Academia, Género,
Derecho y Sexualidad.
La profesora Paola Bergallo, Co-Fundadora de Red ALAS (Argentina), participa en una charla sobre políticas públicas centrada el impacto que tiene la pandemia del COVID-19 en la vida de las mujeres.
VerEl artículo informa los resultados de una investigación que tuvo como objetivo estudiar las concepciones, con las que ingresan el universo de estudiantes de pedagogía a estudiar en la Universidad de Concepción, sobre lo que es un buen ciudadano, las instituciones públicas, y la efectividad de la acción política.La investigación, de carácter cuantitativa y exploratoria, utilizó, como instrumento para recoger la información, la encuesta de conceptualizaciones, actitudes y acciones utilizada en la prueba de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), aplicada en Chile en 1999 y 2009 en la educación general (Mineduc, 2004).Los resultados demostraron que los estudiantes, al comenzar sus estudios de pedagogía, manifiestan un bajo interés y comprensión de la política y, a la vez, una muy baja confianza en las instituciones públicas, como el gobierno, el congreso, la policía, los tribunales de justicia y los partidos políticos. Se destacan por la valoración que hacen de sus derechos, del rol del Estado y de las oportunidades que ofrece la democracia.
The goal of this report is to study University of Concepcion preservice teachers’ conceptions about what it means to be a good citizen, public institutions, and efficiency of the political action. The study was conducted by using an exploratory and quantitative method. Data about conceptions, attitudes and actions was gathered by using a test developed by the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). In 1999, the test was applied to Chilean students and in 2009; the test was applied to primary and middle school students (Mineduc, 2004). Findings show that pre-service teachers have a low interest as well as comprehension about politics. In addition, they show very low confidence in public institutions such as government, congress, police, justice system, and political parties. On the other hand, they show high value regarding civil rights, the rol of the government and opportunities provided by democracy.
O artigo informa os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo estudar as concepções com as que ingressam o universo de estudantes de licenciatura a estudar na Universidad de Concepcióm, sobre o que é um bom cidadão, as instituições públicas, e a efetividade da ação política.A pesquisa, de caráter quantitativo e exploratório, utilizou como instrumento para colher a informação o questionário de conceitualizações, atitudes e ações utilizado no exame da International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), aplicada no Chile em 1999 e em 2009 na educação em geral (Mineduc, 2004).Os resultados demonstraram que os estudantes, ao começar seus estudos em licenciatura, manifestam um baixo interesse e compreensão da política e, ao mesmo tempo, uma confiança muito baixa nas instituições públicas como o governo, o Congresso, a polícia, os tribunais de justiça e os partidos políticos.Destacando-se pela avaliação que fazem dos seus direitos, do papel do Estado e das oportunidades que oferece a democracia.
En este trabajo proponemos caracterizar la política mediática del neo-activismo conservador desde el eje de los canales que utiliza para colocar en el espacio público su discursividad (y posicionamiento). Más allá de los argumentos (y de los marcos interpretativos) desplegados por este activismo, se focaliza en aquella dimensión de la estrategia comunicativa relacionada con su estructura de medios y los usos y prácticas a partir de los cuales interviene el espacio mediatizado. Así, el interés de este trabajo es proponer algunas de las principales características en relación a cómo los espacios de difusión son utilizados por el neo-activismo conservador para influir en la política sexual contemporánea.
AccederEn este artículo se buscó presentar tres niveles diferentes que, aunque interconectados, aluden a distintos tipos de influenciaspolíticas de las religiones. En primer lugar, la separación Estado/iglesia que continúa siendo un nivel problemático en diversos países Latinoamericanos. Por diversos motivos, las instituciones legales en algunos países Latinoamericanos aún otorgan una serie de privilegios a la Iglesia Católica que fragilizan a la democracia como sistema. A este nivel, sigue siendo importante presionar desde los movimientos sociales para la existencia efectiva de un Estado laico que garantice su autonomía e independencia de las instituciones religiosas. En segundo lugar, se consideró la relación gobiernos y jerarquía eclesial que busca captar las dinámicas políticas concretas que se dan en los diversos países. Más allá de la estructura legal existente, o sea más allá del diseño institucional en la relación Estado/iglesia, los diversos gobiernos establecen relaciones diferentes con la jerarquía eclesial. Aunque es correcto sostener que la mayoría de los gobiernos, y de los partidos políticos, tienden a alinearse en temas de moralidad sexual con la Iglesia Católica debe también rescatarse que sectores políticos progresistas tienen mas posibilidad de articular políticas de gobierno sin responder a las presiones de la jerarquía eclesiástica. Por ello, la existencia de gobiernos en Latinoamérica que pueden caracterizarse como centro-izquierda representa una ventana de oportunidades para la profundización de los derechos sexuales y reproductivos. En tercer lugar, en este artículo se rescató la sociedad civil como una arena democrática a la cual el activismo religioso ha priorizado en los últimos años. Junto a la jerarquía católica es posible observar a un importante número de organizaciones no gubernamentales que, con diversas estrategias, se movilizan por defender la institucionalización de la familia como una realidad única y de confrontar el pluralismo que encarnan los movimientos feministas y de minorías sexuales. A esto se le suma el papel que los sectores religiosos tienen en los Comités de Bioética, ya que son una instancia importante para discusiones supra legales sobre cuestiones de género y sexualidad. Finalmente, la Iglesia Católica, al igual que otras religiones, tiene también una política de medios ya que ha comprendido la importancia que los medios masivos de comunicación tienen para las sociedades contemporáneas. La distinción entre estos niveles permite una comprensión más compleja de las formas en que las religiones influencian la toma de decisiones. Los actores y discursos religiosos conservadores tienen una presencia política que requiere de estrategias diversificadas. Presuponer que la influencia de lo religioso se reduce a un problema de incompleta separación entre Estado e iglesia implica descuidar las múltiples y efectivas maneras en que el fenómeno religioso impide el cambio social necesario para una sociedad más justa.
