Cartografía de derechos trans en Chile

OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

El panorama actual de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en Chile es complejo. Existe un poder ejecutivo con voluntad política para promover la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, y que se encuentra en proceso de generar una conciencia política nacional que sustente una transformación institucional duradera. Varios legisladores conservadores, influenciados en gran medida por la iglesia católica, que se resisten a reconsiderar –desde la perspectiva de los derechos humanos– asuntos como el aborto y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Y algunos legisladores más progresistas que se apoyan en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para promover las iniciativas en pro de la población LGBTI. De forma paralela, se han formado y organizado organizaciones civiles LGBTI en Chile para generar cambios culturales, desmontar estereotipos y presionar por el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Estas organizaciones también han desempeñado un papel importante al hacer que su causa sea pública, identificar y exigir soluciones, y monitorear la consecución, garantía e implementación de los derechos LGBTI.Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de OutRight Action International, en colaboración con la Fundación TranSítar en relación con el respeto de los derechos de las per-sonas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas chilenas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y también considera la situación de las personas trans que se encuentran en prisión. El informe concluye con una serie de recomendaciones para las au-toridades chilenas que tienen como f in ga-rantizar un mayor respeto por estos derechos de las personas trans. El informe muestra que Chile goza de un marco de derechos humanos razonablemente robusto; el país ha ratificado los principales tratados y convenciones sobre derechos humanos, y la Constitución, que es imperfecta, junto con la Ley Antidiscriminación, que tiene falencias, contienen protecciones a los derechos humanos. A medida que el concepto del derecho humano al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– gana impulso a nivel internacional, el gobierno chileno está apoyando un proyecto de ley sobre identidad de género. Si este proyecto se convierte en ley, garantizará que la identi-dad de género se reconozca como un derecho humano3, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans y las protegerá de la discriminación. En la actualidad, un in-dividuo que desee cambiar su nombre registrado debe presentar una petición en un tribunal civil junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que demuestren tratamientos quirúrgicos o farmacológicos. Si bien la Constitución chilena garantiza el acceso libre e igualitario a los servicios de salud, y se han desarrollado las políticas nacionales de salud “Circular 21” y “Vía Clínica” con el fin de regular la atención médica para las personas trans, estas personas no han sido consultadas apropiada-mente y las políticas tienen serias falencias. Estas políticas fusionan las necesidades de salud de las personas transgénero con la atención por VIH/SIDA, y patologizan la identidad transgénero, al mismo tiempo que los recursos para suministrar acceso a procedimientos médicos de transición y de afirmación de género son insuficientes. La Constitución chilena garantiza el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, pero para las personas trans la discriminación en el sistema educativo es continua y comienza desde muy temprano. Sin embargo, los activistas trans han conseguido capacitar y generar conciencia entre profesores, estudiantes y administradores escolares sobre la identidad de género, y algunos colegios, como el Colegio El Trigal-Maipú, están liderando en camino para la inclusión de personas transgénero. Con respecto al derecho al trabajo, la situación de los derechos laborales de las personas trans está caracterizada por la ausencia de políticas públicas, una falta de compromiso por parte de los propietarios de empresas a ofrecer trabajo a personas trans, la carencia de una institución pública que capacite a personas trans y promueva la formación profesional, el abuso por parte de empleadores, y la inexistencia de regulaciones que garanticen seguridad laboral. Por último, las personas trans que se encuentran detenidas reciben un trato que infringe los principios internacionales sobre el trato a prisioneros, y que incluso puede constituir una violación de la prohibición al maltrato.

Cartografía de derechos trans en Colombia

Aquelarre Trans, OutRight Action International, PAIIS
2016 | OutRight Action International

