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Palabras clave: 'Información pública'.
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Capítulo de libro

La construcción de la transparencia en la Corte: órganos, procedimientos y criterios jurisprudenciales

Francisca Pou Giménez
2010

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Transparencia y procuración de justicia en el Distrito Federal

Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa
2008 | Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

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Asegurando el acceso a la educación inclusiva a través del acceso a la información pública

Mercedes Cavallo, Sofía Minieri
2013 | Asociación por los derechos civiles

Este documento presenta los resultados de una investigación llevada a cabo por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entre mayo de 2011 y mayo de 2012, en el marco del proyecto “Asegurando el Acceso a la Educación Inclusiva a través del Acceso a la Información Pública”. A la hora de desarrollar este proyecto, ADC se propuso: a) Analizar el contenido y alcance de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), entre otros instrumentos internacionales vinculados a las personas con discapacidad. b) Monitorear la implementación de la CDPD en materia de educación de las personas con discapacidad por parte de las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, a través del análisis del marco normativo que rige el sistema educativo nacional y provincial y las políticas educativas desarrolladas por las autoridades de ambas jurisdicciones. c) Investigar e identificar posibles falencias en materia de producción y acceso a información pública relevante sobre la materia, y realizar recomendaciones para eliminar estos problemas. d) Sugerir estrategias para eliminar las barreras que impiden quelas personas con discapacidad puedan acceder a una educación inclusiva.
Para alcanzar estas metas, ADC implementó un plan de trabajo en tres etapas. En un primer momento, se relevó la bibliografía existente en relación a la forma en que las sociedades y los Estados han percibido y valorado a la discapacidad a lo largo de los años. Este relevamiento nos permitió identificar cuatro modelos de discapacidad: el modelo tradicional, el modelo rehabilitador, el modelo social y el modelo de derechos humanos. Asimismo, analizamos el marco normativo inter-nacional (tratados, normas de derecho consuetudinario, etc.) vinculado a las personas con discapacidad y las resoluciones y recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de los Derechos del Niño, entre otros órganos de derechos humanos. Con el objetivo de comprender mejor tanto los modelos de discapacidad como el marco normativo internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, también entrevistamos a personas con discapacidad y a miembros de organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover los derechos de este grupo. Al incorporar la visión de las personas con discapacidad sobre la temática no sólo buscamos comprender mejor sus necesidades e intereses sino que, además, aspiramos a honrar el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros”
2 No obstante, “debe señalarse que el propio colectivo de personas con discapacidad es internamente heterogéneo. Esta característica impone lógicas de acción, prioridades y particularidades que permean no sólo el accionar de la sociedad civil sino también el de los organismos del estado que se vinculan con mayor nivel de inmediatez con esos sectores del colectivo general y que, en consecuencia, generan una sumatoria de respuestas de políticas también parciales y heterogéneas”
3 .En una segunda etapa, nos abocamos a monitorear el cumplimiento del artículo 24 de la CDPD, entre otras normas de la misma convención, por parte del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires. Con ese fin, identificamos y analizamos el marco normativo que regula el sistema educativo en ambas jurisdicciones (i.e. la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, leyes, decretos y resoluciones) y las políticas educativas implementadas a nivel nacional y provincial con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Además, entrevistamos a las autoridades gubernamentales encargadas del diseño y la implementación de estas políticas, maestros, académicos, representantes de organizaciones de padres y autoridades de organizaciones no gubernamentales que promueven el derecho a la educación de las personas con discapacidad. En esta segunda etapa también identificamos y analizamos las herramientas utilizadas por las autoridades educativas nacionales y provinciales para producir información relevante sobre la educación de las personas con discapacidad, y entrevistamos alas autoridades gubernamentales encargadas de su diseño e implementación. Con el objetivo de identificar la información pública disponible en materia de educación de las personas con discapacidad, también relevamos y estudiamos materiales de divulgación y reportes elaborados por las autoridades nacionales y provinciales. A través de este relevamiento, pudimos comprobar que muchos datos que considerábamos relevantes para la elaboración de este informe no estaban disponibles en los documentos consultados. En consecuencia, realizamos más de 20 pedidos de acceso a información pública, a través de los cuales planteamos más de 60 preguntas a distintos organismos públicos nacionales y provinciales. Dada la falta de respuesta a muchos de estos pedidos, iniciamos acciones de amparo contra diversos organismos provinciales. El objetivo de estas acciones es tener acceso a aquella información que consideramos crucial para que la sociedad civil pueda tener algún tipo de control y monitoreo sobre el accionar del Estado provincial en materia de educación inclusiva. La tercera y última parte de la investigación consistió en evaluar los resultados obtenidos a la luz de los principios es-tablecidos en la CDPD y su Protocolo Facultativo, para así proceder a la redacción del presente informe. Este análisis nos permitió determinar que, pese a que tanto la Ley de Educación Nacional 26.206 como la Ley de Educación Provincial 13.688receptan el principio de inclusión educativa, muchos de los 79.000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad que viven en la provincia de Buenos Aires encuentran una gran cantidad de barreras que les impiden ejercer su derecho a una educación inclusiva. Es nuestro interés que el presente trabajo constituya un aporte a los esfuerzos que han realizado y realizan tanto las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de las personas con discapacidad como las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires para promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad

