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Palabras clave: 'Derecho a la educación'.
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Programa del II Congreso de la Red ALAS 2021

Astrid Liliana Sánchez Mejía, Carolina Vergel Tovar
2021

El II Congreso de la Red ALAS se llevó a cabo en los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021 de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Fue un momento de encuentro entre quienes integran la Red, académicas/os y estudiantes de maestría y doctorado en Derecho de América Latina para compartir sus trabajos, proyectos y propuestas con el propósito de influir en la formación legal con perspectiva feminista y de género.

El Congreso se enmarcó en la discusión de 3 ejes temáticos: 1) Las denuncias públicas de las violencias de género y la cultura de la cancelación; 2) las tareas pendientes en la formación e investigación legal en la región Latinoamericana en relación con sexualidades e identidades no hegemónicas; 3) Los desafíos actuales para la materialización de la perspectiva de género en el sistema judicial.

El evento fue organizado por las integrantes Astrid Liliana Sánchez Mejía (Colombia) y Carolina Vergel Tovar (Colombia). Se contó con el apoyo de la coordinadora de la Red Isabel C. Jaramilo (Colombia). El primer día, se realizó una sesión interna de trabajo y reflexión colectiva de las personas integrantes de la Red sobre: “Prospectiva de la Educación legal con perspectiva de género: ideas para tiempos pandémicos y pospandémicos”. El segundo día, se iniciaron los conversatorios abiertos al público en diferentes mesas de trabajo. El tercer y último día se desarrollaron la segunda sesión de mesas de trabajo y el homenaje a Rebecca Cook. Se presentaron un total de 45 ponencias distribuidas en 9 mesas de trabajo.

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Participación política de las mujeres en Chile y sus oportunidades, en la percepción de estudiantes de primer año de universidad: El caso de la Universidad de Concepción

Ximena Andrea Gauché Marchetti, Carlos Muñoz Labraña, Cecilia Bustos Ibarra, Amaya Álvez Marín
2016

Esta investigación da cuenta de algunas concepciones y actitudes que posee el estudiantado de carreras de las áreas de educación, ciencias sociales y ciencias jurídicas de la Universidad de Concepción, sobre algunos aspectos vinculados a la participación política de las mujeres en Chile. Ello se ha obtenido a partir de los resultados de una encuesta aplicada a estudiantes de primer año. Tales resultados demostraron que al iniciar sus estudios universitarios valoran positivamente la consagración formal de la participación política de las mujeres, consideran un deber del Estado garantizar la igualdad de oportunidades y manifiestan desconfianza en los partidos políticos y en el Congreso Nacional. Sin embargo, a la hora de las oportunidades, la confianza tiende a ser mayor en los hombres para depositar responsabilidades de carácter político, lo que introduce la necesidad de avanzar desde la formalidad del buen discurso sobre igualdad a la acción práctica en política.

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Género y curriculum. Aproximación a su situación en la carrera de abogacía de la UNRN

Daniela Heim, María Victoria Piccone
2020

El proyecto, “Perspectiva de género en los curriculum de las carreras de grado de la Universidad
Nacional de Río Negro”, busca aportar elementos para una adecuada incorporación de la perspectiva
de género en los planes de estudio y asignaturas de las carreras de grado presenciales de la
Universidad Nacional de Río Negro. La UNRN ha adoptado medidas innovadoras y pioneras en el
país para allanar los caminos hacia una equidad de géneros en el plano institucional, a través de la
modificación de su Estatuto y de un conjunto de normas como los Reglamentos de Investigación y
Docencia y, de la creación de una Comisión de Igualdad de Géneros. Este trabajo forma parte de un
proyecto de investigación que da sus primeros pasos y que se entronca con un objetivo institucional
mayor. Puesto que el proyecto se encuentra en proceso de evaluación, este trabajo da cuenta de las
preocupaciones presentes en el momento de su elaboración, de la ausencia del tema en las normas
nacionales que rigen la educación superior y, de los primeros e incipientes pasos dados en el marco
de la carrera de Abogacía de la UNRN, sopesados en relación con el proceso de acreditación de
esta carrera que se lleva a cabo durante 2018. Siendo un proyecto que tiene como meta final la
incorporación de la perspectiva de género en todas las carreras de la UNRN, da cuenta de impulsos
y resistencias.

