La práctica de esterilización en niñas y mujeres competentes y con discapacidad psíquica o intelectual en Chile

Juan José Álvarez, Lidia Casas Becerra, Sofía Salas Ibarra
| CDH Centro de Derechos Humanos

Este capítulo tiene como propósito examinar, a través de un procedi-miento de trabajo de carácter mixto –incluyendo entrevistas a profe-sionales de la salud, revisión de datos empíricos y jurisprudencia na-cional e internacional– los problemas éticos, legales y administrativos vinculados a la práctica médica de esterilización quirúrgica en niñas y mujeres competentes y con discapacidad mental en Chile.En el caso de mujeres competentes, este capítulo muestra que en di-versas oportunidades son los profesionales de la salud quienes deciden acerca de la esterilización y no siempre la persona afectada participa de una toma de decisión que debe ser libre e informada. Las entrevistas muestran que los médicos, matronas y matrones niegan u obstaculi-zan el acceso al servicio, porque creen que las mujeres jóvenes pueden arrepentirse en el futuro. Pese al cambio en las normas que regulan la materia, algunos profesionales de la salud aún creen necesaria la parti-cipación del varón en la solicitud de esterilización o, peor aún, realizan el procedimiento sin el previo consentimiento del paciente, tal como lo demuestra la jurisprudencia nacional analizada en este estudio.En lo referido a la esterilización en niñas y mujeres con discapacidad intelectual, las entrevistas reflejan que es un tema conflictivo que atra-viesa las fronteras entre medicina, bioética y derechos humanos. Por un lado, están quienes se muestran a favor de la esterilización involuntaria de las personas con discapacidad intelectual (en adelante, también, discapacidad mental). Ellas lo hacen bajo el pretexto de la preocupación que plantea hacerse cargo del cuidado de esas personas y sus hijos ante un eventual embarazo, especialmente en Chile, donde todavía no hay sistema de apoyos para la crianza. Lo anterior es claramente contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, encontramos a quienes desestiman el procedimiento, porque consideran que someter a una persona a una esterilización no consenti-da constituye una vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos. Lo cierto es que, como muestran las entrevistas y los datos obtenidos, la esterilización involuntaria de personas con discapacidad mental no es una práctica masiva o rutinaria en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, este trabajo argumenta que siguiendo un enfoque consistente con los estándares internacionales de los derechos, los profesionales médicos no deben menospreciar la capacidad de decidir de las niñas, adolescen-tes y mujeres con discapacidad intelectual, y que no es legítimo evaluar de forma anticipada, en virtud del simple hecho de presentar la persona una discapacidad psíquica o intelectual, si está o no en condiciones para ejercer la maternidad con todo lo que ello implica.

Justicia, género y sexualidad: primer encuentro académico, Santiago de Chile 2009

Lidia Casas Becerra, Sandra Dughman, Ximena Andrea Gauché Marchetti, Chloé S. Georas Santos, Nicole Lacrampette, Alejandro Madrazo Lajous, Adriana Palavecino, Gabriela Robledo, Constanza Toro
| CDH Centro de Derechos Humanos

La respuesta estatal a la violencia intrafamiliar

Lidia Casas Becerra, Macarena Vargas Pavez

En Chile el tratamiento y respuesta al fenómeno de la violencia intrafamiliar ha cambiado sustancialmente desde la primera ley dictada en 1994 hasta la fecha. Se ha transitado desde un enfoque terapéutico hacia uno de respuestas más represivas, entregando con ello competencia para conocer de estos actos al sistema de justicia penal. Indagar, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, acerca del impacto de las modificaciones legales de los últimos años es el objeto del presente trabajo.