AccederEl artículo ofrece un análisis de la manera en que los principales actores movilizándose por definiciones opuestas de género y sexualidad han mutado. Tras décadas de antagonismo, los movimientos feministas y/o de minorías sexuales y las principales religiones se han afectado mutuamente. Por un lado, las religiones están usando nuevas estrategias en su defensa de la familia tradicional que, en cierto modo, mimetizan las políticas de los movimientos feministas y de minorías sexuales. Una especia de mutación estratégica ha acontecido que se describe en este artículo como parte de una politización reactiva de los sectores religiosos. Esta noción capta el rol de actores y discursos religiosos sosteniendo el patriarcado como parte del juego político. Por el otro lado, también dentro de los movimientos feministas y de minorías sexuales han habido cambios importantes en relación a lo religioso. En particular, algunos actores encuentran en la reafirmación de la identidad religiosa una alternativa de movilización a favor de la igualdad de género y de las diferencias sexuales. Feministas musulmanas, católicos a favor del aborto o gays evangélicos son ejemplos de cómo identidades religiosas tradicionales son politizadas y sirven de base para apoyar demandas feministas y de diferencias sexuales. En particular, este artículo utiliza el concepto de disidencia religiosa para comprender la importancia política de estos grupos y discurso. A nivel más general, este concepto sirve para comprender como las religiones pueden ser una fuerza de cambio progresista, inclusive cuando se considera género y sexualidad.
AccederDocumento de trabajo elaborado en el marco del Proyecto PI 40-C-598, sobre Femicidios y Femicidios vinculados, radicado en la Secretaría de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Río Negro. Unidad Ejecutora: Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno.
AccederEn el presente trabajo analizamos la jurisprudencia del Superior Tribunal de
Justicia de Río Negro (en adelante, STJ) en materia de derechos económicos,
sociales y culturales (en adelante, DESC), enfocándonos en la última década.
Durante dicho período este organismo tuvo dos composiciones diferentes
–en función de la renovación de sus integrantes–1 pero ha mantenido una
línea sin mayores divergencias en cuanto al reconocimiento de los citados
derechos.
Los casos seleccionados se relacionan con el derecho a la vivienda, el
derecho a la educación y el derecho a la salud. Se tomaron los precedentes
más relevantes de la jurisprudencia del STJ, teniendo en cuenta el alcance de
la protección de esos derechos, tanto en lo que respecta a sus contenidos
y conceptualización, como en lo que hace a su operatividad y al control de
razonabilidad de las políticas públicas y/o privadas que la determinan. En el
recorrido del análisis haremos referencia al impacto que ha tenido en la provincia
el fallo “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”,
del 24 de abril de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Traditionally relegated because of political pressure and public expectations, courts in Latin America are increasingly asserting a stronger role in public and political discussions. This casebook takes account of this phenomenon, by offering a rigorous and up-to-date discussion of constitutional adjudication in Latin America in recent decades. Bringing to the forefront the development of constitutional law by Latin American courts in various subject matters, the volume aims to highlight a host of creative arguments and solutions that judges in the region have offered.
The authors review and discuss innovative case law in light of the countries’ social, political and legal context. Each chapter is devoted to a discussion of a particular area of judicial review, from freedom of expression to social and economic rights, from the internalization of human rights law to judicial checks on the economy, from gender and reproductive rights to transitional justice. The book thus provides a very useful tool to scholars, students and litigants alike.