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Cartografía de derechos trans en Costa Rica

Mulabi Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y OutRight Action International en relación con el marco legislativo y de políticas públicas que protege los derechos de las personas transgénero en Costa Rica. El informe proporciona información actualizada sobre el marco que se está desarrollando en torno a los derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud que tienen las personas trans, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades de Costa Rica que tienen como fin garantizar un mayor respeto por estos derechos en la legislación, las políticas y la práctica. El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convencio-nes internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. A pesar de que ha habido algunos avances positivos en cuanto a los documentos de iden-tidad, gracias a un “reglamento de fotografía” que permite a las personas trans conciliar la imagen que aparece en su documento de iden-tidad con la imagen que tienen de sí mismas, todavía parece haber confusión a nivel oficial con respecto a la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil exigen nada menos que una ley que garantice el pleno reconocimiento legal de género. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), han elaborado algunas directrices que buscan evitar la discriminación en el sistema educativo, incluyendo la discriminación basada en identidad de género. Esta orientación –junto con las nuevas políticas adoptadas por varias instituciones educativas costarricenses– debería ayudar a facilitar el goce del derecho a la educación por parte de las personas trans, pero el desafío será garantizar que estas directrices funcionen en la práctica. Con respecto al derecho al trabajo, y si bien el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la discriminación, la identidad de género no es un motivo de discriminación que se mencio-ne específicamente, y no hay políticas para promover el empleo de las personas trans. A pesar del amplio marco legislativo y de políticas que defiende el derecho de las personas trans a la salud, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta problemas culturales y estructurales en el sistema médico, en especial con respecto a la transición. Aún es necesario realizar mucho más trabajo para garantizar que las personas trans reciban el apoyo adecuado cuando se trata de las necesidades generales de salud y los procesos físicos y mentales involucrados en la transición. Esto al tiempo que las orga-nizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se realice una distinción entre los cuidados generales por VIH, por un lado, y políticas integrales de asistencia médica para las personas trans por el otro.

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Libro

Violencia familiar. Aportes para la discusión de Políticas Publicas

Natalia Gherardi
2009 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

La violencia Familiar, entendida como el conflicto social y familiar en el que algunas personas ejercen poder y dominación sobre otras, es abordada en este libro a partir de dos investigaciones realizadas por ela, Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero.
La primera de ellas toma como base una encuesta realizada en los tres grandes centros urbanos de la Argentina: el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
La segunda es una investigación hecha a partir de entrevistas a profesionales y a mujeres víctimas de violencia familiar sobre las dificultades que tienen para denunciar lo ocurrido. Estos estudios aportan fundamentos e información empírica para orientar un debate más amplio en torno a esta práctica.

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Libro

Los límites de la Ley: la salud reproductiva en la Argentina

Natalia Gherardi, Sandra Cesilini
2003 | Banco Mundial

El objetivo de este estudio es analizar las reglamentaciones existentes referidas a la salud reproductiva a nivel federal y provincial. El análisis abarca los aspectos políticos, culturales, demográficos, geopolíticos y religiosos de la salud reproductiva en Argentina. Más allá del análisis legislativo de las normas existentes a nivel nacional y provincial, el estudio abarca objetivos más específicos: a) identificar los obstáculos para implementar las normas existentes sobre salud reproductiva; b) identificar los efectos de la aplicación de la legislación sobre salud reproductiva en las vidas de las personas; c) identificar los obstáculos que impiden la aplicación efectiva de los derechos reproductivos definidos en la Constitución Nacional; y d) brindar información y formular recomendaciones que faciliten el debate y la implementación de la legislación pública para promover los derechos de salud reproductiva de los hombres y mujeres en Argentina. Este estudio se realizó en el marco de los esfuerzos del Banco Mundial para la reducción de la pobreza y una mejor salud reproductiva para las mujeres en Argentina.

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