La principal respuesta estatal frente a la violencia conyugal es la conciliación. Éste es un mecanismo que, por la forma como está planteada en la ley y como se lleva a cabo en la práctica, no es efectivo ni justo. Hay una gran tendencia al incumplimiento de los acuerdos, y por eso no es efectivo. A menudo los acuerdos son presionados por el funcionario o por el agresor y, por tanto, no son justos. Lo que subyace a esta situación es que, en general, el legislador subestima la violencia conyugal como violación de derechos humanos, tratando de igual manera los casos más y menos graves, e instando siempre a la conciliación. El origen de esta ceguera es el enfoque adoptado por la ley que es de resolución de problemas. Para que funcione la conciliación en violencia conyugal se debe, primero, limitar los casos en los que voluntariamente las partes pueden acceder a la conciliación, teniendo claro que no procede en los casos más graves. Segundo, urge cambiar de enfoque por uno que permita el empoderamiento de la víctima y la reconstitución del vínculo sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo.