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Palabras clave: 'Servicios de salud'.
13 coincidencia(s) encontradas.

Artículo

Derechos Sexuales y Reproductivos: Confidencialidad y VIH/ Sida en Adolescentes Chilenos

Lidia Casas Becerra, Ester Valenzuela Rivera

Los adolescentes enfrentan obstáculos culturales e institucionales al momento de concurrir a los servicios de salud en busca de atención en salud sexual y reproductiva. Los jóvenes que se autoperciben de riesgo en VIH/SIDA experimentan discriminación por consideraciones socioeconómicas, y se vulnera su derecho a acceder a servicios de salud bajo un marco de confidencialidad, desconociendo el principio de autonomía progresiva y la evolución de sus facultades. La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), ratificada por Chile, provee un marco jurídico que propicia un diálogo y una nueva relación de los adolescentes con la familia, el Estado y la sociedad, e instala un nuevo paradigma a partir del cual la infancia y la adolescencia son consideradas sujetos de derechos.

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Capítulo de libro

Prólogo

Lourdes Motta Murguía
2011

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Libro

Cerrando brechas para erradicar la violencia contra las mujeres. Aportes para fortalecer una agenda integral para la igualdad de género

Natalia Gherardi
2018 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

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Libro electrónico / e-book

Violencia sexual en las relaciones de pareja: el derecho al aborto y la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos

Natalia Gherardi, Cecilia Gebruers, Camila Hoyos
2015 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

Este documento describe los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la atención de las mujeres víctimas de violencia en relación con su derecho al aborto, a partir de algunos interrogantes centrales: ¿cuáles son las obligaciones del sector salud para la atención de las mujeres víctimas de violencia de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos? ¿Cuáles son sus obligaciones frente al derecho de las mujeres víctimas de violencia a interrumpir voluntariamente el embarazo? Quienes tienen responsabilidades de organización de los servicios de salud a nivel nacional, provincial y municipal encontrarán en este documento lineamientos para diseñar políticas públicas de salud con un enfoque de derechos.

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Entrevista

Defending Human Rights During a the Covid-19 Pandemic (with Luisa Cabal, UNAIDS)

Luisa Cabal
2020 | Oxford Human Rights Hub

In this episode, we discuss the intersection between the responses to public health crisis and human rights with Luisa Cabal, Acting Director of the Community Support, Social Justice, and Inclusion at UNAIDS. UNAIDS recently published a guidance paper of lessons learned from other pandemics, such as the HIV pandemic, about how to respect and uphold human rights during exceptional times.

Download a full transcript: ohrh.law.ox.ac.uk/media/how-to-uph…ith-luisa-cabal/

Interview with: Luisa Cabal (UNAIDS)
Hosted by: Mónica Arango Olaya
Produced and edited by: Christy Callaway-Gale
Executive producer: Kira Allmann
Shownotes: Sarah Dobbie
Music: Rosemary Allmann

