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Palabras clave: 'Código civil'.
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El peso de la igualdad en el debate sobre el reconocimiento de uniones afectivas entre personas del mismo sexo
María Soledad Fernández Revoredo
2016
La posibilidad de reconfiguración de la institución matrimonial y del concubinato tal como están regulados en el Código Civil peruano, para incluir a las parejas del mismo sexo, es un tema que viene generando debate. La propuesta sobre la que sectores progresistas del Congreso de la República han puesto empeño, ha sido la creación de la figura de la Unión Civil no Matrimonial que supone la extensión de algunos de los derechos previstos para el matrimonio y el concubinato a las parejas del mismo sexo. Asumo como punto de partida que tener dos regímenes jurídicos, uno para parejas heterosexuales y otro para homosexuales y lésbicas, refuerza la otredad de quienes no ejercen una sexualidad normativa. En el presente trabajo sostendré que la igualdad es el argumento más importante y consistente para el reconocimiento de las uniones afectivas entre personas del mismo sexo. En este sentido, desarrollaré los alcances del concepto de igualdad y los problemas que este plantea, para luego vincularlo a la orientación sexual como factor de diferenciación. Fundamentaré las razones por las cuales la orientación sexual no puede ser asumida como un criterio para delinear instituciones familiares como el matrimonio y el concubinato.
Cartografía de derechos trans en Costa Rica
Mulabi Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, OutRight Action International
2016 | OutRight Action International
Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y OutRight Action International en relación con el marco legislativo y de políticas públicas que protege los derechos de las personas transgénero en Costa Rica. El informe proporciona información actualizada sobre el marco que se está desarrollando en torno a los derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud que tienen las personas trans, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades de Costa Rica que tienen como fin garantizar un mayor respeto por estos derechos en la legislación, las políticas y la práctica. El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convencio-nes internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. A pesar de que ha habido algunos avances positivos en cuanto a los documentos de iden-tidad, gracias a un “reglamento de fotografía” que permite a las personas trans conciliar la imagen que aparece en su documento de iden-tidad con la imagen que tienen de sí mismas, todavía parece haber confusión a nivel oficial con respecto a la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil exigen nada menos que una ley que garantice el pleno reconocimiento legal de género. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), han elaborado algunas directrices que buscan evitar la discriminación en el sistema educativo, incluyendo la discriminación basada en identidad de género. Esta orientación –junto con las nuevas políticas adoptadas por varias instituciones educativas costarricenses– debería ayudar a facilitar el goce del derecho a la educación por parte de las personas trans, pero el desafío será garantizar que estas directrices funcionen en la práctica. Con respecto al derecho al trabajo, y si bien el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la discriminación, la identidad de género no es un motivo de discriminación que se mencio-ne específicamente, y no hay políticas para promover el empleo de las personas trans. A pesar del amplio marco legislativo y de políticas que defiende el derecho de las personas trans a la salud, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta problemas culturales y estructurales en el sistema médico, en especial con respecto a la transición. Aún es necesario realizar mucho más trabajo para garantizar que las personas trans reciban el apoyo adecuado cuando se trata de las necesidades generales de salud y los procesos físicos y mentales involucrados en la transición. Esto al tiempo que las orga-nizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se realice una distinción entre los cuidados generales por VIH, por un lado, y políticas integrales de asistencia médica para las personas trans por el otro.
AccederAdolescentes: Derecho al aseguramiento y atención en salud sexual, reproductiva y mental en el Perú. Balance normativo
Marcela Huaita Alegre, Julissa Chávez Granda, Connie Vila Córdova
2020 | UNICEF Perú
El presente estudio se realiza en el marco del Programa de Cooperación Perú – UNICEF 2017-2021 que busca promover los derechos de las y los adolescentes, las niñas y los niños, y la creación de oportunidades equitativas para que cada uno de ellos, sin distinción de género, etnia, lugar de residencia, condición de vida o de cualquier otra índole, desarrollen su potencial. Tiene como uno de sus componentes contribuir a que las y los adolescentes cuenten con mayores oportunidades para disfrutar de una vida saludable, aprender a lo largo de ella y ejercer plenamente su ciudadanía.Los objetivos de este informe son:• Identificar y analizar las barreras y vacíos nor-mativos de diferentes niveles que limitan el acceso de la población adolescente a los servicios de salud para prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia en las Ipress (Instituciones Prestadoras de Servi-cios de Salud) administradas por las diferen-tes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS, teniendo como referencia el nivel de cumplimiento de los compromisos vinculantes y no vinculantes del Estado peruano y las observaciones es-tablecidas por el Comité de los Derechos del Niño.• Identificar y analizar el nivel de consistencia y coherencia entre las diferentes normativas emitidas por el Estado peruano para la prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia en adolescentes.• Identificar y analizar las barreras y vacíos normativos para el acceso de adolescentes a un seguro de salud desde las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS.• Identificar y analizar el nivel de consistencia y coherencia entre la normatividad emitida por el ente rector en salud (Ministerio de Salud), y los documentos o protocolos emitidos por las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS en relación con la prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia en adolescentes. En ese sentido, en el informe, luego de abordar algunas problemáticas que se dan en torno a la categoría adolescente y el reconocimiento de sus capacidades, revisa las obligaciones del Estado frente al derecho a la salud que este grupo de nuestra población debe gozar. Uno de estos ámbitos es el de aseguramiento en salud, tema poco abordado desde la perspectiva de las y los adolescentes. Por ello el estudio busca identificar y analizar las barreras y vacíos normativos para el acceso de adolescentes a un seguro de salud desde las diferentes IAFAS, teniendo en cuenta, especialmente, aquellas barreras y vacíos normativos que limitan el acceso de la población adolescente a los servicios de salud para prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia.La principal conclusión, a nivel del sistema de salud, es la necesidad de conciliar las diferentes visiones de los y las adolescentes que se encuentran en la normatividad peruana para garantizar su derecho a la salud. Se identifica que aún persisten normas restrictivas que limitan los criterios de elegibilidad para esta población, como por ejemplo la remisión de la Ley General de Salud a la norma del Código Civil que define a la población adolescente como incapaces absolutos (doce a dieciséis años) o relativos (dieciséis a dieciocho años) y por tanto no pueden dar consentimiento sin la presencia de padres o tutores, lo mismo que se contrapone al estándar de confidencialidad y privacidad (aceptabilidad) recomendado por la Convención sobre los Derechos del Niño.De otro lado, establecer los catorce años como una edad determinada para dar consentimiento válido para el inicio de relaciones sexuales no violatorias de su integridad sexual es problemático, especialmente por el factor cultural. Dado que si bien puede proteger a determinadas adolescentes porque determina una violación presunta, también puede oponerse a la accesibilidad a los servicios sin discriminación por razón de la edad. En materia de aseguramiento, el sistema de salud peruano está fragmentado y segmentado lo cual ocasiona que no se sepa exactamente cuántos seguros tiene una persona. Si bien ello no se restringe al grupo adolescente, resulta importante mencionarlo porque afecta el goce del derecho a la salud para este grupo poblacional.La cobertura del aseguramiento en salud está alcanzando a la población adolescente en mayor medida que a la población en general. A pesar de ello existe 20% de la población adolescente sin seguro (Censo 2017), es decir, poco más de medio millón de peruanos y peruanas. Sin embargo, el número de adolescentes que no tienen algún seguro aumenta con la edad: se pasa de 93,334 adolescentes que a los doce años sin con seguro, a 112,706 que a los diecisiete años no cuentan con uno, aumentando de 17% a 23% los que carecen de él, según datos del Censo 2017. Las y los adolescentes de algunas regiones del país, especialmente las del sur, podrían estar en-frentando mayor dificultad para gozar de algún tipo de seguro (Puno, Tacna, Arequipa, Madre de Dios, Ica, Lima provincias, La Libertad, Piura).El SIS es el gran asegurador para la población adolescente, seguido de EsSalud. Sin embargo, del total de adolescentes que gozan de algún tipo de seguro de salud, aproximadamente el 3% tiene una cobertura en planes por debajo del PEAS.En las IAFAS públicas no se oferta el PEAS en todos los casos, existiendo por ejemplo más de un 10% de adolescentes de EsSalud que no reciben PEAS completo. De acuerdo a SuSalud solo las IAFAS de las Fuerzas Armadas y Policiales estarían ofertando el PEAS a toda la población adolescente que está bajo su régimen. En el sistema privado los autoseguros son los que estarían ofreciendo en mayor medida PEAS completos para este grupo poblacional.La cobertura en torno a la violencia intrafamiliar está prevista en el PEAS en relación únicamen-te con manifestaciones de violencia física. Otras relativas a salud mental, como la depresión, no están asociadas a la violencia intrafamiliar, pe-ro sí están previstas de manera autónoma, de manera tal que si se le identifica debería tener la cobertura correspondiente. Los períodos de carencia o espera varían entre IAFAS (SIS, Es-Salud; Seguros privados), sin que ello esté, en apariencia, debidamente justificado con estu-dios actuariales. En el SIS la ficha de focalización de hogares puede constituirse en una barrera de ingreso, cuando la o el adolescente proveniente de una familia no pobre recurre al sistema de manera independiente, dado que por sí mismo no constituye un hogar y es persona dependiente de su familia de origen1. Además, existe riesgo de pérdida de seguro al cambiar de situación labo-ral personalmente o sus padres, especialmente cuando tiene que pasar de EsSalud al SIS, por-que EsSalud no les da de baja pero tampoco les atienden luego del período que la ley prevé y en el SIS aparecen como con cobertura.Uno de los temas de mayor alarma por su incons-titucionalidad es que algunas IAFAS públicas no cubren los gastos por maternidad a las hijas ado-lescentes embarazadas, porque no se extiende el concepto de “beneficiario” del sistema al producto de su embarazo. Al respecto, hay norma-tividad interna expresa tanto en EsSalud como en Saludpol e IAFAS de las FFAA. No así en los seguros privados que sí le dan cobertura.Además, en algunas IAFAS de las Fuerzas Arma-das y Policía se excluye de cobertura a las hijas
hijos que se casan, sin especificar edad, y en el caso de la Policía también hay exclusión expre-sa en los casos de las adolescentes que deciden convivir con su pareja.La eficiencia técnica de la provisión de servicios de atención de salud a las y los adolescentes se ve comprometida por las barreras antes reseñadas y por algunas propias de la oferta del servicio; por ejemplo, que para gozar del derecho no es suficiente la partida de nacimiento que evi-dencie la vinculación parental, sino que deben estar inscritos en una ficha familiar en las IAFAS de las FFAA.Asimismo, desde el sector público se identifica una ausencia de indicadores relativos a la etapa de vida adolescente en el documento que regula precisamente la medición de avances de los programas presupuestales. Barrera en el nivel instrumental pero que va a tener un fuerte impacto en el nivel programático y organizativo, dado que se opone a la disponibilidad de data de programas estratégicos. Esperamos que el presente estudio contribuya a reflexionar sobre la importancia de garantizar la salud de la población adolescente pues ello sin duda contribuirá a asegurar sus derechos, mejorar su futuro y el de nuestro país.