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Capítulo de libro

Río Negro

Daniela Heim, Rita Custet Llambí
2018

En el presente trabajo analizamos la jurisprudencia del Superior Tribunal de
Justicia de Río Negro (en adelante, STJ) en materia de derechos económicos,
sociales y culturales (en adelante, DESC), enfocándonos en la última década.
Durante dicho período este organismo tuvo dos composiciones diferentes
–en función de la renovación de sus integrantes–1 pero ha mantenido una
línea sin mayores divergencias en cuanto al reconocimiento de los citados
derechos.
Los casos seleccionados se relacionan con el derecho a la vivienda, el
derecho a la educación y el derecho a la salud. Se tomaron los precedentes
más relevantes de la jurisprudencia del STJ, teniendo en cuenta el alcance de
la protección de esos derechos, tanto en lo que respecta a sus contenidos
y conceptualización, como en lo que hace a su operatividad y al control de
razonabilidad de las políticas públicas y/o privadas que la determinan. En el
recorrido del análisis haremos referencia al impacto que ha tenido en la provincia
el fallo “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”,
del 24 de abril de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Género y educación superior. La representación de las mujeres en las facultades de Derecho de la ciudad de Quito

María Helena Carbonell Yánez

El acceso de las mujeres a la educación superior ha sido un largo y arduo camino en el cual existen aún obstáculos estructurales, formales e informales. Las universidades se presentan como espacios neutros en los cuales la diversidad es respetada como fuente de conocimiento sin la cual el pensamiento proveniente de esa casa de estudios sería monolítico. Este presupuesto se ha probado como falso frente a la clara falta de representación de las mujeres en la academia. Este trabajo busca mostrar, mediante un estudio cuantitativo comparativo de las facultades de Derecho de la ciudad de Quito, que la paridad entre docentes hombres y mujeres no ha sido alcanzada. Evidenciando, así, que la universidad no es el espacio diverso e integrador que se plantea.

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Capítulo de libro

Violência contra mulheres em nome de Deus

Ela Wiecko Volkmer de Castilho
2018

A criminologia cultural, recentemente, incorporou em seu campo de interesse a imagem como objeto de estudo para compreender e sensibilizar sobre as variadas manifestações do desvio, as estratégias de controle penal e das realidades do castigo.
As manifestações artísticas – e particularmente o cinema – também produzem discursos sobre o crime (criminologias populares). Cogitamos, inclusive, que as imagens e as representações veiculadas pelo cinema, e mais recentemente pelas séries de TV, possuem um alcance social maior que aquelas difundidas pelas “criminologias acadêmicas”. Parece-nos produtiva, como frente de pesquisa, observar as produções cinematográficas a partir das lentes das criminologias acadêmicas. A maneira como diferentes temas são levados ao grande público sugere um amplo repertório de visões sobre questões que se tornaram historicamente temas de interesse das criminologias.
Este volume apresenta o exercício empreendido por nós e por pesquisadores( as) parceiros(as) do grupo Política Criminal, de desafiar os limites da escrita acadêmica pelo diálogo sobre as manifestações artísticas cinematográficas. Cuidamos, neste volume, da punição, mais especificamente, das semânticas do castigo. Os discursos criminológicos contemporâneos não se ocupam exclusivamente da punição institucionalizada, e sim do sofrimento de todos os dias, dos castigos autoimpostos, de suas peculiaridades, consequências e formas de constituir os mundos em que transitamos, sejam eles reais ou ficcionais. Em uma leitura fenomenológica, devemos considerar que a experiência do castigo recomenda ir além do visível e explicitado. Pensar as semânticas do castigo supõe levar em conta extenso repertório de práticas e atitudes construídas a partir do compartilhamento de sentidos atribuídos a rituais, contextos sociais e instituições. Supõe considerar o castigo como categoria plural, com variações locais relevantes, nem sempre de fácil cognição ou descrição. Abrir-se a esse caleidoscópio de imagens e discursos é um convite que fazemos a quem nos acompanha nesta viagem pelos cinemas e pelas criminologias.

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Luchando por inclusión: Perspectiva de género y estudios de las mujeres en las universidades y en la enseñanza del Derecho en Puerto Rico

Yanira Reyes Gil
2014

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Sobre la reacción a las disidencias: Políticas de criminalización en tiempos de such is life

Yanira Reyes Gil
2012

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Constitucionalismo y derechos lingüísticos en América Latina: una discusión preliminar

Francisca Pou Giménez
2012 | Libraria

Como es sabido, uno de los rasgos característicos de las constituciones latinoamericanas tras la tercera ola democratizadora es el reconocimiento del pluralismo cultural. La región ha dejado atrás lo que Raquel Yrigoyen llama el horizonte del “constitucionalismo liberal asimilacionista” propio del siglo XIX y el horizonte del “constitucionalismo social integracionista” propio del siglo XX y ha acogido textos desde los que se vislumbra el “constitucionalismo pluralista” propio del siglo XXI, marcado por el reconocimiento del variado trasfondo cultural de las poblaciones de nuestros países y por la voluntad de incorporar derechos y otras protecciones para los pueblos indígenas.

Estas previsiones constitucionales incluyen típicamente el derecho a usar y transmitir las lenguas históricas —las cuales, en ocasiones, son declaradas oficiales o cooficiales en parte del territorio estatal—. La Constitución de Bolivia, por ejemplo, declara oficiales 36 lenguas indígenas junto con el castellano y establece que los poderes públicos deben usar al menos dos de ellas —el castellano y otra que debe fijarse teniendo en cuenta una serie compleja de factores—. La Constitución mexicana —por citar un texto que ocuparía un lugar mucho más modesto en el “continuo” del reconocimiento constitucional del multilingüismo— dispone que los pueblos y las comunidades indígenas tienen autonomía para “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad” e insta a las autoridades federales y locales a que, en conjunción con ellos, incrementen los niveles de escolaridad “favoreciendo la educación bilingüe e intercultural”.

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El problemático reconocimiento de la Corte Suprema Argentina de la Escuela Pública como espacio religioso

Laura Saldivia Menajovsky
2019

Se cuestiona la decisión de la Corte Suprema Argentina en el caso “Castillo” sobre educación religiosa en la escuela pública. El tribunal supremo declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación que establecía que la enseñanza religiosa integraba los planes de estudio, que debía impartirse dentro de los horarios de clase y que sus contenidos y habilitación docente requerían el aval de la respectiva autoridad religiosa. El Máximo Tribunal utilizó argumentos incorrectos para fundar su decisión. En primer lugar, se cuestiona la interpretación que realiza la Corte del artículo 2 de la Constitución ya que desconoce la reforma
constitucional de 1994. En segundo lugar, se cuestiona que la Corte no haya discutido sobre el derecho a la educación religiosa de niñes en los términos de la Convención de los Derechos del Niño que integra la Constitución Argentina. Se concluye que el tratamiento limitado de las esas dos cuestiones condujo a la Corte por un lado, a convalidar la enseñanza religiosa en el establecimiento público fuera del horario escolar y, por el otro a avalar el artículo 49 de la Constitución provincial que establece que les xadres tienen derecho a que sus hijes reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones, todo ello en flagrante violación de la Constitución Nacional.

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Libro

El activismo religioso conservador en Latinoamérica

Juan Marco, comp. Vaggione
2010 | Católicas por el Derecho a Decidir Argentina

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Jurisprudencia sobre el derecho a la educación en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos

Beatriz May Ling Ramírez Huaroto
2011 | Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer

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Libro

Derecho al derecho: Intersticios y grietas del poder judicial en Puerto Rico

Érika Fontánez Torres, Hiram Meléndez Juarbe
2012 | Editora Educación Emergente

Derecho al derecho: intersticios y grietas del poder judicial en Puerto Rico es una invitación audaz al diálogo sobre lo jurídico y a la participación activa de la ciudadanía en ese esfuerzo. El sistema judicial en Puerto Rico ha sido secuestrado, nos advierte. Es preciso rescatarlo de la del contubernio político-partidista y traerlo a la esfera del debate público crítico. Es urgente que cada persona ejerza su ciudadanía en la esfera del poder judicial no solo reclamando cuentas y exigiendo decisiones razonadas y ponderadas, sino siendo sujetos de la esfera judicial dialógica que es posible en las mejores democracias.
El espacio digital (www.derechoalderecho.org) y las comunidades que propicia son el pretexto para una apuesta por la construcción de la esfera jurídica en Puerto Rico desde todas las esquinas. La Rama Judicial –compuesta por abogadas/os y juezas/ces en su mayoría– debe estar atenta a la ciudadanía y a la academia jurídica para poder descargar sus gestiones responsable y justamente. Pero, sobre todo, para ajustarse a la vanguardia de los tiempos y traslucir su voluntad por un mejor país.
Érika e Hiram se dan a la tarea de iniciar estos diálogos –en la mejor tradición socrática–, sin dejar a nadie fuera de la convocatoria. Esta tertulia es para los oponentes y para los simpatizantes del estado actual del poder judicial en el país. Es para los estudiantes y los profesores. Es para el experto y el aficionado del Derecho. Es para ti, lectora y lector que reclamas una ciudadanía participativa todos los días.
Derecho al derecho… es una apuesta por la democratización radical de lo jurídico y, a la vez, es una crítica aguda y firme sobre la realidad actual del poder judicial, tan distante del ideal al que se aspira. El punto final, es el comienzo de una historia contemporánea del derecho en nuestro entorno jurídico y un punto suspensivo en espera de otros diálogos por venir.

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Libro

Ambigüedad y derecho: Ensayos de crítica jurídica

Érika Fontánez Torres
2014 | Editora Educación Emergente

Ambigüedad y Derecho es un conjunto de valiosas reflexiones críticas sobre el quehacer jurídico en general y sobre el propio quehacer de la autora como operadora, académica e intelectual del Derecho. Érika Fontánez Torres, quien se ha enfrentado al fenómeno jurídico durante más de una década, muestra a cada paso las conexiones entre el análisis teórico, que domina con destreza, y las múltiples experiencias históricas que le sirven de sustento: la lucha contra la presencia de la Marina en Vieques, los rescates de terreno, las huelgas estudiantiles y las controversias ambientales, entre muchas otras. Este libro constituye una contribución sustancial a la literatura jurídica puertorriqueña que habrá de conversar con soltura en ámbitos más extendidos.