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Documento

Cartografía de derechos trans en Chile

OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

El panorama actual de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en Chile es complejo. Existe un poder ejecutivo con voluntad política para promover la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, y que se encuentra en proceso de generar una conciencia política nacional que sustente una transformación institucional duradera. Varios legisladores conservadores, influenciados en gran medida por la iglesia católica, que se resisten a reconsiderar –desde la perspectiva de los derechos humanos– asuntos como el aborto y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Y algunos legisladores más progresistas que se apoyan en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para promover las iniciativas en pro de la población LGBTI. De forma paralela, se han formado y organizado organizaciones civiles LGBTI en Chile para generar cambios culturales, desmontar estereotipos y presionar por el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Estas organizaciones también han desempeñado un papel importante al hacer que su causa sea pública, identificar y exigir soluciones, y monitorear la consecución, garantía e implementación de los derechos LGBTI.Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de OutRight Action International, en colaboración con la Fundación TranSítar en relación con el respeto de los derechos de las per-sonas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas chilenas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y también considera la situación de las personas trans que se encuentran en prisión. El informe concluye con una serie de recomendaciones para las au-toridades chilenas que tienen como f in ga-rantizar un mayor respeto por estos derechos de las personas trans. El informe muestra que Chile goza de un marco de derechos humanos razonablemente robusto; el país ha ratificado los principales tratados y convenciones sobre derechos humanos, y la Constitución, que es imperfecta, junto con la Ley Antidiscriminación, que tiene falencias, contienen protecciones a los derechos humanos. A medida que el concepto del derecho humano al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– gana impulso a nivel internacional, el gobierno chileno está apoyando un proyecto de ley sobre identidad de género. Si este proyecto se convierte en ley, garantizará que la identi-dad de género se reconozca como un derecho humano3, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans y las protegerá de la discriminación. En la actualidad, un in-dividuo que desee cambiar su nombre registrado debe presentar una petición en un tribunal civil junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que demuestren tratamientos quirúrgicos o farmacológicos. Si bien la Constitución chilena garantiza el acceso libre e igualitario a los servicios de salud, y se han desarrollado las políticas nacionales de salud “Circular 21” y “Vía Clínica” con el fin de regular la atención médica para las personas trans, estas personas no han sido consultadas apropiada-mente y las políticas tienen serias falencias. Estas políticas fusionan las necesidades de salud de las personas transgénero con la atención por VIH/SIDA, y patologizan la identidad transgénero, al mismo tiempo que los recursos para suministrar acceso a procedimientos médicos de transición y de afirmación de género son insuficientes. La Constitución chilena garantiza el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, pero para las personas trans la discriminación en el sistema educativo es continua y comienza desde muy temprano. Sin embargo, los activistas trans han conseguido capacitar y generar conciencia entre profesores, estudiantes y administradores escolares sobre la identidad de género, y algunos colegios, como el Colegio El Trigal-Maipú, están liderando en camino para la inclusión de personas transgénero. Con respecto al derecho al trabajo, la situación de los derechos laborales de las personas trans está caracterizada por la ausencia de políticas públicas, una falta de compromiso por parte de los propietarios de empresas a ofrecer trabajo a personas trans, la carencia de una institución pública que capacite a personas trans y promueva la formación profesional, el abuso por parte de empleadores, y la inexistencia de regulaciones que garanticen seguridad laboral. Por último, las personas trans que se encuentran detenidas reciben un trato que infringe los principios internacionales sobre el trato a prisioneros, y que incluso puede constituir una violación de la prohibición al maltrato.

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Derechos de las personas usuarias y resolución de conflictos en los servicios de Salud: Guía de capacitación

Marcela Huaita Alegre, G. H. Moreno, Iván Ormachea-Choque, M. Ríos
2005 | Asociación Peruana de Derecho Sanitario

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Adolescentes: Derecho al aseguramiento y atención en salud sexual, reproductiva y mental en el Perú. Balance normativo

Marcela Huaita Alegre, Julissa Chávez Granda, Connie Vila Córdova
2020 | UNICEF Perú

