Laws should protect not harm

Luisa Cabal
| ONUSIDA

More than 65 countries criminalize same-sex sexual relations, including at least eight that impose the death penalty. Globally, gay men and other men who have sex with men are around 28 times more likely to acquire HIV than the general population and are much less likely to access HIV services. Transgender people, who account for an estimated 0.1–1.1% of the global population, often face stigma, discrimination and social rejection in their homes and communities. Discrimination, violence and criminalization prevent many people from accessing the HIV services they need to stay healthy. When we reform criminal laws, people can exercise their fundamental human rights, according to Luisa Cabal, UNAIDS Director a.i. of Community Support, Social Justice, and Inclusion.

Justicia, género y sexualidad: primer encuentro académico, Santiago de Chile 2009

Lidia Casas Becerra, Sandra Dughman, Ximena Andrea Gauché Marchetti, Chloé S. Georas Santos, Nicole Lacrampette, Alejandro Madrazo Lajous, Adriana Palavecino, Gabriela Robledo, Constanza Toro
| CDH Centro de Derechos Humanos

Derechos humanos de las mujeres y las niñas

Lidia Casas Becerra
| CDH Centro de Derechos Humanos

Durante 2011, Chile presentó el informe de medio tiempo al Examen Periódico Universal (EPU) y deberá hacerlo al Comité para la Elimi-nación de la Discriminación contra de la Mujer en 2012. Este capítulo realiza una evaluación crítica de las políticas, acciones y programas en los distintos ejes del Plan de Igualdad de Oportunidades del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y de sus omisiones en los ámbitos po-lítico, económico y socio cultural, a la luz los estándares internaciones sobre protección de los derechos humanos de las mujeres. El énfasis de este capítulo estará en revisar aquellas materias relacionadas con la igualdad en los ámbitos de la participación política, en el trabajo y la familia; además, se centrará en los derechos sexuales y reproductivos, y en la violencia en contra de las mujeres. Entre las conclusiones más importantes, se obtiene que, sin ciudadanía plena, las mujeres no pue-den gozar ni ejercer sus derechos.

Derechos Sexuales y Reproductivos: Confidencialidad y VIH/ Sida en Adolescentes Chilenos

Lidia Casas Becerra, Ester Valenzuela Rivera

Los adolescentes enfrentan obstáculos culturales e institucionales al momento de concurrir a los servicios de salud en busca de atención en salud sexual y reproductiva. Los jóvenes que se autoperciben de riesgo en VIH/SIDA experimentan discriminación por consideraciones socioeconómicas, y se vulnera su derecho a acceder a servicios de salud bajo un marco de confidencialidad, desconociendo el principio de autonomía progresiva y la evolución de sus facultades. La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), ratificada por Chile, provee un marco jurídico que propicia un diálogo y una nueva relación de los adolescentes con la familia, el Estado y la sociedad, e instala un nuevo paradigma a partir del cual la infancia y la adolescencia son consideradas sujetos de derechos.

Análisis de la intervención del INDECOPI en el caso de publicidad sexista de DIRECTV: ¿soplan nuevos vientos?

María Soledad Fernández Revoredo
2008

Desde el año 1988, el Colectivo Fem TV (del que es parte de DEMUS conjuntamente con Calandria, el CMP Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y Milenia Radio) impulsa una campaña pública por una publicidad que anuncie la igualdad y respete la diferencia.
Adicionalmente, desde el año 1995, DEMUS contribuye en esta lucha abordando jurídicamente el sexismo en la publicidad, a través de la denuncia de casos concretos ante la autoridad administrativa o produciendo doctrina jurídica. Es en este marco que DEMUS considera relevante difundir aquellas resoluciones que constituyen hitos jurídicos para las mujeres. Una
de ellas es la resolución de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal de INDECOPI, la que actuando de oficio, sancionó un caso de publicidad discriminatoria contra la mujer. Se trata de una resolución que, tal y como lo explica la Dra. Marisol Fernandez en el
artículo que también se anexa, resuelve de manera diametralmente opuesta a la que nos tenía acostumbradas.
Conforme a las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes, y están prohibidas de favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación racial, sexual, social, política o religiosa. Esperamos que esta publicación contribuya a que esa norma realmente se cumpla.