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Participación política de las mujeres en Chile y sus oportunidades, en la percepción de estudiantes de primer año de universidad. El caso de la Universidad de Concepción

Amaya Álvez Marín, Cecilia Bustos Ibarra, Ximena Andrea Gauché Marchetti, Carlos Muñoz Labraña
2016

Esta investigación da cuenta de algunas concepciones y actitudes que posee el estudiantado de carreras de las áreas de educación, ciencias sociales y ciencias jurídicas de la Universidad de Concepción, sobre algu-nos aspectos vinculados a la participación política de las mujeres en Chile. Ello se ha obtenido a partir de los resultados de una encuesta aplicada a estudiantes de primer año. Tales resultados demostraron que al iniciar sus estudios universitarios valoran positivamente la consagración formal de la participación política de las mujeres, consideran un deber del Estado ga-rantizar la igualdad de oportunidades y manifiestan desconfianza en los partidos políticos y en el Congreso Nacional. Sin embargo, a la hora de las oportunidades, la confianza tiende a ser mayor en los hombres para deposi-tar responsabilidades de carácter político, lo que introduce la necesidad de avanzar desde la formalidad del buen discurso sobre igualdad a la acción práctica en política.

This research gives an account of several views and attitudes held by students in the areas of Education, Social Sciences, and Legal Sciences at the University of Concepción, related to the participation of women in politics in Chile. The results obtained from a survey given to first year stu-dents show that at the beginning of their university studies, students value the participation of women in politics, believe the State has a duty to ensure equal opportunities, and express distrust in political parties as well as the Chilean National Congress. However, in practice, men are more often en-trusted with political responsibilities, highlighting the need to move away from a formal discourse of equality and towards practical action in politics.

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Artículo

Pensando en los cambios a la educación en Chile desde el paradigma internacional de la Educación en Derechos Humanos

Ximena Andrea Gauché Marchetti
2012

El presente artículo busca presentar en qué consiste la “educación en derechos humanos”, que sería conveniente por lo menos tomar en cuenta al empezar a re –construir el derecho fundamental a la educación en Chile con miras al tercer centenario y los próximos cien años de derecho público en el país. Para ello se presenta el contenido que tiene esta idea de la “educación en derechos humanos” y su reconocimiento en la institucionalidad internacional, mostrando los dos desarrollos concretos mencionados. Antes en todo caso, el tema se introduce desde los problemas de justiciabilidad que enfrentan los derechos económicos, sociales y culturales y el reconocimiento normativo que tiene el derecho a la educación en el ámbito del Derecho Internacional, en cuanto disciplina que guía este trabajo.

This article aims to present the “human rights education”, which could be appropriate to take into account when starting to re –build the fundamental right to education in Chile with a view to the third centenary and the next one –hundred years of public law in the country. Here we present the content of this idea of “human rights education” and its recognition in the international system, showing the two specific developments mentioned. earlier in any case, the topic is introduced from the problems faced justiciability of economic, social and cultural rights and the recognition policy that has the right to education in the field of international law, as a discipline that guides this paper.

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Documento

Asegurando el acceso a la educación inclusiva a través del acceso a la información pública