Este breve informe presenta los hallazgos investigativos del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), de Aquelarre Trans y de OutRight Action International, en relación con el respeto de los derechos de las personas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas colombianas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades colombianas que tienen como fin de garantizar un mayor respeto por estos derechos. El informe muestra que Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. A través de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha protegido los intereses de las personas trans, ha establecido la identidad de género como un criterio sospechoso de discriminación, y ha ampliado el derecho al libre desarrollo de la personalidad para incluir el derecho a elegir la identidad propia. Sin embargo, como lo demuestra este informe, en la práctica la realidad es diferente. A pesar del hecho de que la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia para proteger a las personas trans de la discriminación, la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género continúa existiendo. Los derechos de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. ...Sin embargo...en la práctica la realidad es diferente y transgéneros (LGTB) en Colombia no están garantizados debido a la facultad discrecional de las autoridades judiciales y administrativas, que a menudo anteponen sus opiniones prejuiciosas a la hora de hacer cumplir la ley, o desconocen las necesidades y derechos de estas comunidades. El derecho al reconocimiento legal degénero –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– ha ganado impulso recientemente el Colombia. Hasta hace poco, era muy difícil que una persona pudiera cambiar el sexo de su registro civil. Pero dos sentencias de la Corte Constitucional en 2015 cambiaron esto y, con la participación de organizaciones de personas trans, los Ministerios del Interior y de Justicia expidieron un nuevo decreto que permite el cambio de sexo en los documentos de identidad para mayores de 18 años con la simple declaración de voluntad de la persona. No obstante, y a pesar de estos avances legales positivos, varios obstáculos –incluyendo los enfoques impredecibles de los tribunales inferiores y los notarios– obstruyen el pleno goce del derecho al reconocimiento legal de género de las personas trans y, a su vez, los derechos asociados, incluyendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A esto se suman los problemas que existen para los hombres trans debido a la libreta militar. En el área de la educación, y a pesar de fuertes sentencias de la Corte Constitucional que defienden los derechos de las personas trans para acceder a la educación, la comunidad trans enfrenta múltiples problemas. Estos problemas incluyen la discriminación reforzada por una falta de comprensión sobre la orientación sexual e identidad de género, y la incapacidad de lidiar con la transfobia y el acoso, lo que ha convertido a algunas instituciones educativas en ambientes hostiles para las personas trans. El derecho de las personas trans a tener un trabajo decente y productivo se ve socavado por la discriminación, por barreras legales y administrativas, incluyendo los problemas causados por la libreta militar, y por el hecho de que algunas profesiones se han “transexualizado”, lo que quiere decir que las personas trans en la práctica están limitadas a trabajos específicos de baja remuneración y a menudo ingresan al mercado laboral mediante el trabajo sexual. A pesar del hecho de que el derecho a la salud en Colombia se ha desarrollado signi-ficativamente, con más sentencias fuertes de la Corte Constitucional, una gran proporción de la comunidad trans en Colombia ha sido víctima de discriminación por parte del Estado y de actores privados. Mientras que el Decreto 1227 permite la rectificación del sexo en los documentos de identidad, el sistema de salud aún no permite a las personas trans acceder a transformaciones corporales ni a tratamientos hormonales sin primero someterlas un proceso de patologización.

Cartografía de derechos trans en Costa Rica

Mulabi Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y OutRight Action International en relación con el marco legislativo y de políticas públicas que protege los derechos de las personas transgénero en Costa Rica. El informe proporciona información actualizada sobre el marco que se está desarrollando en torno a los derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud que tienen las personas trans, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades de Costa Rica que tienen como fin garantizar un mayor respeto por estos derechos en la legislación, las políticas y la práctica. El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convencio-nes internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. A pesar de que ha habido algunos avances positivos en cuanto a los documentos de iden-tidad, gracias a un “reglamento de fotografía” que permite a las personas trans conciliar la imagen que aparece en su documento de iden-tidad con la imagen que tienen de sí mismas, todavía parece haber confusión a nivel oficial con respecto a la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil exigen nada menos que una ley que garantice el pleno reconocimiento legal de género. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), han elaborado algunas directrices que buscan evitar la discriminación en el sistema educativo, incluyendo la discriminación basada en identidad de género. Esta orientación –junto con las nuevas políticas adoptadas por varias instituciones educativas costarricenses– debería ayudar a facilitar el goce del derecho a la educación por parte de las personas trans, pero el desafío será garantizar que estas directrices funcionen en la práctica. Con respecto al derecho al trabajo, y si bien el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la discriminación, la identidad de género no es un motivo de discriminación que se mencio-ne específicamente, y no hay políticas para promover el empleo de las personas trans. A pesar del amplio marco legislativo y de políticas que defiende el derecho de las personas trans a la salud, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta problemas culturales y estructurales en el sistema médico, en especial con respecto a la transición. Aún es necesario realizar mucho más trabajo para garantizar que las personas trans reciban el apoyo adecuado cuando se trata de las necesidades generales de salud y los procesos físicos y mentales involucrados en la transición. Esto al tiempo que las orga-nizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se realice una distinción entre los cuidados generales por VIH, por un lado, y políticas integrales de asistencia médica para las personas trans por el otro.

"Jamaica: A Week of Courage and Solidarity"

María Mercedes Gómez, LAC Regional Program Coordinator
2015 | OutRight Action International