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Nuevas tendencias del derecho administrativo
Helena Alviar García
| Universidad de los Andes
El derecho administrativo, en su definición y contenido, ha sido visto tradicionalmente como uno de los campos jurídicos en los que se define, configura y concreta la tensión entre los ideales de igualdad y libertad de una sociedad. Históricamente, el derecho administrativo se desarrolló como un conjunto de herramientas encaminada a hacer que los gobernantes, en su interacción con la comunidad, se rigieran por unas normas que garantizaran la libertad de los individuos. Es decir, que no se cometieran arbitrariedades, que en la actuación del Estado se respetara el debido proceso de acuerdo con el principio de legalidad. En Colombia, esta interpretación del derecho administrativo prevaleció durante las dos primeras décadas del siglo XXI, por esta razón, los catorce capítulos que conforman este libro representan la apuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Editorial Temis por renovar la literatura jurídica nacional sobre el derecho administrativo.
AccederPerspectivas jurídicas para la paz
Helena Alviar García, Isabel Cristina Jaramillo Sierra
| Universidad de los Andes
En agosto del 2012 el presidente de la República anunció que había llegado a un acuerdo con el movimiento guerrillero FARC-EPL para emprender negociaciones para la terminación del conflicto armado. Las ne¬gociaciones han sido presentadas como el paso definitivo hacia una paz que favorecerá el progreso económico y el bienestar general. No obstante, los discursos que anuncian la paz no son nuevos para el país, y los colombianos han perdido la ingenuidad cuan¬do se trata de las FARC. Entre otras cosas, el público tiene una teoría sobre el conflicto, las negociaciones y la paz. Este libro participa en la construcción de esa teoría exigiendo que comprendamos que el derecho es una parte de la explicación de los acontecimientos en curso y que contribuye a esclarecer hacia dónde debemos dirigirnos; sin embargo, también sostiene que el derecho no debe entenderse como materialización de la verdad, la justicia o la moral, sino como un campo de batalla en que se enfrentan distintas visiones de la verdad, la justicia y la moral.
AccederLa discusión en torno a la política de desarrollo agrario: ¿perspectivas encontradas?, ¿nuevas soluciones?
Helena Alviar García
| Universidad de los Andes
Este texto busca demostrar que los discursos de las partes negociadoras (gobierno colombiano y FARC-EP) se centran en visiones clásicas y antagónicas de la política agraria, lo cual genera puntos ciegos para solucionar muchos de los problemas que enfrenta el sector rural colombiano.
AccederLIDERA: participación en domocracia. Experiencias de muejres en el ámbito social y poítico en la Argentina
Natalia Gherardi
2012 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
La plena participación de las mujeres en la vida social, política y económica de la Argentina no solo es un derecho consagrado en leyes y tratados internacionales de derechos humanos, sino que además es un requisito ineludible para el desarrollo de una democracia en la que se materialice la promesa de igualdad para mujeres y varones. En este marco, cobra relevancia la necesaria participación de las mujeres en la vida política nacional y local, procurando garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos a elegir las mejores propuestas y a ser elegidas para cargos ejecutivos y legislativos.
Pero este compromiso requiere también reconocer el valor de la participación de las mujeres en la vida política en un sentido más amplio, inclusivo de la participación social y comunitaria. Una concepción amplia de la democracia destaca la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad civil, de modo de contribuir a la expansión de los marcos de acción de las instituciones representativas del gobierno.
Este libro marca la culminación del Proyecto Lidera, desarrollado a partir de 2009 gracias al apoyo de UNDEF -Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia- e inspirado en el convencimiento de que es preciso avanzar en el conocimiento de las formas en que surgen, se consolidan y avanzan estos liderazgos femeninos, así como los modos en que se relacionan estas mujeres con el poder público. Esa comprensión resulta imprescindible para identificar las contribuciones necesarias para dotarlas de herramientas que permitan mejorar su nivel de incidencia en la agenda política.
Los artículos que componen esta publicación ofrecen un recorrido por las diferentes etapas del Proyecto Lidera, sus principales conclusiones y los aprendizajes obtenidos. Con la celebración del Foro Nacional Lidera, que tuvo lugar los días 19 y 20 de abril de 2012 en la Ciudad de Buenos Aires y que reunió a más de 130 mujeres de diversas jurisdicciones -especialmente Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Morón, Neuquén y Rosario- que lideran la vida social y política de sus comunidades, se facilitó una instancia de reflexión colectiva sobre los problemas y desafíos comunes.
Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar
Natalia Gherardi
| ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
La propuesta de este estudio es analizar las normas y las políticas que se están impulsando desde los Estados de la región de América Latina y el Caribe para abordar otras formas de violencia todavía invisibilizadas, que están menos presentes en el debate público y que, sin embargo, contribuyen a mantener la estructura de discriminación de género que reproduce la violencia más extrema. Se trata de otras formas de violencia que socavan la autonomía de las mujeres en sus distintas dimensiones: violencias en los procesos reproductivos que impactan en la autonomía física; violencias mediáticas y simbólicas reproducidas en el discurso público, que restringen la autonomía política; y violencias en ámbitos sociales, educativos y laborales, que limitan el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres.