Derecho y Perspectiva de género: Un encuentro necesario

Julissa Mantilla Falcón
2016

Tradicionalmente, el análisis de género no ha sido incorporado al desarrollo ni el análisis del Derecho, desconociéndose su importancia y utilidad, sobre todo al momento de garantizar los derechos humanos. Desde las facultades de Derecho, son otros los enfoques que se priorizan en la formación jurídica, lo cual tendrá impacto en el desarrollo profesional de los futuros abogados y abogadas, sobre todo si se incorporan al Ministerio Público o la administración de
justicia, por ejemplo. Por ello, es fundamental entender la importancia del
análisis de género en la aplicación del Derecho, comprender las dimensiones de este enfoque e identificar los estereotipos de género presentes en la normativa y la jurisprudencia.

La justicia transicional y los derechos de las mujeres: Posibilidades y Retos

Julissa Mantilla Falcón
2015

El presente artículo versa sobre la Justicia Transicional y su relación con los derechos de las mujeres. La autora define el concepto de este término y da a conocer un listado de los derechos que éste engloba, asimismo menciona que las mujeres no han sido debidamente incorporadas en los procesos de Justicia Transicional al no tener estos una perspectiva de género, lo cual es necesario que ocurra. Finalmente, la autora señala que se han tenido informes más verídicos cuando se aplicó este enfoque de género.

La importancia de la aplicación del enfoque de género al Derecho: asumiendo nuevos retos

Julissa Mantilla Falcón
2013

Violencia sexual en las relaciones de pareja: el derecho al aborto y la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos

Natalia Gherardi, Cecilia Gebruers, Camila Hoyos
2015 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

Este documento describe los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la atención de las mujeres víctimas de violencia en relación con su derecho al aborto, a partir de algunos interrogantes centrales: ¿cuáles son las obligaciones del sector salud para la atención de las mujeres víctimas de violencia de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos? ¿Cuáles son sus obligaciones frente al derecho de las mujeres víctimas de violencia a interrumpir voluntariamente el embarazo? Quienes tienen responsabilidades de organización de los servicios de salud a nivel nacional, provincial y municipal encontrarán en este documento lineamientos para diseñar políticas públicas de salud con un enfoque de derechos.

Legislación Laboral en Seis Países Latinoamericanos. Avances y omisiones para una mayor equidad

Natalia Gherardi, Laura Pautassi, Eleonor Faur
2004 | CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe

El presente estudio analiza las regulaciones nacionales en materia de Derecho del Trabajo en seis países de la región: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. Para ello, se comparan los aspectos más relevantes de los ordenamientos legales aplicables, sus disparidades, las políticas aplicadas por las entidades gubernamentales con competencia en la materia y las barreras que el ordenamiento jurídico impone agravando de ese modo la situación de facto que atraviesan las mujeres al momento de insertarse en el mercado de trabajo.
En ese sentido, reviste especial interés el análisis de los principios del derecho laboral y la diferencia entre mujeres y hombres, situación que también es analizada en los Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en las Constituciones políticas de cada uno de los países seleccionados.A su vez, se presta especial consideración a los mecanismos legales que promueven o expulsan a las mujeres del mundo del trabajo, la existencia de normas que fomenten la armonización del trabajo remunerado y el trabajo reproductivo; el alcance de disposiciones que promuevan las responsabilidades familiares compartidas por la pareja; y la presencia de normas que conciban la maternidad como responsabilidad social y no individual. Por último se analiza especialmente el impacto de la flexibilización laboral implementada en los últimos años y las reformas en materia de seguridad social en cada uno de los países seleccionados.
El estudio se inscribe en el marco del proyecto "Políticas laborales con enfoque de género" que ejecuta la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ);. El proyecto busca fomentar la implementación de medidas a favor de la equidad de género en las políticas laborales, tanto a nivel nacional como local, y fortalecer la capacidad de diálogo y concertación en esta materia de las Oficinas de la Mujer, los Ministerios de Trabajo, otros actores institucionales gubernamentales y la sociedad civil.