La familia vista a la luz de la Constitución y los Derechos Fundamentales: aproximación a un análisis crítico de las instituciones familiares,

María Soledad Fernández Revoredo
2003

La neutralidad de las normas de Derecho Familiar garantizan la no discriminación po razón de sexo-género

María Soledad Fernández Revoredo
2005

La justicia en construcción: derechos y género ante los tribunales y los medios de comunicación de América Latina

Natalia Gherardi
2012 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

Esta publicación presenta una selección de artículos que ilustran los desafíos que enfrenta una región que pretende avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, superando el discurso dogmático que sólo invoca los derechos para entrar de lleno en la preocupación por sus condiciones de vigencia efectiva.

Justicia Transicional y Derechos de las Mujeres: Algunos puntos fundamentales. En Justicia Transicional y Corte Interamericana de Derechos Humanos

Julissa Mantilla Falcón
2017

Pese a los estándares internacionales y algunas experiencias comparadas, la incorporación de una perspectiva de género que visibilice los derechos de las mujeres en la justicia transicional sigue siendo una tarea pendiente. El caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (2001) marcó un hito en la materia pero aún queda mucho por hacer. Para ello, es importante entender que los estándares de la justicia transicional –verdad, justicia y reparación– deben entenderse desde una perspectiva diferencial para cumplir con el objetivo de este tipo de justicia, esto es, permitir a las sociedades enfrentar y resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala con miras a responder a la situación de las víctimas y evitar la repetición de estos hechos. Por ello, más allá de los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales, deben considerarse aspectos fundamentales relativos a la presencia de las mujeres en los mecanismos transicionales; la continuidad de la discriminación y la violencia contra las mujeres; la victimización múltiple; el análisis diferenciado de las violaciones de derechos humanos y el caso de la violencia sexual, entre otros aspectos. De esta manera, no sólo se cumplirá con los estándares de la justicia transicional sino que, además, se logrará una perspectiva inclusiva y de transformación que contribuya a sociedades con mayor igualdad y a la no repetición de los hechos de violencia.

La discriminación en casa: la regulación del servicio doméstico en la Argentina

Natalia Gherardi
2013 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

Libertad, autonomía reproductiva y aborto en la agenda

Natalia Gherardi
2012 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

Después de un siglo XX testigo de transformaciones profundas en la vida social y política de las mujeres que se fueron materializando entre luchas y reivindicaciones, el paso de la subordinación legal femenina en todos los ámbitos de la vida pública y privada hacia el ejercicio pleno de la autonomía parece no aceptar retrocesos. En estos años, la participación de las mujeres en espacios de poder contribuyó a colocar en el debate público la necesidad de profundizar las condiciones para alcanzar una sociedad más equitativa y no solo en función de las relaciones de género. Sin embargo, un breve repaso por la situación de los derechos humanos de las mujeres en la región es una muestra clara de las innumerables deudas sociales, políticas, económicas e identitarias que hacen a las garantías de efectiva aplicación del principio de igualdad y no discriminación. ¿Cómo avanzar en esa agenda abierta para alcanzar la plena autonomía de las mujeres? ¿Qué condiciones serán necesarias para consolidar el tránsito hacia una sociedad más justa y equitativa?
ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género ha convocado a mujeres y varones protagonistas de este proceso de transformaciones para rendir homenaje a Haydée Birgin, abogada feminista y presidenta de esta organización no gubernamental, pero sobre todo ella misma partícipe indiscutible de las luchas y conquistas de los derechos de las mujeres en el último medio siglo en la Argentina y América Latina. A partir de esta invitación, los textos reunidos en este volumen repasan el camino recorrido, plagado de historias personales, para proponer delinear la agenda futura en el siglo XXI.

Haydée Birgin ha participado en diversas instancias en el diseño de políticas públicas, especialmente de políticas sociales centradas diversas problemáticas de las mujeres. Los libros de la Colección "Identidad, mujer y derecho" publicados por la Editorial Biblos bajo la dirección de Haydée Birgin, han sido una contribución fundamental para pensar el derecho y el género en los debates actuales.

