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Palabras clave: 'CEDES'.
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Gender and sexuality in Latin America-cases and decisions
Macarena Sáez, Cristina Motta
| Springer
Translated and updated from the seminal Spanish text on legal decisions affecting gender and sexuality in Latin America, this English edition is the only law text to focus specifically on the rights of lesbians, gays, bisexuals and the transgender population in addition to women’s rights more broadly. The volume provides close analysis of some of the most important decisions made by Latin American national courts, as well as those made by international legal bodies, that affect the rights and interests of these groups. Specially selected for their depth of argument and value as exemplars, the studies of good legal practice chart the path of the region’s normative values of justice as they have evolved away from a partial, and patriarchal, exercise of the law. They show how cases with vastly differing contexts such as, property rights and domestic violence have resulted in a mixed body of Latin American law. Some decisions are protective of women’s and minority rights. Some assess the wider social impacts of case law in which recognition of the discrete legal identities within households challenges established precepts, including religious ones. Other cases have been chosen as cautionary examples of bad decision-making and for the poverty of their legal debate. Updated to include the latest relevant jurisprudence from across the continent, this book is an informed, cohesive and comprehensive guide to understanding women’s and gender-based rights in Latin America.
AccederViolencia sexual en las relaciones de pareja: el derecho al aborto y la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos
Natalia Gherardi, Cecilia Gebruers, Camila Hoyos
2015 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Este documento describe los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la atención de las mujeres víctimas de violencia en relación con su derecho al aborto, a partir de algunos interrogantes centrales: ¿cuáles son las obligaciones del sector salud para la atención de las mujeres víctimas de violencia de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos? ¿Cuáles son sus obligaciones frente al derecho de las mujeres víctimas de violencia a interrumpir voluntariamente el embarazo? Quienes tienen responsabilidades de organización de los servicios de salud a nivel nacional, provincial y municipal encontrarán en este documento lineamientos para diseñar políticas públicas de salud con un enfoque de derechos.
AccederEl aborto legal en Argentina: la justicia después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso F.A.L.
Natalia Gherardi, Cecilia Gebruers
2016 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L.s/ medida autosatisfactiva” marcó un punto de inflexión en la interpretación correcta de la regulación del aborto por causales en Argentina, al leer el artículo 86 del Código Penal argentino a la luz de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En esa sentencia, la Corte estableció que las mujeres tienen derecho a la interrupción legal del embarazo en los casos de peligro para la vida, peligro para la salud, y en caso de violencia sexual. Sin embargo, la violencia institucional ejercida tanto desde los efectores de salud como los operadores judiciales aún perdura, limitanto el acceso a ese derecho para las mujeres, niñas y adolescentes del país. Este documento analiza a las dinámicas de la judicialización de casos en distintas jurisdicciones de Argentina del periodo marzo de 2012 - diciembre de 2014 para identificar las resistencias, oportunidades y nudos problemáticos que susbsisten luego de la decisión de la Corte Suprema, con el objetivo de explorar posibles estrategias de incidencia que contribuyan a mejorar el acceso al derecho al aborto.
AccederEl papel del capital social en Argentina: aportes para su análisis a partir de una experiencia piloto de recolección informal de residuos sólidos en la ciudad de Buenos Aires
Natalia Gherardi, Carlos Gherardi
2002 | Fundación Ambiente y Recursos Naturales
AccederActivism and Human Rights in Latin America
María Mercedes Gómez, María Ximena Dávila
2018 | Charles Scribner’s Sons
AccederViolencia, homofobia y Psicoanálisis: entre lo secreto y lo público
María Mercedes Gómez
2007
Este artículo revisa, desde los conceptos psicoanalíticos de “síntoma” y “represión”, expresiones de violencia por prejuicio sexual en sociedades de heterosexualidad institucionalizada y obligatoria. Desde estas nociones la autora examina las tensiones que existen entre la prohibición de prácticas homosexuales, el concomitante deseo por lo prohibido, la violencia con que se normaliza tal deseo y sus efectos. Parte de un ejemplo jurídico para mostrar cómo prácticas de subordinación frente a sexualidades no-normativas son toleradas y mantenidas como fuentes de gozo privado, pero se tornan objeto de violencia excluyente cuando el gozo de lo prohibido se hace público. El texto explora las vicisitudes de esta transición desde una perspectiva psicoanalítica y política.