La administración pública y el acceso a la justicia: una oportunidad para la materialización de los derechos sociales

Natalia Gherardi
2009 | Editores del Puerto

Femicidios sin cuarentena: prevención y atención de las violencias en contexto de aislamiento social

Natalia Gherardi
2020 | Universidad de Buenos Aires

En este artículo se analizan las desigualdades por razones de género frente a la crisis desatada por la pandemia del Covid-19. La desigual distribución del cuidado al interior de las familias y las violencias que muchas veces existen en los vínculos familiares cobran un significado particular frente a la disposición de aislamiento social, preventivo y obligatorio. La necesidad de asegurar el sostenimiento de la vida cotidiana en circunstancias extraordinarias y la sobrecarga de las tareas de cuidado respecto de niñas, niños, adolescentes y personas mayores pueden generar mayores tensiones y derivar en situaciones de violencia o agravar las violencias ya existentes.
Para abordar estos desafíos, es imprescindible diseñar políticas públicas de prevención y atención de las violencias con un enfoque de género y una perspectiva interseccional.

Derecho y violencia en el posconflicto colombiano: formación y transformación del Estado tras el Acuerdo de Paz

Julieta Lemaitre Ripoll,
2019

El Acuerdo de Paz suscrito con las FARC en 2016 se extiende más allá del fin de la guerra y de las medidas para el desarme, desmovilización y reincorporación de los exguerrilleros. Una parte importante de este acuerdo está dedicada a la ampliación de la presencia del Estado colombiano en aquellas áreas del país que antes se encontraban bajo el control de las FARC. La premisa tras esta expansión, compartida tanto por la élite colombiana como por los exlíderes guerrilleros, es que si el Estado permanece ausente entonces estas áreas serán ocupadas por organizaciones criminales interesadas en controlar el comercio de cocaína de las FARC y, en términos más generales, que los amplios y poco poblados territorios descenderán, aún más, a la barbarie. Esta premisa es reminiscente de la vieja aspiración a una identidad nacional modelada por la oposición entre civilización y barbarie. Especialmente desde la expedición de la Constitución de 1991, la imposición de la civilización se ha identificado cada vez más con la expansión del Estado de derecho y, por lo tanto, con los poderes míticos de la ley para organizar a la sociedad y controlar la barbarie. Aquí, la violencia se equipara a la ausencia de la ley, y se considera que el remedio para la violencia es la expansión del “Estado social de derecho”; esa forma de Estado que recoge el principio del Estado de derecho en la Constitución colombiana. La narrativa fundacional de la civilización y la barbarie, reflejada en la esperanza puesta en el Estado de derecho y el conjunto de recetas para la construcción estatal por el Acuerdo de Paz de 2016, continúa oscureciendo las continuidades entre la ley y la violencia, y particularmente el hecho de que la ejecución del derecho en territorios que antes “carecían de ley”, reproduce la violencia del momento de adopción de la legalidad. Las exploraciones tanto teóricas como empíricas del actual proceso de expansión del Estado colombiano demandan un análisis crítico de las esperanzas depositadas en la ley. Un análisis crítico de este tipo debe tener en cuenta las continuidades entre la ley y la violencia exploradas en la filosofía política contemporánea y desarrollada por la etnografía de Jean y John Comaroff. La utilidad de este enfoque se resalta en los ensayos de este dossier, que comparten el impulso de interrumpir la narrativa fundacional de civilización y barbarie que aparece en las instituciones del posconflicto colombiano.

Justicia injusta: Una crítica feminista a la conciliación en violencia conyugal

Julieta Lemaitre Ripoll
2002

La principal respuesta estatal frente a la violencia conyugal es la conciliación. Éste es un mecanismo que, por la forma como está planteada en la ley y como se lleva a cabo en la práctica, no es efectivo ni justo. Hay una gran tendencia al incumplimiento de los acuerdos, y por eso no es efectivo. A menudo los acuerdos son presionados por el funcionario o por el agresor y, por tanto, no son justos. Lo que subyace a esta situación es que, en general, el legislador subestima la violencia conyugal como violación de derechos humanos, tratando de igual manera los casos más y menos graves, e instando siempre a la conciliación. El origen de esta ceguera es el enfoque adoptado por la ley que es de resolución de problemas. Para que funcione la conciliación en violencia conyugal se debe, primero, limitar los casos en los que voluntariamente las partes pueden acceder a la conciliación, teniendo claro que no procede en los casos más graves. Segundo, urge cambiar de enfoque por uno que permita el empoderamiento de la víctima y la reconstitución del vínculo sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo.

El problema del procesamiento de información en la selección de tutelas por la Corte Constitucional, con especial atención al papel de las insistencias

Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Antonio Barreto Rozo
2010

Este artículo propone un marco de estudio para aproximarse al comportamiento judicial que tiene en consideración el problema del procesamiento de información en la toma de decisiones, por oposición a la postura dominante de los estudios en este tema en Estados Unidos y América Latina. Desde este enfoque, se hace una aproximación a la selección de tutelas por parte de la Corte Constitucional colombiana, con especial atención al mecanismo de la insistencia. Se concluye que el procesamiento de información sobre tutelas en la Corte Constitucional impide el aprendizaje al asignar las mayores responsabilidades a personas recién llegadas y muy jóvenes, al no estudiar sistemáticamente los resultados de diversas aproximaciones al asunto y al ocultar a los auxiliares judiciales y a los magistrados información sobre las opiniones de otros magistrados y otros funcionarios, así como la información sobre quién decidirá el caso después de ser seleccionado. El mecanismo de insistencia corrige parcialmente estos defectos.

Cartografía de derechos trans en Colombia

Aquelarre Trans, OutRight Action International, PAIIS
2016 | OutRight Action International

Este breve informe presenta los hallazgos investigativos del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), de Aquelarre Trans y de OutRight Action International, en relación con el respeto de los derechos de las personas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas colombianas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades colombianas que tienen como fin de garantizar un mayor respeto por estos derechos. El informe muestra que Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. A través de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha protegido los intereses de las personas trans, ha establecido la identidad de género como un criterio sospechoso de discriminación, y ha ampliado el derecho al libre desarrollo de la personalidad para incluir el derecho a elegir la identidad propia. Sin embargo, como lo demuestra este informe, en la práctica la realidad es diferente. A pesar del hecho de que la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia para proteger a las personas trans de la discriminación, la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género continúa existiendo. Los derechos de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. ...Sin embargo...en la práctica la realidad es diferente y transgéneros (LGTB) en Colombia no están garantizados debido a la facultad discrecional de las autoridades judiciales y administrativas, que a menudo anteponen sus opiniones prejuiciosas a la hora de hacer cumplir la ley, o desconocen las necesidades y derechos de estas comunidades. El derecho al reconocimiento legal degénero –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– ha ganado impulso recientemente el Colombia. Hasta hace poco, era muy difícil que una persona pudiera cambiar el sexo de su registro civil. Pero dos sentencias de la Corte Constitucional en 2015 cambiaron esto y, con la participación de organizaciones de personas trans, los Ministerios del Interior y de Justicia expidieron un nuevo decreto que permite el cambio de sexo en los documentos de identidad para mayores de 18 años con la simple declaración de voluntad de la persona. No obstante, y a pesar de estos avances legales positivos, varios obstáculos –incluyendo los enfoques impredecibles de los tribunales inferiores y los notarios– obstruyen el pleno goce del derecho al reconocimiento legal de género de las personas trans y, a su vez, los derechos asociados, incluyendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A esto se suman los problemas que existen para los hombres trans debido a la libreta militar. En el área de la educación, y a pesar de fuertes sentencias de la Corte Constitucional que defienden los derechos de las personas trans para acceder a la educación, la comunidad trans enfrenta múltiples problemas. Estos problemas incluyen la discriminación reforzada por una falta de comprensión sobre la orientación sexual e identidad de género, y la incapacidad de lidiar con la transfobia y el acoso, lo que ha convertido a algunas instituciones educativas en ambientes hostiles para las personas trans. El derecho de las personas trans a tener un trabajo decente y productivo se ve socavado por la discriminación, por barreras legales y administrativas, incluyendo los problemas causados por la libreta militar, y por el hecho de que algunas profesiones se han “transexualizado”, lo que quiere decir que las personas trans en la práctica están limitadas a trabajos específicos de baja remuneración y a menudo ingresan al mercado laboral mediante el trabajo sexual. A pesar del hecho de que el derecho a la salud en Colombia se ha desarrollado signi-ficativamente, con más sentencias fuertes de la Corte Constitucional, una gran proporción de la comunidad trans en Colombia ha sido víctima de discriminación por parte del Estado y de actores privados. Mientras que el Decreto 1227 permite la rectificación del sexo en los documentos de identidad, el sistema de salud aún no permite a las personas trans acceder a transformaciones corporales ni a tratamientos hormonales sin primero someterlas un proceso de patologización.