Mercedes Cavallo, Sofía Minieri
2013 | Asociación por los derechos civiles

Este documento presenta los resultados de una investigación llevada a cabo por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entre mayo de 2011 y mayo de 2012, en el marco del proyecto “Asegurando el Acceso a la Educación Inclusiva a través del Acceso a la Información Pública”. A la hora de desarrollar este proyecto, ADC se propuso: a) Analizar el contenido y alcance de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), entre otros instrumentos internacionales vinculados a las personas con discapacidad. b) Monitorear la implementación de la CDPD en materia de educación de las personas con discapacidad por parte de las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, a través del análisis del marco normativo que rige el sistema educativo nacional y provincial y las políticas educativas desarrolladas por las autoridades de ambas jurisdicciones. c) Investigar e identificar posibles falencias en materia de producción y acceso a información pública relevante sobre la materia, y realizar recomendaciones para eliminar estos problemas. d) Sugerir estrategias para eliminar las barreras que impiden quelas personas con discapacidad puedan acceder a una educación inclusiva.
Para alcanzar estas metas, ADC implementó un plan de trabajo en tres etapas. En un primer momento, se relevó la bibliografía existente en relación a la forma en que las sociedades y los Estados han percibido y valorado a la discapacidad a lo largo de los años. Este relevamiento nos permitió identificar cuatro modelos de discapacidad: el modelo tradicional, el modelo rehabilitador, el modelo social y el modelo de derechos humanos. Asimismo, analizamos el marco normativo inter-nacional (tratados, normas de derecho consuetudinario, etc.) vinculado a las personas con discapacidad y las resoluciones y recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de los Derechos del Niño, entre otros órganos de derechos humanos. Con el objetivo de comprender mejor tanto los modelos de discapacidad como el marco normativo internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, también entrevistamos a personas con discapacidad y a miembros de organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover los derechos de este grupo. Al incorporar la visión de las personas con discapacidad sobre la temática no sólo buscamos comprender mejor sus necesidades e intereses sino que, además, aspiramos a honrar el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros”
2 No obstante, “debe señalarse que el propio colectivo de personas con discapacidad es internamente heterogéneo. Esta característica impone lógicas de acción, prioridades y particularidades que permean no sólo el accionar de la sociedad civil sino también el de los organismos del estado que se vinculan con mayor nivel de inmediatez con esos sectores del colectivo general y que, en consecuencia, generan una sumatoria de respuestas de políticas también parciales y heterogéneas”
3 .En una segunda etapa, nos abocamos a monitorear el cumplimiento del artículo 24 de la CDPD, entre otras normas de la misma convención, por parte del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires. Con ese fin, identificamos y analizamos el marco normativo que regula el sistema educativo en ambas jurisdicciones (i.e. la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, leyes, decretos y resoluciones) y las políticas educativas implementadas a nivel nacional y provincial con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Además, entrevistamos a las autoridades gubernamentales encargadas del diseño y la implementación de estas políticas, maestros, académicos, representantes de organizaciones de padres y autoridades de organizaciones no gubernamentales que promueven el derecho a la educación de las personas con discapacidad. En esta segunda etapa también identificamos y analizamos las herramientas utilizadas por las autoridades educativas nacionales y provinciales para producir información relevante sobre la educación de las personas con discapacidad, y entrevistamos alas autoridades gubernamentales encargadas de su diseño e implementación. Con el objetivo de identificar la información pública disponible en materia de educación de las personas con discapacidad, también relevamos y estudiamos materiales de divulgación y reportes elaborados por las autoridades nacionales y provinciales. A través de este relevamiento, pudimos comprobar que muchos datos que considerábamos relevantes para la elaboración de este informe no estaban disponibles en los documentos consultados. En consecuencia, realizamos más de 20 pedidos de acceso a información pública, a través de los cuales planteamos más de 60 preguntas a distintos organismos públicos nacionales y provinciales. Dada la falta de respuesta a muchos de estos pedidos, iniciamos acciones de amparo contra diversos organismos provinciales. El objetivo de estas acciones es tener acceso a aquella información que consideramos crucial para que la sociedad civil pueda tener algún tipo de control y monitoreo sobre el accionar del Estado provincial en materia de educación inclusiva. La tercera y última parte de la investigación consistió en evaluar los resultados obtenidos a la luz de los principios es-tablecidos en la CDPD y su Protocolo Facultativo, para así proceder a la redacción del presente informe. Este análisis nos permitió determinar que, pese a que tanto la Ley de Educación Nacional 26.206 como la Ley de Educación Provincial 13.688receptan el principio de inclusión educativa, muchos de los 79.000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad que viven en la provincia de Buenos Aires encuentran una gran cantidad de barreras que les impiden ejercer su derecho a una educación inclusiva. Es nuestro interés que el presente trabajo constituya un aporte a los esfuerzos que han realizado y realizan tanto las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de las personas con discapacidad como las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires para promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad

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Artículo

Des-pensar la educación jurídica: Reformismo y Democracia como desafíos

María Valeria Berros, Violeta Canaves, Rafael Colombo, Federico Crisalle, Guillermo Moro
2008

Reformismo y democracia son dos procesos cuya convergencia excede la cronología de los aniversarios, en tanto ambos trasuntan un espíritu común emancipador. Tomando como base los escritos y reivindicaciones reformistas, así como algunos pilares democráticos básicos (en términos de una democracia concebida como diálogo, como gobierno del pueblo y como respeto de las diferencias), en este trabajo indagamos en qué medida el modelo de enseñanza jurídica vigente contribuye u obstaculiza la realización efectiva de aquel espíritu emancipador. En ese sentido, proponemos enfocar la democracia y el reformismo no sólo como grandes conquistas del pasado que merecen ser ampliamente celebradas, sino también como desafíos urgentes para nuestro presente y futuro. El análisis se presenta como un intento de “despensamiento” (Boaventura de Sousa Santos), rechazando la naturalización de las prácticas existentes y resaltando su contingencia, en pos de generar un campo propicio para la imaginación de alternativas. Se estructura en base a cinco ejes, abocados respectivamente a las siguientes problemáticas: el silencio en las aulas, la pretensión de una enseñanza científica del Derecho, el modelo de democracia presupuesto en la formación de “abogados para la democracia”,el estudio del Derecho como dimensión interna en la lucha por la transformación social y el respeto de las diferencias en las prácticas de enseñanza y recepción de conocimientos.

