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Palabras clave: 'Corte Constitucional del Ecuador'.
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La fuerza vinculante de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz del derecho y la justicia constitucional en Ecuador
Daniela Salazar Marín, Ana Isabel Cobo Ordóñez, Camila Cruz García, Mateo Guevara Ruales, María Paula Mesías Vela
2019
La obligatoriedad de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sostiene en los principios rectores del Derecho Internacional
Público y las normas de interpretación de los tratados internacionales. Cuando se ratica un tratado y el órgano encargado de su supervisión emite una interpretación
autorizada, los Estados Parte deben cumplir de buena fe con esta interpretación. Durante estos años, el cuestionamiento de la obligatoriedad de las Opiniones Consultivas ha tenido un largo debate doctrinario en los distintos países de Latinoamérica. El objetivo principal de este trabajo es aportar argumentos para reforzar la obligación que tienen los jueces de aplicar los estándares contenidos en la Opinión Consultiva 24/17, realizando el respectivo control de convencionalidad de sus decisiones y tomando en cuenta que los tratados e instrumentos internacio nales de derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad, como ha sido reconocido por la Corte Constitucional en sus diversas sentencias. Sostenemos que la tarea de los jueces no puede limitarse a observar normas expresas contenidas en textos constitucionales e infraconstitucionales, sino que debe abarcar un control de convencionalidad que garantice el efectivo goce y ejercicio de los derechos fundamentales de toda persona.
The enforceability of the Advisory Opinions of the Inter-American Court of Human Rights rests on the basic principles of International Public Law and the law of
interpretation of treaties. When a treaty is raties and the institution entrusted with its supervision issues an authorized interpretation, the States Parties must comply with this interpretation in good faith. In the past years, the mandatory nature of the Advisory Opinions has been questioned through a long doctrinal debate in the different countries of Latin America. The main objective of this paper is to contribute with arguments to reinforce the obligation of judges to apply the standards contained in the Advisory Opinion 24/17, performing a control of conventionality of their decisions and taking into account that international human rights treaties and instruments are part of the legal system through the constitutionality block, as has been recognized by the Constitutional Court in various decisions. We argue
that the task of the judges cannot be limited to observe express norms contained in constitutional and infra-constitutional texts, rather, a conventionality control must be carried out in order to guarantee the effective enjoyment and exercise of the fundamental rights of every person.
Daniela Salazar Marin: El camino depende de ti
Daniela Salazar Marín
2020 | Laboratoria
Daniela Salazar Marin es ecuatoriana y hoy se desempeña como uno de los nueve jueces de la Corte Constitucional del Ecuador más jóvenes de la historia. Su trayectoria profesional es impactante, y su experiencia es una gran referencia de como aprovechar las oportunidades de la vida para crear tu propio camino.
AccederExposición jueza constitucional Daniela Salazar Marín en encuentro Cartagena-Colombia 19-sep-2019
Daniela Salazar Marín
2019 | Corte Constitucional del Ecuador
La doctora Daniela Salazar Marín, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, participó en el XIV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional y el XXV Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, en Cartagena de Indias, Colombia, con la ponencia “Justicia constitucional y libertad de expresión en el Ecuador” en el panel “Libertad de prensa, autoritarismo y justicia constitucional”.
AccederSupremacía constitucional y control del Derecho comunitario
Elsa Genoveva Guerra Rodríguez
2016
Los procesos de integración replantean el paradigma tradicional de Estado y generan efectos jurídicos que inciden en su modelo constitucional, relativizando su supremacía y ubicando al derecho comunitario originario y derivado sobre la Constitución. Por ello, el control constitucional de los tratados constitutivos de integración es un mecanismo necesario para garantizar que se derive el ejercicio de las competencias a la estructura comunitaria, protegiendo derechos y garantías. En Ecuador, la Corte Constitucional debe ejecutar un control jurídico automático y vinculante de los tratados constitutivos de procesos de integración previo a su aprobación por la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Constitución no señala explícitamente la posibilidad de implementar un control constitucional del derecho comunitario derivado, así como el control concentrado de constitucionalidad ahora vigente en el país no permite su inaplicación como sucede en países como Colombia. Finalmente, el artículo evidencia la necesidad de fortalecer un control democrático de dicho proceso.
Integration processes overhaul the traditional paradigm of the State and they generate legal effects on its constitutional model, because they make constitutional supremacy relative and place the primary and secondary Community Law above the Constitution. Therefore, monitoring of integration founding treaties is a required mechanism to ensure the derivation of the exercise of competences to the Community structure, by protecting rights and guarantees. In Ecuador, the Constitutional Court must execute an automatic and binding constitutional control of the integration processes and their founding treaties before their approval by the National Assembly. Nonetheless, the Ecuadorian Constitution does not establish the constitutional control of secondary Community Law, as well as it does not allow its inapplicability, as happens in Colombia. Finally, this paper shows the need to improve a democratic control of this process.
Desarrollo y minería en el Ecuador: Un análisis del derecho de participación en el Proyecto Mirador
Susy Garbay Mancheno
2011 | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Este trabajo tiene que propósito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participación, y las políticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participación, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, se evidencia que estos no están realmente diseñados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. La actividad minera en el país no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo está tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratégica para el país. El primer proyecto minero a gran escala de explotación de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los límites prácticos del derecho de participación que se hace referencia en el párrafo anterior. La promulgación de la Constitución del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, así como también en relación a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedición de una nueva Ley de Minería, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se están promoviendo. El propósito de este trabajo es alentar un debate crítico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generación de propuestas y alternativas a la noción de desarrollo imperante.
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