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Palabras clave: 'Seguridad internacional'.
6 coincidencia(s) encontradas.

Artículo

Violencia contra las mujeres en la agenda de paz y seguridad internacional

Ximena Andrea Gauché Marchetti
2018

Con la adopción de la Resolución 1325 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000, se inició formalmente la preocupación institucional por la situación de las mujeres en el ámbito de la paz y la seguridad internacional. Con ello se buscó fomentar un compromiso de los Estados para mejorar la participación de las mujeres en tal área, protegerlas y socorrerlas, además de prevenir y actuar en casos de violencia en conflictos y postconflicto. Lo anterior no es más que el reflejo de las múltiples dimensiones de la violencia contra mujeres y niñas, que tiene en los conflictos armados uno de los espacios en que se despliega con mayor gravedad, y frente al cual las estrategias internacionales han sido pocas e ineficaces. En ese contexto, en este artículo se persigue como propósito presentar un diagnóstico sobre el tratamiento a la violencia contra mujeres en el ámbito de la paz y seguridad, mostrando las estrategias normativas e institucionales desarrolladas internacionalmente.

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Conferencia

Seguridad internacional y políticas públicas, reflexiones para el buen vivir

María Helena Carbonell Yánez
2013

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Capítulo de libro

Criminalidad organizada y conflicto armado no internacional

Isabel Montoya Ramos
2014

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Artículo

Las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los derechos humanos: Relaciones peligrosas

Virginia Gallo Cobían, Ximena Andrea Gauché Marchetti, María José Huertas Jiménez
2008

El presente trabajo colectivo tiene por eje central el análisis de las medidas del Consejo de Seguridad de Naciones que no implican uso de la fuerza, conocidas usualmente como sanciones internacionales, y que se insertan en el gran propósito de la Organización de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y sus relaciones con la protección de los derechos humanos. El estudio se completa con el análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas que ha servido de ejemplo paradigmático de afectación de garantías y libertades fundamentales a partir de las medidas que adopta el Consejo de Seguridad.

The focal point of this collective article is to examine those measures not involving the use of armed force imposed by the Security Council, usually known as international sanctions, which fall within the main purpose of the United Nations, namely the maintenance of international peace and security, as well as to analyze their connection with the protection of human rights. This study is completed by the analysis of the jurisprudence of the Court of First Instance of the European Communities, which served as a paradigmatic example of how those measures adopted by the Security Council may affect the fundamental freedoms and guarantees of individuals.

Le présent travail collectif a pour axe central l'analyse des mésures du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui n'impliquent pas l'usage de la force, plus connues comme sanctions internationales et qui s'insèrent dans le grand but de l'Organisation de veiller au maintien de la paix et la sécurité internationales, et ses relations avec la protection des droits de l'homme. Complète cette étude l'analyse de la jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés Européennes, qui a servit d'exemple paradigmatique d'endommagement aux garanties et libertés fondamentales à partir des mesures adoptées par le Conseil de Sécurité.

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Artículo

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: A 15 años de su adopción

Ximena Andrea Gauché Marchetti
2016

Con la adopción de la Resolución 1325 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000, se dio inicioa unaetapa en que una agenda institucional sobre igualdad de las mujeres en el ámbito de la paz y la seguridad internacional ha quedado instalada en la comunidad mundial. En ese contexto, este artículo,de tipo descriptivo,tiene como propósito identificar y comunicar el contenido de esta agenda sobre mujeres, paz y seguridad, y conocer su revisión institucional en el año 2015, oportunidad en que cumplió quince años y se conmemoraron setenta años de la organización.

With the adoption in 2000 of Resolution 1325 by the United Nations Security Council, an agenda on women, peace and international security was installed. In this context, this article is descriptive and has the purpose to identify and communicate the content of this agenda on women, peace and security, checking its revision in 2015, the year of its fifteenth anniversary and the 70 years of the United Nations.

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Documento

Cartografía de derechos trans en Chile

OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

El panorama actual de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en Chile es complejo. Existe un poder ejecutivo con voluntad política para promover la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, y que se encuentra en proceso de generar una conciencia política nacional que sustente una transformación institucional duradera. Varios legisladores conservadores, influenciados en gran medida por la iglesia católica, que se resisten a reconsiderar –desde la perspectiva de los derechos humanos– asuntos como el aborto y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Y algunos legisladores más progresistas que se apoyan en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para promover las iniciativas en pro de la población LGBTI. De forma paralela, se han formado y organizado organizaciones civiles LGBTI en Chile para generar cambios culturales, desmontar estereotipos y presionar por el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Estas organizaciones también han desempeñado un papel importante al hacer que su causa sea pública, identificar y exigir soluciones, y monitorear la consecución, garantía e implementación de los derechos LGBTI.Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de OutRight Action International, en colaboración con la Fundación TranSítar en relación con el respeto de los derechos de las per-sonas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas chilenas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y también considera la situación de las personas trans que se encuentran en prisión. El informe concluye con una serie de recomendaciones para las au-toridades chilenas que tienen como f in ga-rantizar un mayor respeto por estos derechos de las personas trans. El informe muestra que Chile goza de un marco de derechos humanos razonablemente robusto; el país ha ratificado los principales tratados y convenciones sobre derechos humanos, y la Constitución, que es imperfecta, junto con la Ley Antidiscriminación, que tiene falencias, contienen protecciones a los derechos humanos. A medida que el concepto del derecho humano al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– gana impulso a nivel internacional, el gobierno chileno está apoyando un proyecto de ley sobre identidad de género. Si este proyecto se convierte en ley, garantizará que la identi-dad de género se reconozca como un derecho humano3, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans y las protegerá de la discriminación. En la actualidad, un in-dividuo que desee cambiar su nombre registrado debe presentar una petición en un tribunal civil junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que demuestren tratamientos quirúrgicos o farmacológicos. Si bien la Constitución chilena garantiza el acceso libre e igualitario a los servicios de salud, y se han desarrollado las políticas nacionales de salud “Circular 21” y “Vía Clínica” con el fin de regular la atención médica para las personas trans, estas personas no han sido consultadas apropiada-mente y las políticas tienen serias falencias. Estas políticas fusionan las necesidades de salud de las personas transgénero con la atención por VIH/SIDA, y patologizan la identidad transgénero, al mismo tiempo que los recursos para suministrar acceso a procedimientos médicos de transición y de afirmación de género son insuficientes. La Constitución chilena garantiza el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, pero para las personas trans la discriminación en el sistema educativo es continua y comienza desde muy temprano. Sin embargo, los activistas trans han conseguido capacitar y generar conciencia entre profesores, estudiantes y administradores escolares sobre la identidad de género, y algunos colegios, como el Colegio El Trigal-Maipú, están liderando en camino para la inclusión de personas transgénero. Con respecto al derecho al trabajo, la situación de los derechos laborales de las personas trans está caracterizada por la ausencia de políticas públicas, una falta de compromiso por parte de los propietarios de empresas a ofrecer trabajo a personas trans, la carencia de una institución pública que capacite a personas trans y promueva la formación profesional, el abuso por parte de empleadores, y la inexistencia de regulaciones que garanticen seguridad laboral. Por último, las personas trans que se encuentran detenidas reciben un trato que infringe los principios internacionales sobre el trato a prisioneros, y que incluso puede constituir una violación de la prohibición al maltrato.

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