El presente estudio se realiza en el marco del Programa de Cooperación Perú – UNICEF 2017-2021 que busca promover los derechos de las y los adolescentes, las niñas y los niños, y la creación de oportunidades equitativas para que cada uno de ellos, sin distinción de género, etnia, lugar de residencia, condición de vida o de cualquier otra índole, desarrollen su potencial. Tiene como uno de sus componentes contribuir a que las y los adolescentes cuenten con mayores oportunidades para disfrutar de una vida saludable, aprender a lo largo de ella y ejercer plenamente su ciudadanía.Los objetivos de este informe son:• Identificar y analizar las barreras y vacíos nor-mativos de diferentes niveles que limitan el acceso de la población adolescente a los servicios de salud para prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia en las Ipress (Instituciones Prestadoras de Servi-cios de Salud) administradas por las diferen-tes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS, teniendo como referencia el nivel de cumplimiento de los compromisos vinculantes y no vinculantes del Estado peruano y las observaciones es-tablecidas por el Comité de los Derechos del Niño.• Identificar y analizar el nivel de consistencia y coherencia entre las diferentes normativas emitidas por el Estado peruano para la prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia en adolescentes.• Identificar y analizar las barreras y vacíos normativos para el acceso de adolescentes a un seguro de salud desde las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS.• Identificar y analizar el nivel de consistencia y coherencia entre la normatividad emitida por el ente rector en salud (Ministerio de Salud), y los documentos o protocolos emitidos por las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS en relación con la prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia en adolescentes. En ese sentido, en el informe, luego de abordar algunas problemáticas que se dan en torno a la categoría adolescente y el reconocimiento de sus capacidades, revisa las obligaciones del Estado frente al derecho a la salud que este grupo de nuestra población debe gozar. Uno de estos ámbitos es el de aseguramiento en salud, tema poco abordado desde la perspectiva de las y los adolescentes. Por ello el estudio busca identificar y analizar las barreras y vacíos normativos para el acceso de adolescentes a un seguro de salud desde las diferentes IAFAS, teniendo en cuenta, especialmente, aquellas barreras y vacíos normativos que limitan el acceso de la población adolescente a los servicios de salud para prevención y atención de VIH/SIDA, embarazo, depresión y violencia.La principal conclusión, a nivel del sistema de salud, es la necesidad de conciliar las diferentes visiones de los y las adolescentes que se encuentran en la normatividad peruana para garantizar su derecho a la salud. Se identifica que aún persisten normas restrictivas que limitan los criterios de elegibilidad para esta población, como por ejemplo la remisión de la Ley General de Salud a la norma del Código Civil que define a la población adolescente como incapaces absolutos (doce a dieciséis años) o relativos (dieciséis a dieciocho años) y por tanto no pueden dar consentimiento sin la presencia de padres o tutores, lo mismo que se contrapone al estándar de confidencialidad y privacidad (aceptabilidad) recomendado por la Convención sobre los Derechos del Niño.De otro lado, establecer los catorce años como una edad determinada para dar consentimiento válido para el inicio de relaciones sexuales no violatorias de su integridad sexual es problemático, especialmente por el factor cultural. Dado que si bien puede proteger a determinadas adolescentes porque determina una violación presunta, también puede oponerse a la accesibilidad a los servicios sin discriminación por razón de la edad. En materia de aseguramiento, el sistema de salud peruano está fragmentado y segmentado lo cual ocasiona que no se sepa exactamente cuántos seguros tiene una persona. Si bien ello no se restringe al grupo adolescente, resulta importante mencionarlo porque afecta el goce del derecho a la salud para este grupo poblacional.La cobertura del aseguramiento en salud está alcanzando a la población adolescente en mayor medida que a la población en general. A pesar de ello existe 20% de la población adolescente sin seguro (Censo 2017), es decir, poco más de medio millón de peruanos y peruanas. Sin embargo, el número de adolescentes que no tienen algún seguro aumenta con la edad: se pasa de 93,334 adolescentes que a los doce años sin con seguro, a 112,706 que a los diecisiete años no cuentan con uno, aumentando de 17% a 23% los que carecen de él, según datos del Censo 2017. Las y los adolescentes de algunas regiones del país, especialmente las del sur, podrían estar en-frentando mayor dificultad para gozar de algún tipo de seguro (Puno, Tacna, Arequipa, Madre de Dios, Ica, Lima provincias, La Libertad, Piura).El SIS es el gran asegurador para la población adolescente, seguido de EsSalud. Sin embargo, del total de adolescentes que gozan de algún tipo de seguro de salud, aproximadamente el 3% tiene una cobertura en planes por debajo del PEAS.En las IAFAS públicas no se oferta el PEAS en todos los casos, existiendo por ejemplo más de un 10% de adolescentes de EsSalud que no reciben PEAS completo. De acuerdo a SuSalud solo las IAFAS de las Fuerzas Armadas y Policiales estarían ofertando el PEAS a toda la población adolescente que está bajo su régimen. En el sistema privado los autoseguros son los que estarían ofreciendo en mayor medida PEAS completos para este grupo poblacional.La cobertura en torno a la violencia intrafamiliar está prevista en el PEAS en relación únicamen-te con manifestaciones de violencia física. Otras relativas a salud mental, como la depresión, no están asociadas a la violencia intrafamiliar, pe-ro sí están previstas de manera autónoma, de manera tal que si se le identifica debería tener la cobertura correspondiente. Los períodos de carencia o espera varían entre IAFAS (SIS, Es-Salud; Seguros privados), sin que ello esté, en apariencia, debidamente justificado con estu-dios actuariales. En el SIS la ficha de focalización de hogares puede constituirse en una barrera de ingreso, cuando la o el adolescente proveniente de una familia no pobre recurre al sistema de manera independiente, dado que por sí mismo no constituye un hogar y es persona dependiente de su familia de origen1. Además, existe riesgo de pérdida de seguro al cambiar de situación labo-ral personalmente o sus padres, especialmente cuando tiene que pasar de EsSalud al SIS, por-que EsSalud no les da de baja pero tampoco les atienden luego del período que la ley prevé y en el SIS aparecen como con cobertura.Uno de los temas de mayor alarma por su incons-titucionalidad es que algunas IAFAS públicas no cubren los gastos por maternidad a las hijas ado-lescentes embarazadas, porque no se extiende el concepto de “beneficiario” del sistema al producto de su embarazo. Al respecto, hay norma-tividad interna expresa tanto en EsSalud como en Saludpol e IAFAS de las FFAA. No así en los seguros privados que sí le dan cobertura.Además, en algunas IAFAS de las Fuerzas Arma-das y Policía se excluye de cobertura a las hijas
hijos que se casan, sin especificar edad, y en el caso de la Policía también hay exclusión expre-sa en los casos de las adolescentes que deciden convivir con su pareja.La eficiencia técnica de la provisión de servicios de atención de salud a las y los adolescentes se ve comprometida por las barreras antes reseñadas y por algunas propias de la oferta del servicio; por ejemplo, que para gozar del derecho no es suficiente la partida de nacimiento que evi-dencie la vinculación parental, sino que deben estar inscritos en una ficha familiar en las IAFAS de las FFAA.Asimismo, desde el sector público se identifica una ausencia de indicadores relativos a la etapa de vida adolescente en el documento que regula precisamente la medición de avances de los programas presupuestales. Barrera en el nivel instrumental pero que va a tener un fuerte impacto en el nivel programático y organizativo, dado que se opone a la disponibilidad de data de programas estratégicos. Esperamos que el presente estudio contribuya a reflexionar sobre la importancia de garantizar la salud de la población adolescente pues ello sin duda contribuirá a asegurar sus derechos, mejorar su futuro y el de nuestro país.