O Direito nos Tribunais Superiores: com ênfase no novo direito processual civil reúne 40 artigos escritos por juristas renomados, doutores, magistrados, além de convidados internacionais, nomes de peso como Arruda Alvim, Flávia Piovesan, Luiz Guilherme Marinoni, Luiz Edson Fachin, além dos ministros José Antonio Dias Toffoli, José Augusto Delgado e Mauro Luiz Campbell Marques. Trata-se de uma obra extensa mas de agradável leitura, mesmo em relação aos textos mais difíceis, graças ao trabalho do editor Luiz Fernando de Queiroz que cuidou para que tanto aos mais elevados profissionais do direito, como estudantes que iniciam a vida acadêmica pudessem aproveitá-la. Sob a coordenação do desembargador do TJPR Fagundes Cunha, também diretor-geral da Escola Judicial da América Latina- EJAL, e em oportuna homenagem ao ministro do STJ Sérgio Luiz Kukina, os textos abordam principalmente as mudanças que o novo Código de Processo Civil (em vigor a partir de março de 2016) irá trazer ao sistema processual civil brasileiro. O livro, de 720 páginas, também discute temas como a atuação dos tribunais superiores, a cooperação judicial na América Latina e os diferentes paradigmas jurídicos contemporâneos.
AccederLa ratificación de un tratado internacional de derechos humanos es considerada un acto ordinario de las relaciones internacionales de cada Estado. No obstante, la denuncia de un tratado internacional de derechos humanos es un acto de especial gravedad, y en consecuencia se encuentra revestido de límites derivados tanto del derecho internacional como del derecho interno de cada Estado. Este ensayo analiza tales límites y realiza un recuento de los contados casos de denuncia de tratados internacionales de derechos humanos con el afán de demostrar que no se trata de una facultad soberana que los Estados puedan ejercer sin restricciones. De manera particular se menciona el caso de Ecuador a raíz de las constantes amenazas de su gobierno de retirarse del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
The ratification of international human rights treaties is considered an ordinary act of each State’s international relations. However, the denunciation of an international human rights treaty is an act of particular gravity, and therefore limited by both international law and domestic law. This essay analyzes such limits and reviews the few cases of denunciation of international human rights treaties in an effort to demonstrate that it is not a sovereign power that States can exercise without restrictions. The case of Ecuador is examined in light of the constant threats from its government to withdraw from the Inter-American Human Rights Protection System.
En agosto del 2002, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), junto con la Fundación Este País, publicó los resultados de una encuesta nacional que buscaba evaluar la cultura y prácticas políticas de los mexicanos.[1] De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 45% de los encuestados afirmaron creer que ni los ciudadanos ni las autoridades respetaban la ley; el 71% de los encuestados respondió “no” a la pregunta: “¿Cree usted que el pueblo debe obedecer siempre las leyes aunque sean injustas?”; y el 58% de los encuestados contesto “sí” a la pregunta: “¿Cree usted que el pueblo puede desobedecer una ley si ésta es injusta?”[2]
Cuatro años después de la publicación de esta encuesta, el candidato a Presidente por la izquierdista Coalición “Por el Bien de Todos” para las elecciones federales del 2006, Andrés Manuel López Obrador, tomo protesta como “Presidente Legítimo de México” en la capital del país.[3]En este acto, López Obrador y sus seguidores, llamaron a la formación de un gobierno paralelo que repudiara al nuevo gobierno de Felipe Calderón, quien tomaría posesión el 1ero de diciembre del 2006 tras un proceso electoral sumamente difícil y ampliamente cuestionado.
[1] Conociendo a los Ciudadanos Mexicanos: Principales Resultados de la Encuesta nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, Revista Este País, 2-30, 137, agosto 2002. Esta fue la primera de tres encuestas que realizó la Secretaría de Gobernación, México. Uso en este texto las tres encuestas.
[2] Id.
[3] La “toma de protesta” culminó una serie de acciones post electorales que incluyeron un plantón (“Asamblea Permanente” en las palabras de los participantes) que duró más de 40 días y durante el cual partidarios de López Obrador tomaron, con autobuses y tiendas de campaña, el Zocalo de la Ciudad de México, las calles principales del Centro Histórico (Madero y Juárez) y la avenida Paseo de la Reforma, una de las principales de la ciudad; para presionar al Tribunal Electoral a que ordenara la apertura de todas las urnas y se recontaran todas las boletas emitidas el 2 de Julio. “Voto por voto” era el lema de los manifestantes durante ese tiempo; posteriormente, el 16 de Septiembre en el aniversario de la Independencia nacional, los simpatizantes de López Obrador celebraron una “Convención Nacional Democrática” con cientos de miles de delegados que decidieron, por aclamación, que López Obrador debía de ser ungido “Presidente Legítimo” en el aniversario de la Revolución de 1910.