AccederCrímenes de odio en Estados Unidos: La distinción analítica entre excluir y discriminar
María Mercedes Gómez
2004
AccederProblemática de la violencia contra personas con orientación sexual o identidad de género no normativas en Latinoamérica
María Mercedes Gómez
2019 | Universidad Nacional de Colombia. Centro Editorial Facultad de Medicina, Instuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
AccederViolencia por Prejuicio
María Mercedes Gómez
2008 | Siglo del Hombre Editores
AccederLos usos jerárquicos y excluyentes de la violencia
María Mercedes Gómez
2006 | Siglo del Hombre Editores
AccederEl estado del arte del debate feminista en los Estados Unidos
María Mercedes Gómez
1998 | TM Editores
AccederEl feminismo: Ante todo un locus para la sospecha
María Mercedes Gómez
1995 | TM Editores
AccederCartografía de derechos trans en Chile
OutRight Action International
2016 | OutRight Action International
El panorama actual de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en Chile es complejo. Existe un poder ejecutivo con voluntad política para promover la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, y que se encuentra en proceso de generar una conciencia política nacional que sustente una transformación institucional duradera. Varios legisladores conservadores, influenciados en gran medida por la iglesia católica, que se resisten a reconsiderar –desde la perspectiva de los derechos humanos– asuntos como el aborto y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Y algunos legisladores más progresistas que se apoyan en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para promover las iniciativas en pro de la población LGBTI. De forma paralela, se han formado y organizado organizaciones civiles LGBTI en Chile para generar cambios culturales, desmontar estereotipos y presionar por el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Estas organizaciones también han desempeñado un papel importante al hacer que su causa sea pública, identificar y exigir soluciones, y monitorear la consecución, garantía e implementación de los derechos LGBTI.Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de OutRight Action International, en colaboración con la Fundación TranSítar en relación con el respeto de los derechos de las per-sonas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas chilenas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y también considera la situación de las personas trans que se encuentran en prisión. El informe concluye con una serie de recomendaciones para las au-toridades chilenas que tienen como f in ga-rantizar un mayor respeto por estos derechos de las personas trans. El informe muestra que Chile goza de un marco de derechos humanos razonablemente robusto; el país ha ratificado los principales tratados y convenciones sobre derechos humanos, y la Constitución, que es imperfecta, junto con la Ley Antidiscriminación, que tiene falencias, contienen protecciones a los derechos humanos. A medida que el concepto del derecho humano al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– gana impulso a nivel internacional, el gobierno chileno está apoyando un proyecto de ley sobre identidad de género. Si este proyecto se convierte en ley, garantizará que la identi-dad de género se reconozca como un derecho humano3, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans y las protegerá de la discriminación. En la actualidad, un in-dividuo que desee cambiar su nombre registrado debe presentar una petición en un tribunal civil junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que demuestren tratamientos quirúrgicos o farmacológicos. Si bien la Constitución chilena garantiza el acceso libre e igualitario a los servicios de salud, y se han desarrollado las políticas nacionales de salud “Circular 21” y “Vía Clínica” con el fin de regular la atención médica para las personas trans, estas personas no han sido consultadas apropiada-mente y las políticas tienen serias falencias. Estas políticas fusionan las necesidades de salud de las personas transgénero con la atención por VIH/SIDA, y patologizan la identidad transgénero, al mismo tiempo que los recursos para suministrar acceso a procedimientos médicos de transición y de afirmación de género son insuficientes. La Constitución chilena garantiza el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, pero para las personas trans la discriminación en el sistema educativo es continua y comienza desde muy temprano. Sin embargo, los activistas trans han conseguido capacitar y generar conciencia entre profesores, estudiantes y administradores escolares sobre la identidad de género, y algunos colegios, como el Colegio El Trigal-Maipú, están liderando en camino para la inclusión de personas transgénero. Con respecto al derecho al trabajo, la situación de los derechos laborales de las personas trans está caracterizada por la ausencia de políticas públicas, una falta de compromiso por parte de los propietarios de empresas a ofrecer trabajo a personas trans, la carencia de una institución pública que capacite a personas trans y promueva la formación profesional, el abuso por parte de empleadores, y la inexistencia de regulaciones que garanticen seguridad laboral. Por último, las personas trans que se encuentran detenidas reciben un trato que infringe los principios internacionales sobre el trato a prisioneros, y que incluso puede constituir una violación de la prohibición al maltrato.