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Artículo

Derecho y deber de confidencialidad: Desafíos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina

Mercedes Cavallo
2009

En los últimos años, algunos países de Latinoamérica sancionaron leyes o normas técnicas para reforzar la protección de la confidencialidad en materia de derechos sexuales y reproductivos. Revista Argentina de Teoría Jurídica, Número 13, Junio de 2009 Sin embargo, el respeto por la confidencialidad en Latinoamérica es aún pobre, y constituye un factor que determina la exposición de las mujeres al aborto inseguro, a embarazos no deseados y a enfermedades de transmisión sexual. En las secciones siguientes analizaré tres nudos críticos que presenta el princ1p10 de confidencialidad médica en el plano de los derechos sexuales y reproductivos en el contexto latinoamericano. En la sección 1 reseñaré el dilema al que se enfrentan los profesionales de la salud en aquellos países donde las leyes les exigen que denuncien los delitos que conocen en ejercicio de su profesión, y al mismo tiempo les exigen respeto por la confidencialidad del paciente. En la sección 2 estudiaré los problemas que se derivan de no entender a la confidencialidad como un derecho, también, del profesional de la salud. En la sección 3 desarrollaré el problema de solicitar autorización o notificación parental a los adolescentes que requieren servicios de salud sexual y reproductiva.

