, Violencia y Movimientos Sociales en Colombia.
Julieta Lemaitre Ripoll
2007
AccederLa Iglesia Católica, el sexo y la sexualidad en América Latina: Más allá de la distinción público/privado
Isabel Cristina Jaramillo Sierra
2009 | Libraria
AccederMapping Academic Exchanges: Beyond the North-South Divide
Isabel Cristina Jaramillo Sierra
2014
AccederViolencia de género ejercida en el ámbito familiar contra niños, niñas y adolescentes percibidos como parte de la población LGTBI: Características del fenómeno en el Perú y los estándares internacionales de protección frente a ella
Julissa Chávez Granda, Gissela Cornejo Castellano, Marcela Huaita Alegre, María Alejandra Saravia Pinazo
2019 | Fondo Editorial del Poder Judicial
AccederLa ratificación de la CEDAW como hito en la lucha por los derechos de las mujeres en el Perú
Marcela Huaita Alegre, Gissela Cornejo Castellano
2019
En el Perú, la ratificación de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), dada a inicios de los 80, se enmarca en un proceso de transición no sólo política sino entre dos generaciones de mujeres activistas. Una de ellas es el grupo de mujeres profesionales, que luego de la conquista del voto han sido llamadas a participar en la vida política, como Matilde Pérez Palacio, primera abogada PUCP y luego diputada por Acción Popular, y otras que han fundado organizaciones no gubernamentales de protección a la infancia y a la madre abandonada como María Vita de Álvarez. Destacadas profesionales vinculadas siempre al Consejo Nacional de Mujeres, creado en 1923, como Sara Pérez Palacio,
Olga Paredes Lañas de De Olarte y muchas más. Esta generación de mujeres, entre las cuales encontramos un importante contingente de abogadas PUCP, es a la que les toca dar opinión positiva para la ratificación de la CEDAW, lo cual hacen desde sus instituciones, pero sin acallar la crítica que les merece la situación de postergación que vivían las mujeres. Por otro lado, una siguiente generación de mujeres activistas de la segunda ola del movimiento feminista peruano es quien reivindicará la CEDAW años después, y a las que les tocará en su momento asumir la responsabilidad pública y política, como les tocó a la generación que las antecedió.
El “museo-internet” y los restos digitales
Chloé S. Georas Santos
2011 | Libraria
AccederLa contingencia de las políticas propietarias: Un examen de los supuestos de la teoría política propietaria en los contextos de justicia social y medioambientales puertorriqueños
Érika Fontánez Torres
2008 | Libraria
AccederEl derecho a decidir o derecho a la procreación
Alejandro Madrazo Lajous
2010 | Libraria
Acceder¿Criminales y enemigos? El narcotraficante mexicano en el discurso oficial y en el narcocorrido
Alejandro Madrazo Lajous
2013 | Libraria
Acceder¿Criminales y enemigos?: El narcotraficante mexicano en el discurso oficial y en el narcocorrido
Alejandro Madrazo Lajous
2013 | Libraria
AccederJusticia de las imágenes, justicia por las imágenes: Algunos apuntes para pensar la relación entre el Derecho Penal y la representación de la atrocidad masiva
Esteban Restrepo Saldarriaga
2014 | Libraria
AccederConstitucionalismo y derechos lingüísticos en América Latina: una discusión preliminar
Francisca Pou Giménez
2012 | Libraria
Como es sabido, uno de los rasgos característicos de las constituciones latinoamericanas tras la tercera ola democratizadora es el reconocimiento del pluralismo cultural. La región ha dejado atrás lo que Raquel Yrigoyen llama el horizonte del “constitucionalismo liberal asimilacionista” propio del siglo XIX y el horizonte del “constitucionalismo social integracionista” propio del siglo XX y ha acogido textos desde los que se vislumbra el “constitucionalismo pluralista” propio del siglo XXI, marcado por el reconocimiento del variado trasfondo cultural de las poblaciones de nuestros países y por la voluntad de incorporar derechos y otras protecciones para los pueblos indígenas.
Estas previsiones constitucionales incluyen típicamente el derecho a usar y transmitir las lenguas históricas —las cuales, en ocasiones, son declaradas oficiales o cooficiales en parte del territorio estatal—. La Constitución de Bolivia, por ejemplo, declara oficiales 36 lenguas indígenas junto con el castellano y establece que los poderes públicos deben usar al menos dos de ellas —el castellano y otra que debe fijarse teniendo en cuenta una serie compleja de factores—. La Constitución mexicana —por citar un texto que ocuparía un lugar mucho más modesto en el “continuo” del reconocimiento constitucional del multilingüismo— dispone que los pueblos y las comunidades indígenas tienen autonomía para “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad” e insta a las autoridades federales y locales a que, en conjunción con ellos, incrementen los niveles de escolaridad “favoreciendo la educación bilingüe e intercultural”.