El problema del procesamiento de información en la selección de tutelas por la Corte Constitucional, con especial atención al papel de las insistencias

Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Antonio Barreto Rozo
2010

Este artículo propone un marco de estudio para aproximarse al comportamiento judicial
que tiene en consideración el problema del procesamiento de información en la toma de
decisiones, por oposición a la postura dominante de los estudios en este tema en Estados
Unidos y América Latina. Desde este enfoque, se hace una aproximación a la selección de
tutelas por parte de la Corte Constitucional colombiana, con especial atención al mecanismo de la insistencia. Se concluye que el procesamiento de información sobre tutelas en
la Corte Constitucional impide el aprendizaje al asignar las mayores responsabilidades a
personas recién llegadas y muy jóvenes, al no estudiar sistemáticamente los resultados de
diversas aproximaciones al asunto y al ocultar a los auxiliares judiciales y a los magistrados información sobre las opiniones de otros magistrados y otros funcionarios, así como
la información sobre quién decidirá el caso después de ser seleccionado. El mecanismo de
insistencia corrige parcialmente estos defectos.

Guía sobre enfoque de género en la enseñanza del derecho

Marcela Huaita Alegre, Marlene Molero, Elizabeth Salmón
2019 | Departamento Académico de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú

"Libertad, fraternidad e igualdad de género"

Marcela Huaita Alegre
2017

"¿Por qué las mujeres percibimos menores ingresos?"

Marcela Huaita Alegre
2016

Entrevista a Marcela Huaita. Decreto de Urgencia N° 023-2020

Marcela Huaita Alegre
2020 | Enfoque Derecho

En la presente entrevista, Marcela Huaita, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y docente de Derecho de Familia en la PUCP, nos brinda sus apreciaciones sobre el Decreto de Urgencia N° 023-2020, el cual permite que las personas puedan solicitar los antecedentes policiales de sus parejas.

Por el ojo de la cerradura: La Ley de Violencia Familiar de Santa Fe desde una perspectiva de género

Violeta Canaves
2010

La problemática de la violencia familiar, y particularmente de la violencia contra las mujeres ha sido abordada históricamente desde diferentes enfoques. No es una tarea sencilla, y menos aún si queremos analizarla desde el Derecho. Esto así, ya que es precisamente el Derecho quien generaliza soluciones y busca sancionar conductas, a fin de evitarlas. Y es el Derecho el que falla en innumerables oportunidades en esta tarea. El presente trabajo intenta acercarse a esta problemática de distintas maneras: desde un análisis del derecho estatal y el derecho doméstico, desde las discusiones parlamentarias, desde entrevistas realizadas a diputadas actuales y desde un análisis del lenguaje de la ley, particularmente, desde un análisis de la palabra "víctima" dentro de la ley. Nos proponemos así mirar por el ojo de la cerradura. Mirar lo que no puede verse. Lo privado, lo doméstico, lo personal, lo político.