El presente artículo realiza una crítica a la regulación actual del trabajo doméstico y a la última
reforma legal sobre la materia, que incluyó la economía del cuidado en las cuentas nacionales. La autora argumenta que el derecho crea los incentivos suficientes para producir a las
mujeres como actores ineficientes del mercado, utilizando mecanismos legales que disponen
las obligaciones femeninas como prestaciones naturales asociadas con la maternidad y el
cuidado del hogar. Los costos que socialmente pagamos por sostener la opresión femenina
están externalizados en esquemas como el sistema de salud, el diseño pensional y la brecha
de igualdad salarial para las mujeres. El artículo concluye mostrando cómo la contingencia
de la regulación actual del trabajo doméstico y el costo social asociado a ella puede alterarse con reformas incrementales que aumenten el posicionamiento social de las mujeres en
términos de poder y recursos.