La prohibición de la discriminación por orientación sexual en el sistema interamericano y el litigio estratégico: el caso Duque vs. Colombia

Julieta Lemaitre Ripoll, Andrés Contreras
2016

The Agenda for Zero Discrimination in Health Care

Luisa Cabal
2017

Laws Should Protect Not Harm by Luisa Cabal

Luisa Cabal
2019 | UNAIDS

More than 65 countries criminalize same-sex sexual relations, including at least eight that impose the death penalty. Globally, gay men and other men who have sex with men are around 28 times more likely to acquire HIV than the general population and are much less likely to access HIV services. Transgender people, who account for an estimated 0.1–1.1% of the global population, often face stigma, discrimination and social rejection in their homes and communities. Discrimination, violence and criminalization prevent many people from accessing the HIV services they need to stay healthy. When we reform criminal laws, people can exercise their fundamental human rights, according to Luisa Cabal, UNAIDS Director a.i. of Community Support, Social Justice, and Inclusion.

Violencia, homofobia y Psicoanálisis: entre lo secreto y lo público

María Mercedes Gómez
2007

Este artículo revisa, desde los conceptos psicoanalíticos de “síntoma” y “represión”, expresiones de violencia por prejuicio sexual en sociedades de heterosexualidad institucionalizada y obligatoria. Desde estas nociones la autora examina las tensiones que existen entre la prohibición de prácticas homosexuales, el concomitante deseo por lo prohibido, la violencia con que se normaliza tal deseo y sus efectos. Parte de un ejemplo jurídico para mostrar cómo prácticas de subordinación frente a sexualidades no-normativas son toleradas y mantenidas como fuentes de gozo privado, pero se tornan objeto de violencia excluyente cuando el gozo de lo prohibido se hace público. El texto explora las vicisitudes de esta transición desde una perspectiva psicoanalítica y política.

Problemática de la violencia contra personas con orientación sexual o identidad de género no normativas en Latinoamérica

María Mercedes Gómez
2019 | Universidad Nacional de Colombia. Centro Editorial Facultad de Medicina, Instuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Violencia por Prejuicio

María Mercedes Gómez
2008 | Siglo del Hombre Editores

Cartografía de derechos trans en Chile

OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

El panorama actual de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en Chile es complejo. Existe un poder ejecutivo con voluntad política para promover la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, y que se encuentra en proceso de generar una conciencia política nacional que sustente una transformación institucional duradera. Varios legisladores conservadores, influenciados en gran medida por la iglesia católica, que se resisten a reconsiderar –desde la perspectiva de los derechos humanos– asuntos como el aborto y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Y algunos legisladores más progresistas que se apoyan en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para promover las iniciativas en pro de la población LGBTI. De forma paralela, se han formado y organizado organizaciones civiles LGBTI en Chile para generar cambios culturales, desmontar estereotipos y presionar por el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Estas organizaciones también han desempeñado un papel importante al hacer que su causa sea pública, identificar y exigir soluciones, y monitorear la consecución, garantía e implementación de los derechos LGBTI.Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de OutRight Action International, en colaboración con la Fundación TranSítar en relación con el respeto de los derechos de las per-sonas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas chilenas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y también considera la situación de las personas trans que se encuentran en prisión. El informe concluye con una serie de recomendaciones para las au-toridades chilenas que tienen como f in ga-rantizar un mayor respeto por estos derechos de las personas trans. El informe muestra que Chile goza de un marco de derechos humanos razonablemente robusto; el país ha ratificado los principales tratados y convenciones sobre derechos humanos, y la Constitución, que es imperfecta, junto con la Ley Antidiscriminación, que tiene falencias, contienen protecciones a los derechos humanos. A medida que el concepto del derecho humano al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– gana impulso a nivel internacional, el gobierno chileno está apoyando un proyecto de ley sobre identidad de género. Si este proyecto se convierte en ley, garantizará que la identi-dad de género se reconozca como un derecho humano3, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans y las protegerá de la discriminación. En la actualidad, un in-dividuo que desee cambiar su nombre registrado debe presentar una petición en un tribunal civil junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que demuestren tratamientos quirúrgicos o farmacológicos. Si bien la Constitución chilena garantiza el acceso libre e igualitario a los servicios de salud, y se han desarrollado las políticas nacionales de salud “Circular 21” y “Vía Clínica” con el fin de regular la atención médica para las personas trans, estas personas no han sido consultadas apropiada-mente y las políticas tienen serias falencias. Estas políticas fusionan las necesidades de salud de las personas transgénero con la atención por VIH/SIDA, y patologizan la identidad transgénero, al mismo tiempo que los recursos para suministrar acceso a procedimientos médicos de transición y de afirmación de género son insuficientes. La Constitución chilena garantiza el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, pero para las personas trans la discriminación en el sistema educativo es continua y comienza desde muy temprano. Sin embargo, los activistas trans han conseguido capacitar y generar conciencia entre profesores, estudiantes y administradores escolares sobre la identidad de género, y algunos colegios, como el Colegio El Trigal-Maipú, están liderando en camino para la inclusión de personas transgénero. Con respecto al derecho al trabajo, la situación de los derechos laborales de las personas trans está caracterizada por la ausencia de políticas públicas, una falta de compromiso por parte de los propietarios de empresas a ofrecer trabajo a personas trans, la carencia de una institución pública que capacite a personas trans y promueva la formación profesional, el abuso por parte de empleadores, y la inexistencia de regulaciones que garanticen seguridad laboral. Por último, las personas trans que se encuentran detenidas reciben un trato que infringe los principios internacionales sobre el trato a prisioneros, y que incluso puede constituir una violación de la prohibición al maltrato.