La Constitución es el cuerpo de normas más importante de un Estado, es un mapa que define su organización y del cual se desprenden las demás leyes. Por ello es muy importante conocer los principios constitucionales fundamentales que estructuran al Estado mexicano contenidos en la Carta Magna, así como las diversas reformas y adiciones de que ha sido objeto a lo largo de su vigencia.
Siguiendo esta inquietud, la presente obra es una introducción al derecho constitucional y a la forma en que la Constitución estructura y organiza al Estado mexicano. En ella los autores exploran los principios constitucionales fundamentales: la división de poderes, la soberanía, la democracia, las formas de gobierno y de Estado, entre otros. Asimismo, examinan y explican el alcance de las facultades de los órganos de Estado en el ejercicio del poder y resaltan la importancia de la Constitución como parámetro de control normativo.
#TPANoticias | Aborto legal: el gobierno derogó el protocolo. En nuestros estudios hablamos sobre el tema con Agustina Ramón Michel, Abogada de CEDE y Violeta Ayles Tortolini Integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal.
Emitido por la Televisión Pública Argentina el 21 de noviembre de 2019.
Retos del trabajo en la era digital - Universidad el Rosario.
La era digital abrió un mundo de posibilidades al trabajo humano y está impactando de manera sustancial las prácticas, relaciones y garantías asociadas al mismo. En la reconfiguración de las relaciones asociadas al trabajo humano intervienen numerosos factores asociados, por ejemplo, a fuerzas relacionadas con la competencia global por la disminución de costos de producción o de transacción, por un lado, y a la precarización de las condiciones en las que se realiza la incorporación y permanencia de las personas en los ciclos productivos, por el otro. El panel se propone aproximar las visiones y propuestas de las múltiples partes interesadas en relación con los vertiginosos cambios que vienen operándose en el mundo del trabajo humano, en especial con la evolución y masificación de la tecnología digital.
No obstante los importantes avances legales habidos regional e internacionalmente en la arena de los derechos sexuales y reproductivos, es frecuente observar cómo su emergencia se ha visto signada por tensiones entre voces opositoras y favorables. Como ejemplo de estas disputas políticas, en 1997 en El Salvador se reformó la ley penal estableciendo una prohibición absoluta del aborto. En enero de 1992 se firman en México los Acuerdos de Paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño poniendo con ello fin doce años de una cruenta guerra civil. En la apertura de este nuevo período democrático, sectores conservadores, políticos y religiosos, comienzan a movilizarse para dejar sin efecto la legislación sobre aborto que regia en el país desde 1974. Esta legislación preveía una serie de causales de no punibilidad del aborto, exceptuando de pena a los abortos culposos, terapeuticos, por violación y eugenesicos.Esta agenda en torno del aborto diseñada por los sectores conservadores, marcó durante años la suerte de las políticas reproductivas en El Salvador. Una de las consecuencias de las reformas penales se tradujo en este país en una fuerte persecución y condena judicial a las mujeres que tienen abortos, incluso a causa de emergencias obstétricas. Para intentar revertir este contexto penalizador y el estigma que carga el aborto, desde el año 2006 organizaciones de mujeres salvadoreñas vienen privilegiado dentro de su accionar político estrategias de litigio e incidencia desde el campo legal, en tanto vía posible para reformar la legislación penal así como para incidir en los marcos de sentidos que circulan en torno al aborto. Así, partir de mediados de los 2000 los movimientos de mujeres comenzaron, por un lado, a promover acciones de defensa activa de las mujeres encarceladas por abortos. Paralelamente con lo anterior, estos movimientos realizaron una serie de presentaciones legales, en los ámbitos nacionales de justicia como en espacios internacionales de derechos humanos, encaminadas a revertir el sistema de penalización absoluta del aborto en el país. En estas líneas de acción han sido claves las articulaciones logradas entre los movimientos feministas de El Salvador, con organizaciones internacionales de derechos humanos y de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Estas estrategias y el impacto que han tenido internacionalmente han logrado en los últimos años colocar nuevamente el aborto en el debate público salvadoreño. Considerando este escenario, el presente trabajo analiza las diferentes acciones legales impulsadas por las organizaciones feministas en El Salvador en materia de regulación legal del aborto. La perspectiva de análisis abordará debates sociales y jurídicos en torno a los tópicos sexualidad, derecho y cambio social desde una perspectiva de género.
AccederEl abogado Alejandro Madrazo Lajous comenta sobre la decisión de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, de presentar una controversia para invalidar el acuerdo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el papel de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Madrazo afirma que la medida es una forma de hacer contrapeso a la decisión unilateral del mandatario de disponer del Ejército para ese fin sin el marco legal apropiado.
