Las críticas al uso de la estrategia penal para resolver las vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres, sin perjuicio de la diversidad de fuentes de las que provienen, comparten la idea de que el derecho penal no sirve para resolver los conflictos ni la dañosidad individual y social que producen las violencias machistas. Desde algunos sectores feministas, éste tipo de críticas se sustentan en la idea de que es en vano (además de un oxímoron) esperar que la justicia penal pueda ayudarnos a derribar el patriarcado, porque se trata de una de las instituciones más patriarcales que existen. No voy a entrar en discusión con las compañeras feministas que descreen de las potencialidades del Estado para mejorar nuestras condiciones de vida, porque es debate que excede los límites de este trabajo. Lo que me interesa resaltar es que el recurso a las leyes (incluidas las penales), con todas las sospechas que pesan sobre ellas, ha estado presente desde larga data en las demandas feministas y conviven con muchas otras que las mujeres y personas LGTTTBIQ hemos desarrollado en el extenso e inacabado recorrido en pos de una vida libre de violencias. No ha sido nunca un recurso ingenuo ni teñido de falsas expectativas, sino consciente de sus fuerzas y debilidades e impulsado por un gran potencial transformador. Desde un punto de vista situado en la defensa de la estrategia legal como una de las posibles (ni la única ni la más apta) para eliminar las subordinaciones y opresiones patriarcales, el presente trabajo analiza la estrategia punitiva a la violencia contra las mujeres y, en particular, a los femicidios, desde una perspectiva feminista, garantista y de derechos humanos, que pretende deconstruir el patriarcado jurídico y liberar energías emancipadoras que nos ayuden a encontrar nuevas y más eficaces herramientas para una justicia de género.