Accederla violencia contra las mujeres y la comisión de la verdad y reconciliación del Perú
Julissa Mantilla Falcón
2012 | Universidad Nacional de Quilmes
AccederLa violencia contra las mujeres y la debida diligencia del Estado: aportes para el caso de la violencia sexual
Julissa Mantilla Falcón
2019
AccederClaroscuros en las políticas contra la violencia. Estudio sobre la implementación de la ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia
Natalia Gherardi
2014 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
A cinco años de la sanción de la Ley 26.485 para protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres en sus relaciones interpersonales (en adelante, la “Ley Integral de Violencia” o “Ley 26.485”) es momento de realizar una evaluación inicial de su grado de implementación y efectividad de las acciones tomadas bajo su amparo. Es tiempo de impulsar acciones de monitoreo y rendición de cuentas.
La sanción de esta ley significó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia de género en Argentina: una ley integral, ambiciosa y abarcadora de distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, que colocó a nuestro país entre aquellos que dieron el paso hacia legislaciones de segunda generación, luego de una primera década concentrada a la violencia familiar o doméstica, de la que las mujeres eran de todas maneras las principales víctimas.
El objetivo de este documento es contar con un análisis inicial que permita tener una mirada general del tema, dejando sentadas las bases de lo que podría ser una indagación complementaria a realizarse durante el año 2015 en un proceso con mayor grado de participación de organizaciones de la sociedad civil, universidades y gobiernos locales, con un mejor alcance federal.
Este documento fue elaborado por Natalia Gherardi, con la colaboración de Paula Rey, Cecilia Gebruers, María Paula Krichevsky y Nadia Ferrari. Agradecemos el aporte de Claudio Navarrete Muñoz en la búsqueda de información. Este trabajo fue posible gracias al apoyo financiero de UNFPA en Argentina
Percepciones de la violencia contra las mujeres en las provincias de Chaco y Jujuy: una mirada desde las opiniones de sus habitantes
Natalia Gherardi
2018 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres ocupan un lugar central en la agenda por la igualdad de género. Desde la consagración de los derechos de las mujeres como derechos humanos, la violencia ha recibido creciente atención luego de décadas de trabajo de los movimientos de mujeres, las organizaciones y liderazgos feministas. Esta preocupación está hoy presente con fuerza en la agenda nacional y regional a partir de la convicción de que ninguna sociedad podrá ser realmente igualitaria si no garantiza una vida libre de violencias para todas las personas que la integran. El Proyecto �Cerrando Brechas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres� fue concebido como una estrategia para contribuir a reducir la distancia entre las promesas normativas y su efectividad a partir del trabajo colaborativo entre actores estatales y no estatales: sociedad civil y gobiernos locales tendiendo puentes hacia los sistemas de justicia y de salud para garantizar la atención integral de las mujeres en situación de violencia. Esta publicación reúne las investigaciones cuantitativas y cualitativas realizadas en el marco del Proyecto y que permiten contribuir a iluminar algunos de los problemas centrales que enfrentan las mujeres en situación de violencia para el acceso a la justicia y a las políticas integrales de apoyo y contención.
AccederDel reconocimiento a la vigencia: los derechos humanos de las mujeres en Argentina
Natalia Gherardi, Carla Zibecchi, Laura Pautassi
2010 | Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
AccederParticipación de las mujeres en cargos públicos
Natalia Gherardi, Beatriz Kohen
2005 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Segundo informe regional publicado por la Articulación Regional Feminista, en donde se analiza la situación de las mujeres en materia de derechos humanos en seis países de la región.