AccederEl presente artículo analiza la noción de orden o compromisos de género de un Estado, la cual fue acuñada por Nancy Fraser para señalar que toda estructura de gobierno asume y promueve cierta ordenación de los sexos, ya sea expresa o tácitamente, intencionadamente o no, a través de sus manifestaciones jurídicas y de política pública. En el caso de Colombia, este estudio ha de iniciarse con la Constitución de 1991 y las sentencias de la Corte Constitucional que desarrollan su articulado. Las decisiones relativas a menores intersexuales han demostrado ser un terreno fértil para observar los esfuerzos de la Corte por entender cuál es la relación sexo/género, díada que se encuentra en la base de todas las teorías sobre sexualidad, atribución de significación a los cuerpos y relación hombres/mujeres. Es un hecho que los Estados no se limitan a regular el tráfico de bienes y servicios, sino que también imponen normas acerca de la identidad sexual que se reflejan en diversos campos del ordenamiento jurídico, por ejemplo, las consecuencias patrimoniales de vivir en pareja, los impuestos, los requisitos para adquirir la nacionalidad. De ahí que sea esencial comprender y saber dónde y cómo develar los arreglos de género que patrocina un Estado.
AccederIn 2011, after four years of lobbying and political wrangling, Colombia approved Law 1448, commonly known as the Victims Law. Its aims are broad: to be the comprehensive body of law to address civilian population claims related to the armed conflict, and therefore to include the necessary legal reforms to restore the rule of law through the enforcement of victims' rights. Currently, government, civil society and scholars are focused on the major issues of the Law, specifically land restitution and assistance for victims. However, this new body of Law, with its 208 provisions, is broader than that, and a close review of its articles is urgently needed. One little-studied and apparently forgotten provision is Article 46, which appears to put in place a specific directive to enhance the prosecution of juridical persons for violations of human rights and international humanitarian law in the context of the Colombian armed conflict. However, a thorough analysis of its wording and history reveals that Article 46 is incapable of establishing links between businesses and human rights and humanitarian law violations in Colombia. This article specifically examines the scope and shortcomings of Article 46, and sets forth some possible solutions that require further investigation to fill the lacuna that already exist in the country in this subject.
En el año 2011, después de cuatro años de cabildeo y forcejeo político, Colombia aprobó la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas. Los objetivos perseguidos por esta ley son bastante amplios, en la medida en que pretende ser una regulación comprensiva para enfrentar los efectos que el conflicto armado ha infligido en la población civil. En este sentido, la ley incluye las reformas legales que fueron consideradas como necesarias para restablecer el estado de derecho a través de la protección y cumplimiento de los derechos de las víctimas. Actualmente, el gobierno, la sociedad civil y la academia se han enfocado en el análisis de los dilemas y grandes temas de la ley. Sin embargo, esta nueva regulación, con sus 208 artículos, es más amplia y compleja, razón por la cual es indispensable hacer un análisis más detenido de sus múltiples provisiones. Una de estas, que parece no haber llamado la atención y que, por lo tanto, no ha sido objeto de estudio pormenorizado es el artículo 46. A primera vista, este parece estar encaminado a reforzar la investigación y juzgamiento de las personas jurídicas relacionadas con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. Este texto examina específicamente los alcances reales y dilemas del artículo, y propone algunas soluciones para llenar la laguna que existe actualmente en el país en la materia.
No ano 2011, depois de quatro anos de lóbi e forcejo político, a Colômbia aprovou a Lei 1448, mais conhecida como a Lei de Vitimas. Os objetivos perseguidos por esta lei são bastante amplos, conforme pretende ser uma regulação compreensiva para enfrentar os efeitos que o conflito armado tem infligido na população civil. Neste sentido, a lei inclui as reformas legais que foram consideradas como necessárias para restabelecer o estado de direito através da proteção e cumprimento dos direitos das vitimas. Atualmente, o governo, a sociedade civil e a academia se têm enfocado na análise dos dilemas e grandes temas da lei. No entanto, esta nova regulação, com seus 208 artigos, é mais ampla e complexa, razão pela qual é indispensável fazer uma análise mais cuidadosa de suas múltiplas provisões. Uma destas, que parece não ter chamado a atenção e que, portanto, não tem sido objeto de estudo pormenorizado é o artigo 46. A primeira vista, este parece estar encaminhado a reforçar a pesquisa e julgamento das pessoas jurídicas relacionadas com violações dos direitos humanos e direito internacional humanitário no contexto colombiano. Este artigo examina especificamente os alcances reais e dilemas do artigo e propõe algumas soluções para encher a lacuna que existe atualmente no país na matéria.