Cartografía de derechos trans en Colombia

Aquelarre Trans, OutRight Action International, PAIIS
2016 | OutRight Action International

Este breve informe presenta los hallazgos investigativos del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), de Aquelarre Trans y de OutRight Action International, en relación con el respeto de los derechos de las personas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas colombianas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades colombianas que tienen como fin de garantizar un mayor respeto por estos derechos. El informe muestra que Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. A través de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha protegido los intereses de las personas trans, ha establecido la identidad de género como un criterio sospechoso de discriminación, y ha ampliado el derecho al libre desarrollo de la personalidad para incluir el derecho a elegir la identidad propia. Sin embargo, como lo demuestra este informe, en la práctica la realidad es diferente. A pesar del hecho de que la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia para proteger a las personas trans de la discriminación, la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género continúa existiendo. Los derechos de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. ...Sin embargo...en la práctica la realidad es diferente y transgéneros (LGTB) en Colombia no están garantizados debido a la facultad discrecional de las autoridades judiciales y administrativas, que a menudo anteponen sus opiniones prejuiciosas a la hora de hacer cumplir la ley, o desconocen las necesidades y derechos de estas comunidades. El derecho al reconocimiento legal degénero –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– ha ganado impulso recientemente el Colombia. Hasta hace poco, era muy difícil que una persona pudiera cambiar el sexo de su registro civil. Pero dos sentencias de la Corte Constitucional en 2015 cambiaron esto y, con la participación de organizaciones de personas trans, los Ministerios del Interior y de Justicia expidieron un nuevo decreto que permite el cambio de sexo en los documentos de identidad para mayores de 18 años con la simple declaración de voluntad de la persona. No obstante, y a pesar de estos avances legales positivos, varios obstáculos –incluyendo los enfoques impredecibles de los tribunales inferiores y los notarios– obstruyen el pleno goce del derecho al reconocimiento legal de género de las personas trans y, a su vez, los derechos asociados, incluyendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A esto se suman los problemas que existen para los hombres trans debido a la libreta militar. En el área de la educación, y a pesar de fuertes sentencias de la Corte Constitucional que defienden los derechos de las personas trans para acceder a la educación, la comunidad trans enfrenta múltiples problemas. Estos problemas incluyen la discriminación reforzada por una falta de comprensión sobre la orientación sexual e identidad de género, y la incapacidad de lidiar con la transfobia y el acoso, lo que ha convertido a algunas instituciones educativas en ambientes hostiles para las personas trans. El derecho de las personas trans a tener un trabajo decente y productivo se ve socavado por la discriminación, por barreras legales y administrativas, incluyendo los problemas causados por la libreta militar, y por el hecho de que algunas profesiones se han “transexualizado”, lo que quiere decir que las personas trans en la práctica están limitadas a trabajos específicos de baja remuneración y a menudo ingresan al mercado laboral mediante el trabajo sexual. A pesar del hecho de que el derecho a la salud en Colombia se ha desarrollado signi-ficativamente, con más sentencias fuertes de la Corte Constitucional, una gran proporción de la comunidad trans en Colombia ha sido víctima de discriminación por parte del Estado y de actores privados. Mientras que el Decreto 1227 permite la rectificación del sexo en los documentos de identidad, el sistema de salud aún no permite a las personas trans acceder a transformaciones corporales ni a tratamientos hormonales sin primero someterlas un proceso de patologización.