El presente artículo analiza cómo los discursos jurídicos son fundamentales para la perpetuación de las desigualdades. Se explica que la regulación de la esterilización voluntaria como método anticonceptivo, aunque se realizó con el fin de ser parte de la política de planificación familiar, al final se termina utilizando de manera forzada contra las mujeres indígenas. Es así que, Mandujano muestra que las legislaciones, pese a tener un discurso jurídico progresista, terminan reiterando desigualdades y perjudicando a las mujeres más vulnerables. Finalmente, reflexiona en torno al vínculo entre el cuerpo, el poder y la protección jurídica que reciben. Argumentando que, aunque se quiere brindar herramientas para una autonomía reproductiva en el ordenamiento jurídico peruano, es selectivamente negada hacia personas, como las mujeres indígenas, con desigualdades estructurales.