Este artículo analiza cómo el feminismo del poder (power feminism), una corriente feminista en el discurso jurídico internacional, se ha incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano por medio del diseño y discusión de indicadores para medir el cumplimiento del gobierno colombiano de las órdenes de la Corte Constitucional sobre desplazamiento forzado interno en el país. Para lograr lo anterior se analiza la participación de la Corporación Sisma Mujer, una de las üng promotoras de derechos de las mujeres más conocidas en Colombia, en los debates dentro y fuera de la Corte Constitucional que llevaron a esta Corte a adoptar una batería de indicadores para hacer seguimiento al goce efectivo de los derechos de las mujeres desplazadas y, en general, a implementar un enfoque sensible a las mujeres en el análisis del desplazamiento forzado. Para conocer los fundamentos teóricos de las intervenciones y estrategias usadas por la Corporación Sisma Mujer ante el Alto Tribunal Constitucional, este artículo combina una aproximación teórica con investigación documental y entrevistas. El texto de Nancy Fraser Rethinking the Public Sphere, y el concepto del feminismo de la gobernanza (governance feminism) de Janet Halley, Prabha Kotiswaran, Hila Shamir y Chantal Thomas constituyen el marco teórico básico. Los documentos elaborados por Sisma Mujer y las decisiones de la Corte Constitucional que aceptaron, apropiaron y transformaron las afirmaciones de Sisma, se analizan desde la perspectiva de Fraser y los aportes teóricos de Halley, Kotiswaran, Shamir y Thomas. Entrevistas con el personal de Sisma, y con otros actores relevantes complementan lo encontrado en los documentos y en las decisiones judiciales.
This article analyzes how power feminism, a mainstream feminist trend in international legal discourse, was incorporated into the Colombian legal system through the process of design and discussion of indicators to measure the Colombian government's compliance with the Constitutional Court's orders regarding internal forced displacement in the country. To do so, this paper examines the participation of Corporación Sisma Mujer, one of the most well-known Colombian women's rights NGOS, in the debates inside and outside the Constitutional Court that led this Court to adopt a battery of indicators to track internally displaced women's effective enjoyment ofrights, and in general a women-sensitive approach to forced displacement. To unveil the theoreticalfoundations of Corporación Sisma Mujer's interventions and strategies before the Constitutional Court, this article combines a theoretical approach with documentary research and interviews. Nancy Fraser's paper Rethinking the Public Sphere, and Janet Halley, Prabha Kotiswaran, Hila Shamir and Chantal Thomas' concept governance feminism constitute the basic theoretical framework. Documen ts drafted by Sisma Mujer andConsti-tutional Court decisions that accepted, appropriated and transformed Sismas claims are analyzed through the lens of Fraser and Halley, Kotiswaran, Shamir and Thomas' theoretical contributions. Interviews with Sismas staff, and with other relevant actors complement what is found in documents and judicial decisions.
Este libro nació en una conversación entre los editores unas semanas antes del 2 de octubre del 2016, día en que el Acuerdo de Paz de La Habana fue sometido a plebiscito. Como muchos colombianos, nos enfrascamos en una discusión sobre diversos aspectos de lo pactado por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –farc–. Esta inquietud de dos personas se transformó en un diálogo de veintitrés. Así, esta obra es una contribución de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario al debate del fin del conflicto armado y la construcción de paz en Colombia. En él, participan profesores de esta y otras universidades colombianas con el fin de presentar una reflexión académica desde los estudios socio-jurídicos de los alcances, limitaciones y oportunidades de aprendizaje del proceso de paz y acuerdo logrado en 2016 con las farc. En este contexto, este libro responde a la necesidad de promover una discusión informada sobre el papel del derecho y de los abogados en la estructuración e implementación de iniciativas de paz. Luego de tantos años en que los académicos han estudiado en el país la interacción conflicto armado y derecho, es esencial dar paso a una reflexión profunda que concatene esta disciplina con los escenarios de paz.
This book is the outcome of a conversation between its editors several weeks before October 2, 2016, the date on which the Colombian people were to vote whether to approve the Havana Peace Agreement. Like many Colombians, we discussed different aspects and challenges of the agreement between the Colombian Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia –farc–. This conversation between two people soon became a dialogue among twenty-three authors. This volume is a contribution of Universidad del Rosario’s Law School to the ongoing debate around the end of the armed conflict and peacebuilding in Colombia. Professors from Universidad del Rosario and other Colombian universities shared their articles to offer insights from the socio-legal perspective to the debate on the Peace Agreement’s advantages and disadvantages, and lessons learned in this process. In this context, this work aims at promoting an informed discussion on the role of the law and lawyers in designing and implementing peace initiatives. After many years in which scholars have devoted their research to understand the interplay between the internal armed conflict and the law, it is time to begin an in-depth analysis of the interaction between the law and post-conflict scenarios.