AccederCartografía de derechos trans en Colombia
Aquelarre Trans, OutRight Action International, PAIIS
2016 | OutRight Action International
Este breve informe presenta los hallazgos investigativos del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), de Aquelarre Trans y de OutRight Action International, en relación con el respeto de los derechos de las personas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas colombianas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades colombianas que tienen como fin de garantizar un mayor respeto por estos derechos. El informe muestra que Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. A través de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha protegido los intereses de las personas trans, ha establecido la identidad de género como un criterio sospechoso de discriminación, y ha ampliado el derecho al libre desarrollo de la personalidad para incluir el derecho a elegir la identidad propia. Sin embargo, como lo demuestra este informe, en la práctica la realidad es diferente. A pesar del hecho de que la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia para proteger a las personas trans de la discriminación, la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género continúa existiendo. Los derechos de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. ...Sin embargo...en la práctica la realidad es diferente y transgéneros (LGTB) en Colombia no están garantizados debido a la facultad discrecional de las autoridades judiciales y administrativas, que a menudo anteponen sus opiniones prejuiciosas a la hora de hacer cumplir la ley, o desconocen las necesidades y derechos de estas comunidades. El derecho al reconocimiento legal degénero –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– ha ganado impulso recientemente el Colombia. Hasta hace poco, era muy difícil que una persona pudiera cambiar el sexo de su registro civil. Pero dos sentencias de la Corte Constitucional en 2015 cambiaron esto y, con la participación de organizaciones de personas trans, los Ministerios del Interior y de Justicia expidieron un nuevo decreto que permite el cambio de sexo en los documentos de identidad para mayores de 18 años con la simple declaración de voluntad de la persona. No obstante, y a pesar de estos avances legales positivos, varios obstáculos –incluyendo los enfoques impredecibles de los tribunales inferiores y los notarios– obstruyen el pleno goce del derecho al reconocimiento legal de género de las personas trans y, a su vez, los derechos asociados, incluyendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A esto se suman los problemas que existen para los hombres trans debido a la libreta militar. En el área de la educación, y a pesar de fuertes sentencias de la Corte Constitucional que defienden los derechos de las personas trans para acceder a la educación, la comunidad trans enfrenta múltiples problemas. Estos problemas incluyen la discriminación reforzada por una falta de comprensión sobre la orientación sexual e identidad de género, y la incapacidad de lidiar con la transfobia y el acoso, lo que ha convertido a algunas instituciones educativas en ambientes hostiles para las personas trans. El derecho de las personas trans a tener un trabajo decente y productivo se ve socavado por la discriminación, por barreras legales y administrativas, incluyendo los problemas causados por la libreta militar, y por el hecho de que algunas profesiones se han “transexualizado”, lo que quiere decir que las personas trans en la práctica están limitadas a trabajos específicos de baja remuneración y a menudo ingresan al mercado laboral mediante el trabajo sexual. A pesar del hecho de que el derecho a la salud en Colombia se ha desarrollado signi-ficativamente, con más sentencias fuertes de la Corte Constitucional, una gran proporción de la comunidad trans en Colombia ha sido víctima de discriminación por parte del Estado y de actores privados. Mientras que el Decreto 1227 permite la rectificación del sexo en los documentos de identidad, el sistema de salud aún no permite a las personas trans acceder a transformaciones corporales ni a tratamientos hormonales sin primero someterlas un proceso de patologización.
AccederCartografía de derechos trans en Costa Rica
Mulabi Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, OutRight Action International
2016 | OutRight Action International
Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y OutRight Action International en relación con el marco legislativo y de políticas públicas que protege los derechos de las personas transgénero en Costa Rica. El informe proporciona información actualizada sobre el marco que se está desarrollando en torno a los derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud que tienen las personas trans, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades de Costa Rica que tienen como fin garantizar un mayor respeto por estos derechos en la legislación, las políticas y la práctica. El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convencio-nes internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. A pesar de que ha habido algunos avances positivos en cuanto a los documentos de iden-tidad, gracias a un “reglamento de fotografía” que permite a las personas trans conciliar la imagen que aparece en su documento de iden-tidad con la imagen que tienen de sí mismas, todavía parece haber confusión a nivel oficial con respecto a la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil exigen nada menos que una ley que garantice el pleno reconocimiento legal de género. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), han elaborado algunas directrices que buscan evitar la discriminación en el sistema educativo, incluyendo la discriminación basada en identidad de género. Esta orientación –junto con las nuevas políticas adoptadas por varias instituciones educativas costarricenses– debería ayudar a facilitar el goce del derecho a la educación por parte de las personas trans, pero el desafío será garantizar que estas directrices funcionen en la práctica. Con respecto al derecho al trabajo, y si bien el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la discriminación, la identidad de género no es un motivo de discriminación que se mencio-ne específicamente, y no hay políticas para promover el empleo de las personas trans. A pesar del amplio marco legislativo y de políticas que defiende el derecho de las personas trans a la salud, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta problemas culturales y estructurales en el sistema médico, en especial con respecto a la transición. Aún es necesario realizar mucho más trabajo para garantizar que las personas trans reciban el apoyo adecuado cuando se trata de las necesidades generales de salud y los procesos físicos y mentales involucrados en la transición. Esto al tiempo que las orga-nizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se realice una distinción entre los cuidados generales por VIH, por un lado, y políticas integrales de asistencia médica para las personas trans por el otro.
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