Críticas Feministas ao Direito: uma análise sobre a produção acadêmica no Brasil
Ela Wiecko Volkmer de Castilho, Carmen Hein de Campos, Fabiana Cristina Severi
2019
Acceder"No meio do caminho tinha uma pedra": a exigência de autorização da Assembleia Legislativa como obstáculo à criminalização de governadores de estado
Ela Wiecko Volkmer de Castilho
2015
O Direito nos Tribunais Superiores: com ênfase no novo direito processual civil reúne 40 artigos escritos por juristas renomados, doutores, magistrados, além de convidados internacionais, nomes de peso como Arruda Alvim, Flávia Piovesan, Luiz Guilherme Marinoni, Luiz Edson Fachin, além dos ministros José Antonio Dias Toffoli, José Augusto Delgado e Mauro Luiz Campbell Marques. Trata-se de uma obra extensa mas de agradável leitura, mesmo em relação aos textos mais difíceis, graças ao trabalho do editor Luiz Fernando de Queiroz que cuidou para que tanto aos mais elevados profissionais do direito, como estudantes que iniciam a vida acadêmica pudessem aproveitá-la. Sob a coordenação do desembargador do TJPR Fagundes Cunha, também diretor-geral da Escola Judicial da América Latina- EJAL, e em oportuna homenagem ao ministro do STJ Sérgio Luiz Kukina, os textos abordam principalmente as mudanças que o novo Código de Processo Civil (em vigor a partir de março de 2016) irá trazer ao sistema processual civil brasileiro. O livro, de 720 páginas, também discute temas como a atuação dos tribunais superiores, a cooperação judicial na América Latina e os diferentes paradigmas jurídicos contemporâneos.
AccederEl derecho de familia interpelado por las uniones homosexuales
Verónica Spaventa
2009
AccederMujeres, matrimonio y discriminación en el Código Civil de Argentina
Verónica Spaventa
2006
AccederUna interpretación ‘armónica’ y sistémica del art. 19 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
Verónica Spaventa
2015
AccederLa bioética en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
Eleonora Lamm, Marisa Herrera
2015
AccederAutonomía progresiva y testigos de Jehová. ¿Hasta qué punto es factible el rechazo de una transfusión?
Eleonora Lamm
2018
AccederBiotecnologías y derecho penal. Equilibrio entre evolución científica, precaución y goce y protección de derechos humanos fundamentales
Eleonora Lamm
2016
AccederEl embrión no implantado en el proyecto de código unificado. Coincidencia de la solución con la de los países de tradición común
Eleonora Lamm, Marisa Herrera, Aida Kemelmajer de Carlucci
2013
AccederLa bioética en el derecho de familia
Eleonora Lamm
2012
La obra se compone de tres tomos cuya estructura y contenido guarda sintonía con el acertado método seguido en el Libro Segundo “Relaciones de familia” que integra el Código Civil y Comercial”.
El tomo I, “Persona, familias y derecho de las familias”, se inicia con el estudio del derecho de las familias desde una perspectiva constitucional y convencional.
El tomo II, “Relaciones personales y patrimoniales de pareja”, se corresponde con la amplitud de criterio que sigue el sistema vigente, con esta visión se estudia el proyecto de vida que encuentra su origen en las distintas formas de vivir en pareja.
El tomo III, “Filiación, responsabilidad parental y sistemas de representación legal”, se divide en tres partes que se corresponden con los tres ejes temáticos que integran el tomo: la primera parte se destina al estudio de la filiación por naturaleza y la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, partiendo de un marco general que se proyecta a las tres fuentes de la filiación. La segunda parte se destina a la adopción. Se inicia el abordaje con una breve reseña de la evolución legal para así comprender los móviles que impulsaron el cambio. La tercera parte se inicia con la responsabilidad parental, partiendo de un encuadre que busca mostrar y explicar el pasaje de la “patria potestad” a la “responsabilidad parental”