El Informe del Banco Mundial 2012 comienza con esta afirmación: "las cuestiones de igualdad de género en sí mismas son importantes para el desarrollo ya que, en mundos globalizados de hoy, los países que utilizan las habilidades y talentos de sus mujeres tendrían una ventaja sobre aquellos que no lo utilizan." Con el marco que sugieren que las cuestiones de igualdad de género, en este documento se describen algunas de las alternativas de políticas orientadas a superar las desventajas de género en la incorporación al mercado formal de trabajo de las mujeres de la clase media urbana en Colombia. A fin de cuentas, la recomendación final sugiere que es conveniente adoptar políticas alternativas como centros comunitarios, los cuales son los programas orientados a la redistribución social del trabajo doméstico como una forma de fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral formal con el apoyo social de los miembros de su propia comunidad. El problema de que la política social debe abordar es la segregación de las mujeres en el mercado laboral formal de trabajo en Colombia. Aunque la evidencia muestra que las mujeres han superado con éxito la brecha educativa, mostrando un mejor desempeño en la educación que sus pares masculinos, las mujeres siguen siendo segregadas en el mercado laboral. La persistencia de altas tasas de desempleo en la población femenina, la prevalencia de la informalidad laboral como espacio de trabajo para las mujeres, y la presencia de la diferencia de pago respecto a sus colegas masculinos con capacitaciones profesionales similares son circunstancias que sustentan la existencia de la segregación. El argumento que se defiende en el texto es que estas circunstancias son ineficientes para la sociedad. Un análisis económico muestra que el costo de mantener el statu quo de desigualdad de la mujeres en el ámbito laboral se externaliza en el sistema de seguridad social que incluye salud, pensiones y regímenes de licencia de maternidad. Por lo tanto, la segregación de las mujeres implica una falla del mercado. En este trabajo se evalúa cinco alternativas de políticas dirigidas a la inclusión efectiva de las mujeres al mercado laboral formal: (i) las cuotas en el mercado privado, (ii) las horas de trabajo flexibles, (iii) sustituir la licencia de maternidad con una licencia familiar, (iv) aumentar los Centros Comunitarios para la redistribución del trabajo de cuidado y (v) el cumplimiento del principio de trabajo igual a salario igual. La primera alternativa busca aumentar la participación femenina en el mercado laboral formal. La segunda, tercera y cuarta alternativas constituyen un paquete dirigido a redistribuir el trabajo de cuidados mediante la reducción de la responsabilidad de las mujeres por el trabajo reproductivo en el hogar con la ayuda de los maridos y el gobierno local. La quinta alternativa interviene para resolver el problema de la igualdad de pago. Después de una evaluación de cuatro criterios que miden la robustez, los problemas de implementación de la política pública, la eficacia y la aceptabilidad de la medida, la alternativa más acertada para atacar el fenómeno es el fomento de Centros Comunitarios que promuevan una redistribución del trabajo de cuidado. Esta política se desempeña bien en el proceso de evaluación, ya que combina el enfoque de género con importantes efectos indirectos: ayuda a la primera infancia y promoción las capacidades humanas. La política también muestra un proceso de implementación de abajo hacia arriba que supera las principales dificultades de implementación en los programas de enfoque de género, con una fuerte evidencia de éxito en el contexto colombiano, documentada tanto por actores transnacionales como el Banco Mundial como por actores locales como el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
AccederEl artículo se pregunta por la historicidad de las narrativas académicas que
califican la existencia del estado como ausente, precaria o fallida. Utilizando la
metodología del análisis de discurso se tiene como objetivo contrastar las narrativas
regeneradoras en torno a la catástrofe del estado con los discursos académicos
contemporáneos construidos en torno a la patología e insuficiencia del aparato público.
Pese a sus aparentes diferencias ideológicas, el discurso político del siglo xix y la
narrativa académica contemporánea, muestran fuertes coincidencias, como reacciones
a una ausencia simbólica de autoridad o fuerza de gobierno. La autora concluye con
una reflexión en torno a la historicidad de las narrativas académicas, identificando el
discurso de la patología del estado como una Regeneración deslocalizada
En 1994, el Distrito de Aguablanca en Cali fue el escenario elegido por el gobierno y organismos multilaterales para incubar las casas de justicia, uno de los proyectos pioneros del segundo movimiento de Derecho y Desarrollo. Este integra dos objetivos en principio opuestos: disminuir el gasto de recursos y tiempo en la prestación de justicia; y aproximar la relación entre comunidad y Estado para prevenir los conflictos. En este artículo, ahon-damos en esta dicotomía entre eficiencia económica y proximidad social, resaltando la importancia del diálogo y, en especial, de la escucha, para construir una visión de justiciaque recoja los sentidos que circulan en los escenarios donde el Estado interviene. Para ello, realizaremos un análisis comparado entre las lógicas de medición desplegadas por el gobierno central en la Casa de Justicia, una fundación de rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley penal y un comedor comunitario, ubicados en los barrios Marroquín II y Potrero Grande, utilizando referentes como el silencio, el tiempo presente, la trans-formación y el ruido, desarrollados por el filósofo Jean-Luc Nancy.