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Libro electrónico / e-book

Perspectivas de género en la educación superior: una mirada latinoamericana

Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Lina Fernanda Buchely Ibarra
2020 | Red ALAS

Los últimos años han sido el escenario de feroces denuncias sobre la violencia sexual. La revista Time reconoció al movimiento #MeToo como personaje del año 2017 por su impacto en redes sociales y su capacidad para desestabilizar los mercados laborales en los Estados Unidos. Las actrices de Hollywood se vistieron de negro en la ceremonia de los Globos de Oro en enero del 2018 para denunciar el acoso sexual en sus trabajos. Las actrices francesas, a su vez, consideraron las quejas sobre acoso, abuso y consentimiento en el cine gringo como un ademán puritano y conservador, y reivindicaron a la mujer como agente de deseo. Las periodistas colombianas y argentinas se sumaron a la movilización y denunciaron acosos múltiples dentro de los medios de comunicación, donde varias de ellas habían recibido ofertas de trabajo o ascensos a cambio de sexo. Este libro es un primer esfuerzo por sistematizar las reacciones que se han dado en latinoamérica en los últimos cinco años a partir de las movilizaciones estudiantiles en contra el acoso sexual y la violencia de género en el contexto universitario.

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Libro

Embarazo adolescente: Entre la política y los derechos


2013 | Universidad de los Andes

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Cartografía de derechos trans en Chile

OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

El panorama actual de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en Chile es complejo. Existe un poder ejecutivo con voluntad política para promover la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, y que se encuentra en proceso de generar una conciencia política nacional que sustente una transformación institucional duradera. Varios legisladores conservadores, influenciados en gran medida por la iglesia católica, que se resisten a reconsiderar –desde la perspectiva de los derechos humanos– asuntos como el aborto y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Y algunos legisladores más progresistas que se apoyan en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para promover las iniciativas en pro de la población LGBTI. De forma paralela, se han formado y organizado organizaciones civiles LGBTI en Chile para generar cambios culturales, desmontar estereotipos y presionar por el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Estas organizaciones también han desempeñado un papel importante al hacer que su causa sea pública, identificar y exigir soluciones, y monitorear la consecución, garantía e implementación de los derechos LGBTI.Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de OutRight Action International, en colaboración con la Fundación TranSítar en relación con el respeto de los derechos de las per-sonas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas chilenas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y también considera la situación de las personas trans que se encuentran en prisión. El informe concluye con una serie de recomendaciones para las au-toridades chilenas que tienen como f in ga-rantizar un mayor respeto por estos derechos de las personas trans. El informe muestra que Chile goza de un marco de derechos humanos razonablemente robusto; el país ha ratificado los principales tratados y convenciones sobre derechos humanos, y la Constitución, que es imperfecta, junto con la Ley Antidiscriminación, que tiene falencias, contienen protecciones a los derechos humanos. A medida que el concepto del derecho humano al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– gana impulso a nivel internacional, el gobierno chileno está apoyando un proyecto de ley sobre identidad de género. Si este proyecto se convierte en ley, garantizará que la identi-dad de género se reconozca como un derecho humano3, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans y las protegerá de la discriminación. En la actualidad, un in-dividuo que desee cambiar su nombre registrado debe presentar una petición en un tribunal civil junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que demuestren tratamientos quirúrgicos o farmacológicos. Si bien la Constitución chilena garantiza el acceso libre e igualitario a los servicios de salud, y se han desarrollado las políticas nacionales de salud “Circular 21” y “Vía Clínica” con el fin de regular la atención médica para las personas trans, estas personas no han sido consultadas apropiada-mente y las políticas tienen serias falencias. Estas políticas fusionan las necesidades de salud de las personas transgénero con la atención por VIH/SIDA, y patologizan la identidad transgénero, al mismo tiempo que los recursos para suministrar acceso a procedimientos médicos de transición y de afirmación de género son insuficientes. La Constitución chilena garantiza el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, pero para las personas trans la discriminación en el sistema educativo es continua y comienza desde muy temprano. Sin embargo, los activistas trans han conseguido capacitar y generar conciencia entre profesores, estudiantes y administradores escolares sobre la identidad de género, y algunos colegios, como el Colegio El Trigal-Maipú, están liderando en camino para la inclusión de personas transgénero. Con respecto al derecho al trabajo, la situación de los derechos laborales de las personas trans está caracterizada por la ausencia de políticas públicas, una falta de compromiso por parte de los propietarios de empresas a ofrecer trabajo a personas trans, la carencia de una institución pública que capacite a personas trans y promueva la formación profesional, el abuso por parte de empleadores, y la inexistencia de regulaciones que garanticen seguridad laboral. Por último, las personas trans que se encuentran detenidas reciben un trato que infringe los principios internacionales sobre el trato a prisioneros, y que incluso puede constituir una violación de la prohibición al maltrato.