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Documento

Acabando con la guerra contra las drogas. Informe del grupo de expertos de LSE en economía de las políticas sobre drogas

John, ed. Collins
2014 | London School of Economics and Political Science

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Documento

Una vuelta de tuerca a la objeción de conciencia: Una propuesta regulatoria a partir de las prácticas del aborto legal en Argentina

Sonia Ariza Navarrete, Agustina Ramón Michel
2018 | CEDES

En este trabajo sobre OC a la ILE en Argentina, nos enfocamos en dos aspectos fundamentales e interdependientes: la reconceptualización de este fenómeno y una propuesta para regularla en el marco de una política pública de salud. Ambas empíricamente informadas; además de fuentes secundarias, obtuvimos opiniones y percepciones de una encuesta que realizamos a 269 integrantes del sistema de salud pública y 11 entrevistas semiestructuradas a gestorxs y jefxs de servicios también del sistema público de salud, sobre las formas que adquiere la OC, sus causas e impacto.

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Capítulo de libro

A eficácia invertida da internação involuntária

Ela Wiecko Volkmer de Castilho
2012

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Artículo

Using litigation to defend women prosecuted for abortion in Mexico: challenging state laws and the implications of recent court judgments

Alma Luz Beltrán y Puga Murai, Regina Tamés
2014

While women in Mexico City can access free, safe and legal abortion during the first trimester, women in other Mexican states face many barriers. To complicate matters, between 2008 and 2009, 16 state constitutions were amended to protect life from conception. While these reforms do not annul existing legal abortion indications, they have created additional obstacles for women. Health providers increasingly report women who seek life-saving care for complications such as haemorrhage to the police, and some cases eventually end up in court. The Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) has successfully litigated such cases in state courts, with positive outcomes. However, state courts have mainly focused on procedural issues. The Mexican Supreme Court ruling supporting Mexico City’s law has had a positive effect, but a stronger stance is needed. This paper discusses the constitutional framework and jurisprudence regarding abortion in Mexico, and the recent Costa Rica decision of the Inter-American Court of Human Rights. We assert that Mexican states must guarantee women’s access to abortion on the legal grounds established in law. We continue to support litigation at the state level to oblige courts to exonerate women prosecuted for illegal abortion. Advocacy should, of course, also address the legislative and executive branches, while working simultaneously to set legal precedents on abortion.

Aunque las mujeres en el Distrito Federal de México tienen acceso a servicios gratuitos de aborto seguro y legal durante el primer trimestre, en otros estados mexicanos las mujeres enfrentan muchas barreras. Para complicar la situación, entre los años 2008 y 2009, 16 constituciones estatales fueron enmendadas para proteger la vida desde la concepción. Aunque estas reformas no anulan las causales existentes para el aborto legal, han creado otros obstáculos para las mujeres. Cada vez más los profesionales de la salud denuncian a la policía las mujeres que buscan tratamiento por complicaciones como hemorragia para salvar su vida, y en algunos casos van a parar a la corte. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha tenido éxito litigando tales casos en los tribunales estatales, con resultados positivos. Sin embargo, los tribunales estatales se han enfocado principalmente en asuntos procesales. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de México a favor de la ley del Distrito Federal ha tenido un efecto positivo, pero se necesita una postura más fuerte. En este artículo se discute el marco constitucional y la jurisprudencia con relación al aborto en México, así como las implicaciones de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al acceso a la fertilización in vitro en Costa Rica. Argumentamos que los estados mexicanos deben garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de aborto según las causales establecidas en la ley. Continuamos apoyando el litigio a nivel estatal para obligar a las cortes a exonerar a las mujeres procesadas por aborto ilegal. Por supuesto que las actividades de promoción y defensa también deben dirigirse a los poderes legislativo y ejecutivo, a la vez que procuran establecer precedentes jurídicos en cuanto al aborto.

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