AccederEl 27 de agosto del 2012 el presidente de la República anunció que había llegado a un acuerdo con el movimiento guerrillero FARC-EP para emprender negociaciones que condujeran a la terminación del conflicto armado. Las negociaciones han sido presentadas como el paso definitivo hacia una paz que favorecerá el progreso económico y el bienestar general, y han sido recibidas con grandes expectativas. No obstante, los discursos que anuncian la paz no son nuevos para el país, y los colombianos han perdido la ingenuidad cuando se trata de las FARC. Entre otras cosas, el público tiene una teoría sobre el conflicto, las negociaciones y la paz. Este libro participa en la construcción de esa teoría exigiendo que comprendamos que el derecho es una parte de la explicación de los acontecimientos en curso y que contribuye a esclarecer hacia a dónde debemos dirigirnos -no pueden desatenderse las dimensiones jurídicas de la paz- ; sin embargo, también sostiene que el derecho no debe entenderse como la materialización de la verdad, la justicia o la moral, sino como un campo de batalla en que se enfrentan distintas visiones de la verdad, la justicia y la moral -las dimensiones políticas del derecho-. En particular, este libro proporciona elementos conceptuales pertinentes para los debates sobre el desarrollo rural, la participación política, el castigo, la política de drogas, el tratamiento de las víctimas, el papel del derecho internacional y los costos de la guerra y la paz.
AccederSegundo informe regional publicado por la Articulación Regional Feminista, en donde se analiza la situación de las mujeres en materia de derechos humanos en seis países de la región.
Articulación Regional Feminista (2009). Santiago de Chile: Corporación Humanas
La propuesta de este estudio es analizar las normas y las políticas que se están impulsando desde los Estados de la región de América Latina y el Caribe para abordar otras formas de violencia todavía invisibilizadas, que están menos presentes en el debate público y que, sin embargo, contribuyen a mantener la estructura de discriminación de género que reproduce la violencia más extrema. Se trata de otras formas de violencia que socavan la autonomía de las mujeres en sus distintas dimensiones: violencias en los procesos reproductivos que impactan en la autonomía física; violencias mediáticas y simbólicas reproducidas en el discurso público, que restringen la autonomía política; y violencias en ámbitos sociales, educativos y laborales, que limitan el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres.
AccederEste texto busca demostrar que los discursos de las partes negociadoras (gobierno colombiano y FARC-EP) se centran en visiones clásicas y antagónicas de la política agraria, lo cual genera puntos ciegos para solucionar muchos de los problemas que enfrenta el sector rural colombiano.
AccederEn agosto del 2012 el presidente de la República anunció que había llegado a un acuerdo con el movimiento guerrillero FARC-EPL para emprender negociaciones para la terminación del conflicto armado. Las ne¬gociaciones han sido presentadas como el paso definitivo hacia una paz que favorecerá el progreso económico y el bienestar general. No obstante, los discursos que anuncian la paz no son nuevos para el país, y los colombianos han perdido la ingenuidad cuan¬do se trata de las FARC. Entre otras cosas, el público tiene una teoría sobre el conflicto, las negociaciones y la paz. Este libro participa en la construcción de esa teoría exigiendo que comprendamos que el derecho es una parte de la explicación de los acontecimientos en curso y que contribuye a esclarecer hacia dónde debemos dirigirnos; sin embargo, también sostiene que el derecho no debe entenderse como materialización de la verdad, la justicia o la moral, sino como un campo de batalla en que se enfrentan distintas visiones de la verdad, la justicia y la moral.
AccederEl derecho administrativo, en su definición y contenido, ha sido visto tradicionalmente como uno de los campos jurídicos en los que se define, configura y concreta la tensión entre los ideales de igualdad y libertad de una sociedad. Históricamente, el derecho administrativo se desarrolló como un conjunto de herramientas encaminada a hacer que los gobernantes, en su interacción con la comunidad, se rigieran por unas normas que garantizaran la libertad de los individuos. Es decir, que no se cometieran arbitrariedades, que en la actuación del Estado se respetara el debido proceso de acuerdo con el principio de legalidad. En Colombia, esta interpretación del derecho administrativo prevaleció durante las dos primeras décadas del siglo XXI, por esta razón, los catorce capítulos que conforman este libro representan la apuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Editorial Temis por renovar la literatura jurídica nacional sobre el derecho administrativo.
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