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Cartografía de derechos trans en Costa Rica

Mulabi Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, OutRight Action International
2016 | OutRight Action International

Este breve informe presenta los hallazgos investigativos de Mulabi y OutRight Action International en relación con el marco legislativo y de políticas públicas que protege los derechos de las personas transgénero en Costa Rica. El informe proporciona información actualizada sobre el marco que se está desarrollando en torno a los derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud que tienen las personas trans, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades de Costa Rica que tienen como fin garantizar un mayor respeto por estos derechos en la legislación, las políticas y la práctica. El informe muestra que si bien Costa Rica ha ratificado los principales tratados y convencio-nes internacionales sobre derechos humanos, y la Constitución del país incluye importantes protecciones a los derechos humanos, todavía hay mucho que mejorar en cuanto al desarrollo e implementación de un marco legislativo y de políticas públicas que proteja los derechos humanos de las personas transgénero. El gobierno promulgó un importante decreto ejecutivo para eliminar la discriminación contra la población “sexualmente diversa”, pero su implementación por parte de las instituciones ejecutivas ha sido lenta. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. El derecho al reconocimiento legal de género –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género– aún no ha sido reconocido en la legislación, en las políticas ni en la práctica. A pesar de que ha habido algunos avances positivos en cuanto a los documentos de iden-tidad, gracias a un “reglamento de fotografía” que permite a las personas trans conciliar la imagen que aparece en su documento de iden-tidad con la imagen que tienen de sí mismas, todavía parece haber confusión a nivel oficial con respecto a la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil exigen nada menos que una ley que garantice el pleno reconocimiento legal de género. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), han elaborado algunas directrices que buscan evitar la discriminación en el sistema educativo, incluyendo la discriminación basada en identidad de género. Esta orientación –junto con las nuevas políticas adoptadas por varias instituciones educativas costarricenses– debería ayudar a facilitar el goce del derecho a la educación por parte de las personas trans, pero el desafío será garantizar que estas directrices funcionen en la práctica. Con respecto al derecho al trabajo, y si bien el Código de Trabajo de Costa Rica prohíbe la discriminación, la identidad de género no es un motivo de discriminación que se mencio-ne específicamente, y no hay políticas para promover el empleo de las personas trans. A pesar del amplio marco legislativo y de políticas que defiende el derecho de las personas trans a la salud, incluyendo la Política Nacional de Sexualidad, la comunidad trans aún enfrenta problemas culturales y estructurales en el sistema médico, en especial con respecto a la transición. Aún es necesario realizar mucho más trabajo para garantizar que las personas trans reciban el apoyo adecuado cuando se trata de las necesidades generales de salud y los procesos físicos y mentales involucrados en la transición. Esto al tiempo que las orga-nizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se realice una distinción entre los cuidados generales por VIH, por un lado, y políticas integrales de asistencia médica para las personas trans por el otro.

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Cartografía de derechos trans en Colombia

Aquelarre Trans, OutRight Action International, PAIIS
2016 | OutRight Action International