Articulación Regional Feminista (2009). Santiago de Chile: Corporación Humanas
Globalism in Law and Society: Law without the State as Law without Violence
Julieta Lemaitre Ripoll
2015
AccederLa participación directa y los acuerdos de paz: entre el buen gobierno, la escucha atenta y el poder del pueblo
Julieta Lemaitre Ripoll
2016 | Universidad de los Andes
AccederCartografía de derechos trans en Chile
OutRight Action International
2016 | OutRight Action International
El panorama actual de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en Chile es complejo. Existe un poder ejecutivo con voluntad política para promover la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, y que se encuentra en proceso de generar una conciencia política nacional que sustente una transformación institucional duradera. Varios legisladores conservadores, influenciados en gran medida por la iglesia católica, que se resisten a reconsiderar –desde la perspectiva de los derechos humanos– asuntos como el aborto y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Y algunos legisladores más progresistas que se apoyan en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para promover las iniciativas en pro de la población LGBTI. De forma paralela, se han formado y organizado organizaciones civiles LGBTI en Chile para generar cambios culturales, desmontar estereotipos y presionar por el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Estas organizaciones también han desempeñado un papel importante al hacer que su causa sea pública, identificar y exigir soluciones, y monitorear la consecución, garantía e implementación de los derechos LGBTI.Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de OutRight Action International, en colaboración con la Fundación TranSítar en relación con el respeto de los derechos de las per-sonas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas chilenas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y también considera la situación de las personas trans que se encuentran en prisión. El informe concluye con una serie de recomendaciones para las au-toridades chilenas que tienen como f in ga-rantizar un mayor respeto por estos derechos de las personas trans. El informe muestra que Chile goza de un marco de derechos humanos razonablemente robusto; el país ha ratificado los principales tratados y convenciones sobre derechos humanos, y la Constitución, que es imperfecta, junto con la Ley Antidiscriminación, que tiene falencias, contienen protecciones a los derechos humanos. A medida que el concepto del derecho humano al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– gana impulso a nivel internacional, el gobierno chileno está apoyando un proyecto de ley sobre identidad de género. Si este proyecto se convierte en ley, garantizará que la identi-dad de género se reconozca como un derecho humano3, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans y las protegerá de la discriminación. En la actualidad, un in-dividuo que desee cambiar su nombre registrado debe presentar una petición en un tribunal civil junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que demuestren tratamientos quirúrgicos o farmacológicos. Si bien la Constitución chilena garantiza el acceso libre e igualitario a los servicios de salud, y se han desarrollado las políticas nacionales de salud “Circular 21” y “Vía Clínica” con el fin de regular la atención médica para las personas trans, estas personas no han sido consultadas apropiada-mente y las políticas tienen serias falencias. Estas políticas fusionan las necesidades de salud de las personas transgénero con la atención por VIH/SIDA, y patologizan la identidad transgénero, al mismo tiempo que los recursos para suministrar acceso a procedimientos médicos de transición y de afirmación de género son insuficientes. La Constitución chilena garantiza el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, pero para las personas trans la discriminación en el sistema educativo es continua y comienza desde muy temprano. Sin embargo, los activistas trans han conseguido capacitar y generar conciencia entre profesores, estudiantes y administradores escolares sobre la identidad de género, y algunos colegios, como el Colegio El Trigal-Maipú, están liderando en camino para la inclusión de personas transgénero. Con respecto al derecho al trabajo, la situación de los derechos laborales de las personas trans está caracterizada por la ausencia de políticas públicas, una falta de compromiso por parte de los propietarios de empresas a ofrecer trabajo a personas trans, la carencia de una institución pública que capacite a personas trans y promueva la formación profesional, el abuso por parte de empleadores, y la inexistencia de regulaciones que garanticen seguridad laboral. Por último, las personas trans que se encuentran detenidas reciben un trato que infringe los principios internacionales sobre el trato a prisioneros, y que incluso puede constituir una violación de la prohibición al maltrato.
AccederCartografía de derechos trans en Costa Rica
Mulabi Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, OutRight Action International
2016 | OutRight Action International
Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y OutRight Action International en relación con el marco legislativo y de políticas públicas que protege los derechos de las personas transgénero en Costa Rica. El informe proporciona información actualizada sobre el marco que se está desarrollando en torno a los derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud que tienen las personas trans, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades de Costa Rica que tienen como fin garantizar un mayor respeto por estos derechos en la legislación, las políticas y la práctica. El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convencio-nes internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. A pesar de que ha habido algunos avances positivos en cuanto a los documentos de iden-tidad, gracias a un “reglamento de fotografía” que permite a las personas trans conciliar la imagen que aparece en su documento de iden-tidad con la imagen que tienen de sí mismas, todavía parece haber confusión a nivel oficial con respecto a la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil exigen nada menos que una ley que garantice el pleno reconocimiento legal de género. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), han elaborado algunas directrices que buscan evitar la discriminación en el sistema educativo, incluyendo la discriminación basada en identidad de género. Esta orientación –junto con las nuevas políticas adoptadas por varias instituciones educativas costarricenses– debería ayudar a facilitar el goce del derecho a la educación por parte de las personas trans, pero el desafío será garantizar que estas directrices funcionen en la práctica. Con respecto al derecho al trabajo, y si bien el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la discriminación, la identidad de género no es un motivo de discriminación que se mencio-ne específicamente, y no hay políticas para promover el empleo de las personas trans. A pesar del amplio marco legislativo y de políticas que defiende el derecho de las personas trans a la salud, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta problemas culturales y estructurales en el sistema médico, en especial con respecto a la transición. Aún es necesario realizar mucho más trabajo para garantizar que las personas trans reciban el apoyo adecuado cuando se trata de las necesidades generales de salud y los procesos físicos y mentales involucrados en la transición. Esto al tiempo que las orga-nizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se realice una distinción entre los cuidados generales por VIH, por un lado, y políticas integrales de asistencia médica para las personas trans por el otro.
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