Este breve informe presenta los hallazgos investigativos del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), de Aquelarre Trans y de OutRight Action International, en relación con el respeto de los derechos de las personas transgénero en la legislación, las políticas y las prácticas colombianas. El informe considera la situación de las personas trans en términos de sus derechos al reconocimiento legal de género, a la educación, al trabajo y a la salud, y concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades colombianas que tienen como fin de garantizar un mayor respeto por estos derechos. El informe muestra que Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. A través de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha protegido los intereses de las personas trans, ha establecido la identidad de género como un criterio sospechoso de discriminación, y ha ampliado el derecho al libre desarrollo de la personalidad para incluir el derecho a elegir la identidad propia. Sin embargo, como lo demuestra este informe, en la práctica la realidad es diferente. A pesar del hecho de que la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia para proteger a las personas trans de la discriminación, la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género continúa existiendo. Los derechos de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales Colombia tiene un marco robusto de derechos humanos, incluyendo una Constitución progresiva. ...Sin embargo...en la práctica la realidad es diferente y transgéneros (LGTB) en Colombia no están garantizados debido a la facultad discrecional de las autoridades judiciales y administrativas, que a menudo anteponen sus opiniones prejuiciosas a la hora de hacer cumplir la ley, o desconocen las necesidades y derechos de estas comunidades. El derecho al reconocimiento legal degénero –según el cual todo el mundo tiene el derecho a que se le reconozca legalmente su identidad de género elegida– ha ganado impulso recientemente el Colombia. Hasta hace poco, era muy difícil que una persona pudiera cambiar el sexo de su registro civil. Pero dos sentencias de la Corte Constitucional en 2015 cambiaron esto y, con la participación de organizaciones de personas trans, los Ministerios del Interior y de Justicia expidieron un nuevo decreto que permite el cambio de sexo en los documentos de identidad para mayores de 18 años con la simple declaración de voluntad de la persona. No obstante, y a pesar de estos avances legales positivos, varios obstáculos –incluyendo los enfoques impredecibles de los tribunales inferiores y los notarios– obstruyen el pleno goce del derecho al reconocimiento legal de género de las personas trans y, a su vez, los derechos asociados, incluyendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A esto se suman los problemas que existen para los hombres trans debido a la libreta militar. En el área de la educación, y a pesar de fuertes sentencias de la Corte Constitucional que defienden los derechos de las personas trans para acceder a la educación, la comunidad trans enfrenta múltiples problemas. Estos problemas incluyen la discriminación reforzada por una falta de comprensión sobre la orientación sexual e identidad de género, y la incapacidad de lidiar con la transfobia y el acoso, lo que ha convertido a algunas instituciones educativas en ambientes hostiles para las personas trans. El derecho de las personas trans a tener un trabajo decente y productivo se ve socavado por la discriminación, por barreras legales y administrativas, incluyendo los problemas causados por la libreta militar, y por el hecho de que algunas profesiones se han “transexualizado”, lo que quiere decir que las personas trans en la práctica están limitadas a trabajos específicos de baja remuneración y a menudo ingresan al mercado laboral mediante el trabajo sexual. A pesar del hecho de que el derecho a la salud en Colombia se ha desarrollado signi-ficativamente, con más sentencias fuertes de la Corte Constitucional, una gran proporción de la comunidad trans en Colombia ha sido víctima de discriminación por parte del Estado y de actores privados. Mientras que el Decreto 1227 permite la rectificación del sexo en los documentos de identidad, el sistema de salud aún no permite a las personas trans acceder a transformaciones corporales ni a tratamientos hormonales sin primero someterlas un proceso de patologización.

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Artículo

¿Todos a la escuela?

Tatiana Alfonso Sierra
2014

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Capítulo de libro

Programas educativos y laborales en cárceles de mujeres

Julieta Di Corleto
2009 | CIEPP - Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas

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Libro

Informe sobre Género y Derechos Humanos en Argentina. Vigencia y respeto de los Derechos de las Mujeres (2005-2008)

Natalia Gherardi
2009 | ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

El Informe sobre Género y Derechos Humanos en la Argentina (2005-2008), es la segunda edición del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Argentina que realiza ela desde 2004. La publicación presenta información actualizada sobre la situación de las mujeres en la Argentina, la legislación vigente y las políticas públicas implementadas en el país durante el período 2005-2008, y analiza el grado de cumplimentación de los derechos humanos de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social, económica y política. El informe considera la participación de las mujeres en cargos públicos; el derecho al trabajo y la ocupación de las mujeres; la salud y sus derechos sexuales y reproductivos; la violencia contra las mujeres; el derecho a la educación; la autonomía de las mujeres y su situación dentro de las familias; y las migrantes y pueblos originarios de Argentina. El objetivo principal de este trabajo es aportar un nuevo elemento de diagnóstico que, junto con la sistematización de los datos presentados, permita dar cuenta de los avances alcanzados, así como de las omisiones y/o retrocesos del Estado frente a los compromisos asumidos en los distintos temas que afectan de manera particular a las mujeres y sus condiciones de vida, con el fin de orientar acciones para la promoción de sus derechos.

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Libro

Justicia, género y trabajo

Natalia Gherardi
2012 | Red ALAS

El siglo XX fue testigo de cambios fundamentales que tuvieron a las mujeres como sus grandes artífices. Partiendo de la subordinación legal en todos los ámbitos de la vida pública y privada, el siglo fue fructífero en la conquista de derechos políticos, con avances significativos puestos de manifiesto en la ampliación de la ciudadanía, en el reconocimiento de la igualdad de varones y mujeres en la organización de la vida familiar, en el acceso a la educación, al ejercicio de las profesiones y al empleo.

Justicia, género y trabajo aborda un conjunto de temas que atraviesan la problemática del empleo y del trabajo, aportando diversas miradas sobre el quehacer cotidiano de las mujeres en su contribución al desarrollo de la sociedad. Desde distintas perspectivas, los artículos incluidos en el volumen proponen una reflexión sobre las políticas y las regulaciones posibles para promover la participación plena de mujeres y varones en el empleo y en la responsabilidad social de las tareas de cuidado, en condiciones de igualdad.

La aspiración es que estas reflexiones puedan nutrir más y mejores políticas públicas, que finalmente logren empujar las fronteras de las regulaciones laborales para abarcar el trabajo en todas sus dimensiones, más allá del mercado.

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Documento

La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la educación: estudio de reglamentos escolares

Lidia Casas Becerra
| UNICEF

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